Trabajadores aseguran que las imágenes donde una integrante del sindicato insulta y amenaza a empleados evidencian el estilo autoritario que ha generado rechazo en diversas empresas.

La difusión de un video en redes sociales ha vuelto a colocar en el centro de la polémica al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), luego de que en la grabación se observe a una integrante del sindicato agrediendo verbalmente a trabajadores.

En el material, que se ha compartido ampliamente en distintos grupos laborales, se escucha a la mujer utilizar lenguaje ofensivo mientras asegura que “SINTTIA manda” y que quienes pertenecen al sindicato deben alinearse a sus decisiones. Incluso llega a afirmar que dentro de la organización nadie tiene derecho a cuestionar las indicaciones.

Las imágenes han causado molestia entre trabajadores de varias plantas, quienes consideran que este tipo de actitudes muestran un estilo de liderazgo basado en la imposición y no en la representación sindical.

Para muchos empleados, el video confirma una percepción que desde hace tiempo circula entre el sector laboral: que el sindicato utiliza presiones y confrontaciones para ganar terreno dentro de las empresas.

Además del episodio mostrado en el video, trabajadores han señalado otros factores que han deteriorado la imagen del sindicato. Entre ellos mencionan denuncias sobre el uso de cuotas sindicales, así como campañas en las que, según afirman, se busca atraer afiliados mediante regalos y promesas de beneficios.

Este desgaste ha provocado que en algunas plantas los empleados opten por no respaldar a la organización. Ejemplos recientes se han visto en General Motors San Luis Potosí y en Yazaki, donde los trabajadores decidieron no darle oportunidad de obtener representación sindical.

Para diversos empleados, el video viral no es un hecho aislado, sino una muestra de prácticas que, aseguran, explican por qué el sindicato enfrenta cada vez más rechazo en distintas empresas del sector automotriz.

El retiro posterior de sellos por parte de El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no fue acompañado de una explicación pública detallada.

Especialistas señalan que El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no acreditaron competencia territorial al intervenir en Morelos.

La actuación encabezada por Luis Abelardo Valenzuela Holguín, conocido como El Bayo, y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua incluyó la colocación de sellos en un inmueble federal fuera de su jurisdicción.
 Lo que ocurrió con el Centro Cultural Pedro López Elías, en Tepoztlán, Morelos, marca un punto de quiebre en la historia reciente del uso del poder penal en México.

• Por primera vez, una fiscalía estatal utilizó una biblioteca y centro cultural como instrumento de presión política, ejecutando un embargo fuera de su jurisdicción y luego retirándose en silencio cuando la ilegalidad quedó al descubierto.
• En octubre de 2025, agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, arribaron a un inmueble que no pertenece a Chihuahua, no está en Chihuahua y no forma parte de ninguna investigación penal en Morelos, para colocar sellos de aseguramiento.
• El objetivo no era la justicia: era castigar al fundador del Centro, quien había denunciado redes de corrupción dentro del propio sistema de procuración de justicia en Chihuahua.
• Una operación jurídicamente insostenible: De acuerdo con especialistas en derecho constitucional y penal, el acto presenta múltiples irregularidades graves:
• Violación al principio de territorialidad: Una fiscalía estatal no puede ejecutar actos de autoridad en otro estado sin cooperación formal ni mandato judicial federal.
• Inexistencia de vínculo penal del inmueble: El Centro Cultural no estaba relacionado con ningún delito. No era cuerpo del delito ni instrumento ni producto de actividad ilícita.
• Violación al régimen de bienes culturales: Al tratarse de una biblioteca y espacio de acceso público, el inmueble goza de una protección reforzada por leyes culturales y derechos humanos.

• Pese a todo ello, los sellos fueron colocados con un despliegue mediático calculado, presentando al centro como parte de una supuesta operación anticorrupción.

El silencio que delató el abuso: Pero semanas después ocurrió algo que cambió por completo el caso, los sellos fueron retirados en secreto. No hubo:

• Boletines oficiales
• Actas públicas
• Explicación jurídica
• Notificación a autoridades culturales
• Rendición de cuentas
• La fiscalía que había hecho tanto ruido al asegurar el inmueble, optó por desaparecer el acto como si nunca hubiera ocurrido.

Para expertos, este patrón es típico de una operación fallida de persecución:

• “Se actúa con estruendo para intimidar y dañar reputaciones. Cuando la ilegalidad se vuelve evidente, se retrocede en silencio para evitar responsabilidades”.

Morelos, del Estado Soberano al territorio sin ley: Tan grave como el abuso de la Fiscalía de Chihuahua fue la pasividad del Gobierno de Morelos. Durante días y semanas, ninguna autoridad estatal:

• Cuestionó la competencia de Chihuahua.
• Defendió la soberanía de su territorio.
• Protegió un bien cultural de acceso público.
• Exigió documentación judicial.

La omisión permitió que una fiscalía ajena operara como si Morelos fuera tierra de nadie. Funcionarios del sector cultural consultados señalan que esta inacción equivale a complicidad institucional:

• “Cuando el Estado no protege una biblioteca frente a un abuso, está renunciando a su deber constitucional”.

Una biblioteca como rehén: En los hechos, el Centro Cultural Pedro López Elías fue utilizado como rehén político.

• No importaba su función educativa, social o comunitaria: era un bien valioso que podía ser golpeado para enviar un mensaje.

El mensaje fue claro: “Si denuncias corrupción, te quitamos lo que más te importa”.

• Ese es el verdadero significado del embargo y de su posterior desaparición.

Un precedente peligroso: Juristas advierten que si este caso queda impune, se habrá creado un precedente devastador:

• “Cualquier fiscal podrá ir a otro estado, tomar una universidad, una biblioteca o un museo, y luego retirarse sin consecuencias”.
• Lo ocurrido en Tepoztlán ya no es un pleito legal, es una prueba de si México sigue siendo una república federal o si ha comenzado a tolerar feudos judiciales.

Abandonos internos, señalamientos por cuotas y falta de transparencia profundizan la crisis del sindicato

El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) atraviesa una de las etapas más críticas desde su fundación. En Guanajuato, la organización comienza a mostrar un debilitamiento evidente, marcado por la salida de figuras clave, el desgaste de su imagen pública y una creciente desconfianza entre trabajadores que alguna vez vieron en el proyecto una alternativa sindical.

Uno de los primeros golpes internos fue la salida de Israel Cervantes, considerado uno de los iniciadores del sindicato y pieza importante en su nacimiento. Cervantes decidió abandonar SINTTIA tras detectar prácticas que, según su postura, se alejaron del propósito original del movimiento sindical y se encaminaron hacia la opacidad y el manejo discrecional de recursos. Su salida marcó un antes y un después, pues evidenció fracturas internas que hasta entonces se mantenían ocultas.

A este episodio se suma un nuevo caso que ha generado inconformidad: la salida de uno de los voceros del sindicato en una planta del Bajío, señalado por trabajadores por presuntamente haberse llevado una cantidad considerable de cuotas sindicales tras promover afiliaciones bajo promesas que nunca se concretaron. Este hecho no solo agravó el enojo de la base trabajadora, sino que volvió a poner en duda la capacidad de la dirigencia encabezada por Alejandra Morales para mantener orden y control interno.

Mientras tanto, trabajadores señalan que SINTTIA ha perdido rumbo y credibilidad, y que su presencia en la región ya no genera confianza, sino sospecha. La percepción de un sindicato que se desmorona por conflictos internos y falta de transparencia comienza a consolidarse, dejando a su dirigencia cada vez más aislada y con menos respaldo real en Guanajuato.