¿T-MEC o el nuevo imperialismo sindical?

En diciembre de 2019, fue ratificado por México el nuevo acuerdo que regula los intercambios comerciales entre nuestro país, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como T-MEC. Para febrero de 2020, el mismo fue promulgado por el Presidente de los Estados Unidos.

En el capítulo 23 de este acuerdo, dedicado al ámbito laboral, establece que las naciones deben de garantizar “la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva”. Con objeto de cumplir dicha disposición, el gobierno mexicano se comprometió a establecer leyes laborales que garanticen el derecho de los trabajadores a participar en actividades concertadas de negociación colectivas (ANEXO 23-A T-MEC).

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Los cambios implicaron reformas a la Ley Federal del Trabajo, particularmente en el Título Séptimo, capítulo II y III, en los cuales se establece la reglamentación relativa a los sindicatos y al Contrato Colectivo de Trabajo. Además de cumplir con estas disposiciones, se instruyó a los sindicatos mexicanos realizar procesos de legitimación de sus Contratos Colectivos de Trabajo en un periodo máximo de 4 años a partir de mayo de 2019.

Conflicto General Motors Silao, Guanajuato

Sin embargo, las nuevas disposiciones también establecieron un escenario propicio para que las confederaciones sindicales estadounidenses y canadienses, tengan condiciones para implementar medidas que violentan la autonomía de los sindicatos nacionales.

En este escenario nos encontramos con el conflicto en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, cuyo proceso de legitimación de Contrato Colectivo de Trabajo se ha visto violentado por el gobierno estadounidense. Organizaciones y gobiernos con intereses propios, han empleado las disposiciones del T-MEC como un mecanismo de intromisión en la vida interna del Sindicato “Miguel Trujillo López”.

Bajo esta lógica, en la segunda semana de mayo, el gobierno de Joe Biden solicitó al gobierno mexicano investigar el supuesto fraude de legitimación sindical en la planta de General Motors Silao. Cabe señalar que esa misma semana, la organización AFL-CIO (Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales) había solicitado al presidente americano establecer una querella sobre la violación a los derechos laborales de la planta de autopartes Tridonex, ubicada en Matamoros, Tamaulipas.

Los intereses de Napoleón Gómez Urrutia

Mientras que AFL-CIO ejerce su presión sobre el gobierno americano, su operador en México es el senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, con quien el líder de AFL-CIO, Richard Trumka, mantiene una relación cercana surgida durante el exilio por fraude, de Gómez Urrutia en Canadá. Además de favorecer a los intereses de esa organización norteamericana, Gómez Urrutia aprovecha el contexto para impulsar su propia agenda, que consiste en desarticular a los sindicatos de la CTM para impulsar sus propios sindicatos fieles a su liderazgo. En el caso de GM Silao, esto se da a través de la figura de Israel Cervantes y su organización “Generando Movimiento”.

Durante la jornada de legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo, Israel Cervantes, quien ya no labora en la planta, se infiltró con objeto de crear un clima de inestabilidad. Esa acción propició la anulación del proceso por parte de la Secretaría del Trabajo federal. De acuerdo con testimonios de los trabajadores, ese día también hicieron presencia las organizaciones de Gómez Urrutia y Pedro Haces. Posteriormente, la STPS canceló la votación y denunció al sindicato “Miguel Trujillo López” por supuestas violaciones a los derechos laborales.

Sin embargo, son ellos mismos quienes violan las disposiciones del T-MEC, que en su artículo 23.3 establece: “Las Partes reconocen que los trabajadores y los sindicatos deben poder ejercer los derechos establecidos en el Artículo 23.3 (Derechos Laborales) en un clima que esté libre de violencia, amenazas e intimidación”.

Consecuencias de esta intervención

Napoleón Gómez Urrutia promueve la agenda de los sindicatos estadounidenses quienes buscan regresar la inversión de las compañías automotrices a su propio territorio. De esta forma, muchas familias guanajuatenses se quedarían sin el trabajo que los ha mantenido a flote en medio de la crisis económica tan profunda por la que atraviesa el país.

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Autor: Manuel Ornelas.