El testimonio revela presuntas prácticas de coacción desde la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

El titular del despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C., declaró que “desde la Fiscalía estatal (Anticorrupción) le han presionado para acusar al exgobernador Corral de algún delito a cambio de dejarle en paz”, publicó El País.

• El despacho prestó los servicios para el refinanciamiento de la deuda pública entre 2019 y 2020 y su titular, José López Elías, fue acusado del delito de peculado, aunque no es ni ha sido servidor público, bajo el argumento de no haber realizado el servicio contratado con recursos federales a través de un fideicomiso.
• “En octubre de 2024, un despacho de Chihuahua, a través de sus abogados, me dice que la Fiscalía me está ofreciendo que yo los apoyara, que me declarara testigo protegido y que declarara contra el exgobernador; me dijeron que les diera en un sobre mi declaración, porque ellos querían ver qué iba a decir en contra de él”, relató el empresario en una entrevista telefónica con el periodista Zedryk Raziel.
• “Les dije: perdón, yo no tengo nada que declarar contra él, no lo conozco, no tengo tratos con él”, dijo.
• López Elías dijo a El País que las autoridades de Chihuahua no le permiten comparecer al juicio a distancia.

“Me siguen presionando para que yo me presente ante el juez de control. En el fondo, lo que quieren es seguirme presionando para obligarme a declarar en contra de los exfuncionarios del Estado”, dijo López Elías al periódico.

• El empresario se considera a sí mismo un “daño colateral” de la revancha política de Campos contra Corral, de acuerdo con el texto de Zedryk Raziel.
• “Soy una piedra en el zapato. No les interesa que yo les aporte las pruebas, porque verían que no hay delito”, de acuerdo con el reportaje.

Por qué es importante: El reportaje de El País exhibe la componenda del gobierno de María Eugenia Campos Galván y autoridades como el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, en la persecución política y fabricación de un delito contra Javier Corral.

• El empresario José López Elías, junto con el ex secretario de Hacienda, Arturo Fuentez Vélez y el ex gobernador Javier Corral, fueron acusados a partir de la manipulación de una auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado.
• El Auditor, Héctor Acosta Félix, realizó una primera auditoría en el proceso de refinanciamiento de la deuda pública en 2019 y no encontró ninguna irregularidad, pero por consigna de la gobernadora Campos Galván, practicó una segunda en la que supuestamente detectó que no se prestó el servicio por parte del despacho, al que se le pagaron 98.6 millones de pesos.

Contexto: El reportaje de El País también excibe el desacato en el que incurre las autoridades de Chihuahua, después de que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral.

• “El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, ha adelantado que no remitirá la carpeta de investigación a la FGR porque, asegura, la resolución judicial no le obliga a ello”, publicó El País.
• La defensa de Corral, encabezada por el abogado Javier Schütte, sostiene que la negativa de Valenzuela “es un desacato anunciado que podría tener consecuencias penales”.
• “Nos parece que pudiera obedecer a que esos expedientes que se niega a enviar, lejos de contener pruebas sobre el supuesto delito imputado, son más bien las pruebas de la fabricación de la que son culpables los funcionarios de Chihuahua, las pruebas de los delitos que ellos cometieron”, dijo a Zedryk Raziel en una entrevista.

Con información de Zona Free

La empresa destacó que la calidad de sus productos es resultado directo del origen controlado, la trazabilidad y el trabajo coordinado con comunidades productoras en diversas regiones del país.

Alpura informó que su cadena de valor continúa sustentándose en un modelo que integra procesos supervisados desde el campo hasta la mesa del consumidor. De acuerdo con la empresa, esta estructura permite garantizar la pureza de la leche y mantener prácticas que fortalecen la producción nacional. Representantes del sector señalaron que uno de los factores distintivos es la participación de miles de familias dedicadas a la actividad lechera, quienes aportan estabilidad y continuidad a la operación diaria.

La marca puntualizó que la trazabilidad se ha convertido en un elemento estratégico para asegurar confianza, ya que cada etapa de producción cuenta con controles específicos que permiten identificar su origen y verificar su calidad. Estos procesos, aseguraron, forman parte de un compromiso permanente con la industria y con los productores que han acompañado el crecimiento de la compañía.

En un contexto de exigencia regulatoria y mayor demanda de información por parte de los consumidores, Alpura reiteró que mantener la calidad no solo implica innovación técnica, sino también fortalecer la relación con las comunidades que integran su estructura productiva.

El panorama apunta a que la empresa continuará profundizando su presencia en el mercado mediante un modelo basado en origen, transparencia y cercanía con las familias productoras, factores que se mantienen como su principal respaldo.

• El periodo de gracia llega a revisión como parte de un modelo que apuesta por certeza, continuidad y legalidad.

La política de fortalecimiento jurídico y modernización del sistema marcario que Santiago Nieto ha encabezado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tendrá un momento decisivo el próximo 4 de diciembre, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice el amparo directo en revisión 7274/2024. La resolución podría consolidar uno de los ejes centrales de su administración: la defensa efectiva de los derechos de propiedad industrial como herramienta para el desarrollo económico del país.

El caso gira en torno al “periodo de gracia”, los seis meses que la legislación mexicana otorga a los titulares de marcas para renovar su registro una vez vencido el plazo original. Este mecanismo, lejos de ser una concesión extraordinaria, deriva de compromisos internacionales que México asumió al integrarse al Protocolo de Madrid y al Convenio de París. Su objetivo es garantizar certeza, continuidad y estabilidad para quienes protegen legalmente sus signos distintivos, una prioridad que el IMPI ha reforzado bajo la gestión de Nieto.

La propuesta que será discutida por el Pleno fue elaborada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, experta en tratados internacionales. Su proyecto sostiene que el periodo de gracia es plenamente constitucional, pues evita que los titulares de marcas pierdan derechos por retrasos administrativos y bloquea intentos de apropiación indebida por parte de terceros. El planteamiento coincide con la visión que el IMPI ha promovido: reglas claras, protección sólida y un marco jurídico alineado con los estándares globales.

Especialistas en propiedad intelectual señalan que la revisión llega en un momento crucial para México y representa un respaldo indirecto al trabajo de Santiago Nieto, quien ha fortalecido la vigilancia marcaria y el combate a la piratería. La posible ratificación constitucional del periodo de gracia sería un aval a la política institucional que ha buscado convertir al IMPI en un organismo moderno, confiable y competitivo internacionalmente.

Un fallo adverso, en contraste, podría generar incertidumbre y debilitar la protección de miles de marcas. Sin embargo, analistas coinciden en que el proyecto de la ministra Ortiz se alinea con la tendencia global y con las reformas de profesionalización que Nieto ha impulsado desde su llegada al IMPI.

La decisión de la Suprema Corte no solo resolverá una controversia legal, sino que también pondrá en perspectiva el avance institucional alcanzado en materia de propiedad industrial.

Para el IMPI, y particularmente para la gestión de Santiago Nieto, este caso representa un punto de consolidación en la construcción de un sistema marcario más sólido, transparente y confiable para empresas, emprendedores y titulares de derechos en todo el país.