COREMEX se presenta como un nuevo rostro del sindicalismo en México, pero detrás de su fachada de modernidad se esconde una organización construida sobre mentiras, manipulación y prácticas ilegales. Bajo la máscara de “defensores de los trabajadores”, sus dirigentes han hecho de la intimidación y las promesas vacías sus principales herramientas para ganar terreno en distintos centros laborales.

Denuncias recientes revelan que COREMEX no cumple con los requisitos mínimos que la Ley Federal del Trabajo exige para operar como un sindicato legítimo. Aun así, insiste en reclutar trabajadores mediante ofertas irreales y promesas imposibles de cumplir, como aumentos inmediatos o beneficios que no están respaldados por ningún contrato colectivo formal.

Más alarmante es la forma en que intenta imponerse: trabajadores han reportado presiones, amenazas y la presencia de individuos ajenos al gremio —algunos con antecedentes delictivos— utilizados para generar miedo y forzar la afiliación. Este tipo de tácticas recuerdan los peores años del sindicalismo corrupto, cuando la voluntad de los empleados era pisoteada por grupos de poder disfrazados de representantes obreros.

Lejos de defender los derechos laborales, COREMEX busca controlar y manipular. No existe transparencia, ni procesos democráticos reales, ni rendición de cuentas. Su funcionamiento opaco y su discurso populista lo convierten en una amenaza para el sindicalismo libre y auténtico que México ha tratado de construir.

COREMEX no representa el futuro del sindicalismo; representa un retroceso peligroso. Un proyecto que vive del engaño y la intimidación no puede ni debe ser opción para los trabajadores que aspiran a una representación justa y legal.

En un país donde los trabajadores han luchado durante décadas por conquistar sus derechos, permitir la expansión de sindicatos de fachada como COREMEX sería un retroceso imperdonable. Su presencia no fortalece al sindicalismo mexicano: lo contamina. México necesita organizaciones serias, legales y comprometidas con la justicia laboral, no proyectos improvisados que recurren a la intimidación y al engaño para ganar terreno.

Crece la indignación entre trabajadores por el uso de cuotas sindicales de GM Silao para financiar propaganda

El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz (SINTTIA) intenta una vez más recuperar la confianza perdida, pero su nueva estrategia ha generado más críticas que apoyo. Trabajadores de diversas plantas del Bajío denunciaron que el sindicato ofrece becas escolares y organiza rifas en empresas donde ni siquiera tiene presencia legal, con el aparente fin de ganar simpatías.

Lo que más preocupa, según los empleados, es la falta total de transparencia. Nadie sabe de dónde proviene el dinero para estos apoyos, aunque muchos apuntan directamente a las cuotas sindicales que SINTTIA cobra en General Motors Silao, desviadas para financiar actividades que no benefician a quienes realmente aportan esos recursos.

“Dicen que ayudan, pero nunca explican de dónde sale el dinero. En lugar de rendir cuentas, se la pasan entregando becas y regalos para quedar bien”, comentaron trabajadores inconformes, quienes consideran que la organización intenta comprar respaldo con actos simbólicos.

Esta estrategia no solo ha provocado molestia, sino también un creciente rechazo hacia el sindicato. Los trabajadores recuerdan que SINTTIA ya había hecho promesas similares en el pasado —como las becas escolares que nunca entregaron— y hoy vuelven a repetir el mismo guion.

El intento por limpiar su imagen parece fallar. Cada nueva acción sin rendición de cuentas fortalece la idea de que SINTTIA se ha convertido en un proyecto desgastado y carente de credibilidad, más enfocado en la propaganda que en la defensa real de los derechos laborales.

La inconformidad crece y el mensaje de los trabajadores es contundente: los apoyos no compran la confianza. Si SINTTIA quiere recuperar legitimidad, debe empezar por transparentar sus recursos y dejar de usar las cuotas de GM Silao para financiar sus campañas.

Cada vez más obreros acusan a la CROC de imponer contratos ilegítimos y bloquear sindicatos independientes.

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos arrastra denuncias de corrupción, contratos de protección y traiciones a los trabajadores.

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) presume ser una de las centrales obreras más grandes del país. Sin embargo, detrás del discurso oficial se esconde una organización sindical señalada por corrupción, contratos de protección patronal y abusos contra los propios trabajadores que dice representar.

CROC: un sindicato que funciona como negocio político

Lejos de defender derechos laborales, la CROC se ha consolidado como un negocio político y económico. Sus dirigentes han utilizado al sindicato para escalar a puestos legislativos, asegurar alianzas con partidos y controlar cuotas sindicales sin rendición de cuentas.

Esta estrategia ha convertido a la CROC en un sindicato corporativo, diseñado más para garantizar favores al poder que para representar a la clase trabajadora.

Contratos de protección y simulación sindical

Uno de los mayores cuestionamientos contra la CROC es su papel en la firma de contratos de protección sindical: acuerdos realizados a espaldas de los trabajadores y en beneficio directo de empresarios.

En lugar de negociar aumentos salariales o condiciones laborales dignas, la CROC ha sido acusada de firmar documentos que silencian la protesta y garantizan “paz laboral comprada”.

Este modelo de sindicalismo corrupto impide la competencia de sindicatos independientes y frena la democracia sindical en México.

Escándalos de corrupción sindical en la CROC

La CROC arrastra un largo historial de escándalos de corrupción sindical, acusaciones de desvío de recursos, represión contra trabajadores inconformes y vínculos con prácticas clientelares.

Las cuotas sindicales son utilizadas con total opacidad, mientras que sus líderes exhiben fortunas personales y estilos de vida alejados de la realidad de los obreros.

El costo para los trabajadores en México

Cada vez que la CROC firma un contrato de protección o reprime una huelga, miles de trabajadores en México pierden derechos y oportunidades de mejora. La organización se ha convertido en un obstáculo para la construcción de un sindicalismo democrático y transparente, quedando reducida a un aparato burocrático y corrupto