La Fiscalía General de Justicia del Estado acusó a siete estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG) que participaron en la toma de las instalaciones de la Rectoría General en septiembre pasado en protesta por la opacidad para la designación de la rectora general. Busca imputar a los estudiantes el delito de daños a edificios públicos y bienes con valor artístico e histórico, que en el Código Penal local contempla de uno a siete años de prisión.

Frida, Valeria, Dessire, Ignacio, Rodrigo, Armando y Charbel son estudiantes de Ciencias Políticas, Derecho y Administración Público en la UG, y en septiembre pasado participaron en la protesta que llevó a mantener tomada la Rectoría General durante 22 días, en medio del proceso en el que se designó a Claudia Susana Gómez López como rectora general. Ella fue apoyada por el rector saliente, Luis Felipe Guerrero Agripino, quien estuvo al frente en diciembre de 2019 cuando estalló el primer paro estudiantil en la historia de la Universidad.

El grupo de estudiantes que protestaron no se limitó a los siete jóvenes que ahora son investigados por la Fiscalía, sino que hubo más personas que apoyaron el Movimiento Colmena, como se autonombraron, pero en la investigación aparecen los nombres de los siete estudiantes que, aseguran, son blanco de una persecución política orquestada por las autoridades universitarias.

Y es que aunque la Fiscalía de Guanajuato notificó que inició la investigación de manera oficiosa, la rectora Claudia Susana Gómez ha incumplido con el pliego petitorio que firmó en los primeros días al frente de la UG, como el borrar los murales que hicieron estudiantes en la Rectoría General para la memoria e investigar a directivos que encapsularon a los protestantes el 12 de septiembre, encerrándolos en el edificio central y convocando a un grupo de choque.

«La persigue la Fiscalía por oficio en agravio de la UG. Estamos hablando de que hay un contubernio, una coadyuvancia clara, una coordinación clara por parte de la UG con la Fiscalía», expuso Rodrigo al hablar de la inusual investigación que inició la Fiscalía de Guanajuato a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, cercano al exrector Luis Felipe Guerrero.

Recordaron que el Movimiento Colmena surgió por la inconformidad entre la comunidad estudiantil por la opacidad en el proceso para que un grupo de 11 personas que conforman la Junta Directiva designara a la persona titular de la Rectoría General, pidiendo que se hagan reformas a la Ley Orgánica para que haya más participación de la comunidad de estudiantes. Ante la negativa a ser escuchados por el entonces rector Guerrero Agripino, tomaron sus oficinas y las liberaron al llegar a un acuerdo con Claudia Susana Gómez.

«La rectora firmó un pliego petitorio que no habría represalias, Claudia Susana no tiene palabra», señaló Frida.

Consideraron que las acciones legales en su contra es un acto de represión e intimidación: «es un mensaje claro para decir a la comunidad estudiantil que no van a aceptar ni a tolerar aquellas personas que piensen diferente», expuso Rodrigo.

«¿Cómo es posible que una universidad pública este dispuesta a meter a sus propios estudiantes a la cárcel simplemente por exigir sus derechos?» cuestionó Dessire, al aceptar que se sienten vulnerables y el proceso penal en su contra les ha provocado temor a que sigan las represalias en su contra.

Además, coincidieron en que los agentes de la Fiscalía que repartieron las notificaciones sobre la audiencia que se tiene programada para el 30 de abril en su contra fueron intimidantes, pues lo hicieron directamente a sus padres en los domicilios familiares, pese a que viven en diferentes municipios del estado.

«Lo que les dijeron a nuestros papás fue: los vamos a meter a la cárcel, si no se presentan venimos por ellos y los vamos a llevar a la fuerza».

Acusaron directamente a las autoridades universitarias de criminalizarlos para que otros estudiantes no exijan derechos ni protesten.

«Imagino que la UG ya atendió todos los pliegos petitorios, me imagino que ya tiene en condiciones óptimas todas las divisiones, que ya tenemos material en nuestros laboratorios, que ya no hay profesores que acosan en las aulas, para estar criminalizando de esta forma a sus estudiantes», señaló Valeria.

Tras la cobertura mediática de la toma de las oficinas de la Rectoría General, las autoridades de la UG también emitieron lineamientos para limitar el acceso de la prensa al edificio público, lo que llevó a la organización Artículo 19 a emitir un comunicado dirigido a la Universidad en el que exhiben las violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la ciudadanía de acceso a la información.