El mismo fiscal que exige independencia a nivel nacional actúa en Chihuahua como operador político del poder que lo nombró.

El discurso anticorrupción de Abelardo Valenzuela: mucho ruido y ninguna justicia

El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, se ha convertido en un personaje recurrente de los foros nacionales sobre transparencia. Habla de autonomía, de rendición de cuentas, de “cerrarle la puerta a la impunidad”. Pero en los hechos, su nombre representa todo lo contrario: una Fiscalía convertida en escaparate político, con convenios para la foto, investigaciones congeladas y una justicia que solo funciona cuando conviene al poder.

Desde su llegada en 2022, su gestión ha sido cuestionada por la falta de resultados concretos y por presuntas afinidades partidistas. Su nombramiento, promovido por acuerdos entre grupos políticos, fue visto más como un pago de favores que como una apuesta por la independencia institucional. ¿Cómo puede un fiscal anticorrupción ser autónomo si depende de los mismos a quienes debería investigar?

Convenios, discursos y cero resultados

Cada aparición pública de Valenzuela es un acto de comunicación política cuidadosamente producido. Firma convenios, da conferencias, sonríe ante las cámaras. Pero detrás de esa fachada institucional no hay resultados visibles. No existen estadísticas transparentes, ni auditorías públicas, ni investigaciones de alto impacto resueltas.

Los grandes casos de corrupción estatal —los desvíos millonarios del pasado reciente— siguen en la impunidad. Mientras tanto, el fiscal presume “avances” mediáticos, como si un tuit o una fotografía sustituyeran a una sentencia firme.

En julio de 2025, durante la Cumbre Nacional de Fiscales Anticorrupción, Valenzuela se atrevió a decir que “en México ya no hay espacio para la impunidad”. La frase sonó bien en titulares. Pero en Chihuahua, la impunidad tiene oficina, horario y presupuesto… dentro de su propia fiscalía.

El espejo roto de la transparencia

Valenzuela ha hecho de la palabra transparencia un eslogan vacío. No existen portales de datos abiertos ni informes públicos detallados sobre las investigaciones en curso. Lo que sí hay es opacidad, discrecionalidad y silencio. Los ciudadanos no saben cuántos casos se investigan, cuántos se cierran o cuántos se archivan sin explicación. La fiscalía que debería rendir cuentas ni siquiera rinde las suyas propias.

El problema no es que Abelardo Valenzuela hable de combatir la corrupción: el problema es que nadie le cree. Su discurso perdió legitimidad porque la realidad lo contradice todos los días. Cada palabra sobre autonomía suena falsa en una oficina donde la línea política decide a quién se persigue y a quién se protege.

Abelardo Valenzuela “El Bayo” se presenta como el guardián de la honestidad, pero actúa como el fiscal que protege la corrupción. En su mandato, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se convirtió en una institución domesticada: dócil ante el poder, muda ante la verdad e incapaz de demostrar resultados.

Mientras siga repitiendo las mismas frases vacías —autonomía, transparencia, rendición de cuentas— sin entregar justicia real, Valenzuela seguirá siendo el símbolo del fracaso institucional en Chihuahua. Un fiscal que habla de ética, pero opera en la penumbra.

Trabajadores acusan al dirigente de manipular la huelga para mantener sus privilegios al interior del sindicato.

El conflicto en el Nacional Monte de Piedad expone las viejas prácticas del sindicalismo corporativo mexicano en la figura del dirigente Arturo Zayún, quien se aferra a privilegios y mecanismos de control que durante décadas impidieron la competencia democrática y bloquearon la libertad sindical dentro de la institución.

Consultados sobre su postura respecto al conflicto laboral del Monte, trabajadores afiliados al Sindicato Independiente dijeron no estar de acuerdo con la huelga y rechazaron su apoyo al paro que los ha puesto en indefensión y dificultad económica por la terquedad de quien negocia con la estabilidad de la base laboral.

Cabe recordar que hasta hace pocos años, el sindicato tradicional y la administración funcionaban como una sola entidad, bajo un acuerdo tácito en el que la institución otorgaba todo lo que el gremio pedía a cambio de estabilidad. Ese esquema, caracterizado por la falta de transparencia, mantuvo el monopolio sindical y excluyó sistemáticamente a quienes intentaban organizarse de forma independiente, negándoles acceso a recursos, permisos y oportunidades laborales.

Fue hasta 2018 cuando la creación del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad rompió con esa dinámica, aunque enfrentó represalias inmediatas. A los trabajadores afiliados al nuevo sindicato se les negaban vacantes, tiempo extra y derechos básicos. Esa discriminación derivó en un conflicto legal de seis años, que concluyó con el reconocimiento del Sindicato Independiente como organización minoritaria con plenos derechos laborales.

El sindicato tradicional también controlaba procesos internos clave, como la asignación de vacantes, operando bajo criterios de favoritismo y afinidad personal. Este tipo de prácticas ilegales y arbitrarias permitieron durante años colocar a personas cercanas a la dirigencia, consolidando una red de poder político al interior del Monte de Piedad, en detrimento del mérito, la capacidad y la profesionalización que exige una institución moderna.

La actual huelga no defiende los intereses reales de los trabajadores, sino los del liderazgo sindical. Muchos empleados han sido confundidos y manipulados con el discurso de que luchan por recuperar derechos perdidos, cuando en realidad el conflicto gira en torno a la intención del sindicato tradicional de retomar privilegios que ya no tienen cabida en el marco laboral vigente.

El movimiento ha derivado en un daño profundo: miles de trabajadores permanecen sin actividad, los usuarios carecen de acceso a los servicios de la institución y una entidad con vocación filantrópica se encuentra paralizada por las ambiciones personales de un liderazgo sindical que se resiste a perder el control.

Lejos de representar una causa justa, esta huelga refleja una lucha de poder que ignora el bienestar de los trabajadores y pone en riesgo la estabilidad de una de las instituciones más emblemáticas del país.

El estado establecería penas para quienes, de manera pública, promuevan o inciten a la comisión de delitos, al uso de sustancias ilegales o a comportamientos violentos.

Los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Guanajuato presentaron una iniciativa para tipificar la apología del delito en el Código Penal local, con el objetivo de sancionar a quienes promuevan o inciten públicamente la comisión de actos delictivos, el consumo de drogas o la violencia. 

Esta medida complementa la ya propuesta prohibición de narcocorridos en espacios públicos y pretende ser un freno contundente a la expansión de la llamada “narcocultura” en el estado.
Durante la presentación de la iniciativa, el coordinador del PRI en el Congreso local, Alejandro Arias, subrayó la creciente influencia de esta subcultura vinculada al narcotráfico y al crimen organizado, la cual —dijo— glorifica el poder, la violencia y la opulencia, además de distorsionar los valores sociales fundamentales.

«En México, y particularmente en Guanajuato, no podemos ignorar la creciente influencia de lo que se conoce como narcocultura. Esta subcultura, arraigada en el narcotráfico y la delincuencia organizada, glorifica la violencia, el poder y la opulencia, y desafía los valores fundamentales de nuestra sociedad».
«Se manifiesta de diversas formas, desde la adopción de estilos de vida extravagantes hasta la difusión de creencias distorsionadas a través de la música, las series de televisión y las redes sociales», expresó Arias.
La iniciativa contempla penas por incitar a delitos o vicios
La propuesta busca adicionar un artículo 179 G al Código Penal del estado, dentro de un nuevo capítulo titulado “Provocación de un Delito y Apología de este o de Algún Vicio”.

Este apartado establecería penas para quienes, de manera pública, promuevan o inciten a la comisión de delitos, al uso de sustancias ilegales o a comportamientos violentos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen, y en caso de aprobarse, colocaría a Guanajuato entre los estados con marcos legales para sancionar expresiones que fomenten el delito, como ya ocurre en entidades como Jalisco.

Un ejemplo reciente de este tipo de aplicación legal se dio en Jalisco, donde los integrantes del grupo de música regional mexicana Los Alegres del Barranco fueron vinculados a proceso por presuntamente hacer apología del delito durante un concierto en el Auditorio Telmex el pasado 29 de marzo. 

En ese evento, no solo interpretaron narcocorridos, sino que además proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Van contra la exaltación de la violencia y los criminales

Con esta y otras iniciativas en curso, el PRI busca abrir el debate sobre el papel de los contenidos culturales que, directa o indirectamente, promueven el crimen organizado. 

La discusión sobre la prohibición de narcocorridos ya ha generado opiniones divididas entre quienes defienden la libertad de expresión y quienes alertan sobre el impacto social negativo de estas narrativas.

Alejandro Arias enfatizó que no se trata de censura, sino de proteger a las nuevas generaciones de mensajes que pueden normalizar o incluso idealizar el delito. 

En ese sentido, llamó a los legisladores y a la sociedad a sumarse al debate para frenar la influencia de la narcocultura en Guanajuato.