Política
Abogados, empresarios, jueces y magistrados protestan en Guanajuato contra reforma judicial
“¡Morenistas y aliados dejen de mentir!”, requirió el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero durante la manifestación de este domingo contra la reforma judicial, a la que se unieron la Barra de Abogados del estado de Guanajuato, empresarios y enfermos de cáncer que con amparo lograron atención en el IMSS.
En dos movilizaciones por las calles y plazas de León y Guanajuato capital, trabajadores, jueces y magistrados hicieron pronunciamientos para exigir que se detenga el proceso legislativo de la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que, advirtieron, es como un Golpe de Estado técnico.
“¡Alto, Alto!”, gritaron cientos de personas frente a la Plaza de los Mártires del 2 de Enero, para que se dé marcha atrás a la reforma.
En la capital cientos de personas caminaron desde el Paseo de la Presa hasta la Plaza de la Paz en oposición a la reforma constitucional. “El Poder Judicial es la última frontera ante la dictadura”; “Si el pueblo se informa no pasa la reforma”.
En León, partieron del edificio del Poder Judicial de la Federación (PJF) ubicado en el bulevar Adolfo López Mateos hasta el Arco de la Calzada y luego a la Plaza principal. En el exterior de su sede, el Juez Cuarto de Distrito, Ulises Fuentes Rodríguez.
Ahí, advirtió que el país “no necesita políticos con toga que sirvan a los intereses de su partido, sino jueces independientes, capacitados, valientes, que se atrevan a resolver conforme a Derecho, sin el compromiso de agradar absolutamente a nadie”.
En representación de la Barra Mexicana de Abogados del estado de Guanajuato, su vicepresidenta, Katia Morales Prado, señaló que el gremio está en contra de la reforma al Poder Judicial y alentó a los “togados” y personal del PJF a no rendirse, porque los abogados necesitan que sean fuertes y “los vamos a respaldar”.
“Como abogados los apoyamos, como abogados estamos dispuestos a llevar esta lucha a las últimas consecuencias, y que vamos hasta el final; no podemos permitir un Poder Judicial polarizado, politizado y tendencioso”, acotó ante unos mil 200 asistentes, de acuerdo a organizadores.
En la plaza principal de León, Guanajuato, la lideresa destacó que se necesitan jueces preparados que no se deben a ningún poder, que resuelvan de cara a la Constitución, jueces que no resuelvan por mayoriteo, un Poder Judicial autónomo.
“La democracia no se trata nada más de salir a votar, la democracia se trata de un sistema de Gobierno donde se escuchen todas las voces, donde se escucha la pluralidad”, dijo.
El magistrado Rojas Caballero, vocero de la Directiva Regional Guanajuato de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación en Guanajuato, dijo que la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la coalición de partidos que lo apoyan no tiene la pretensión de mejorar al Poder Judicial, sino de politizarlo.
Dijo que esas enmiendas implican la destrucción del Poder Judicial de la Federación profesional e independiente al eliminar la carrera judicial que es su mayor fortaleza, y además pretende acabar con los organismos autónomos que impiden los abusos del gobierno.
“Una enmienda cuya lógica perversa es la purga y captura del Poder Judicial como contrapeso democrático y defensor de los derechos de todos, una reforma inspirada por la venganza por no doblegarnos a violar la Constitución y las leyes, porque para nosotros la ley sí es la ley”.
Expuso que es una reforma rechazada universalmente por la relatora de las Naciones Unidas, por los especialistas, por las barras y colegios de abogados, por las organizaciones empresariales, por los académicos, por las organizaciones de la sociedad civil.
El presidente busca con esta reforma y las otras 17, el desmantelamiento de una democracia moderna, con división de poderes, contrapesos y respeto a las minorías y sus derechos humanos. Dijo que esas enmiendas implican la destrucción del Poder Judicial de la Federación, profesional e independiente.
“¡Morenistas y aliados dejen de mentir!; ¡dejen de mentir!, no somos fiscales, no somos ministerios públicos, no somos policías, no somos corruptos; es falso que el 2 de junio la gente votó por destruir al Poder Judicial de Federación”.
“¡Falso, falso!”, replicaron los asistentes.
El presidente de la Canacintra León, José de Jesús Hernández Fuentes, señaló que la reforma judicial propuesta ha generado incertidumbre económica y desconfianza en los mercados internacionales en México.
“Cualquier debilitamiento del sistema judicial podría afectar directamente sus capacidades para crecer y generar empleos; los trabajadores también se verán afectados, un sistema judicial que no garantiza la imparcialidad podría poner en peligro sus derechos laborales”, acotó.
La falta de independencia judicial podría generar incertidumbre legal, lo que desincentiva la inversión y pondría en riesgo la estabilidad económica, y lo hemos estado viviendo en las últimas semanas, desde las elecciones del 2 de junio pasado, la volatilidad del dólar, la baja crediticia como país.
Justicia
Abelardo “El Bayo” Valenzuela: el enemigo silencioso de la autonomía judicial
El mismo fiscal que exige independencia a nivel nacional actúa en Chihuahua como operador político del poder que lo nombró.
El discurso anticorrupción de Abelardo Valenzuela: mucho ruido y ninguna justicia
El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, se ha convertido en un personaje recurrente de los foros nacionales sobre transparencia. Habla de autonomía, de rendición de cuentas, de “cerrarle la puerta a la impunidad”. Pero en los hechos, su nombre representa todo lo contrario: una Fiscalía convertida en escaparate político, con convenios para la foto, investigaciones congeladas y una justicia que solo funciona cuando conviene al poder.
Desde su llegada en 2022, su gestión ha sido cuestionada por la falta de resultados concretos y por presuntas afinidades partidistas. Su nombramiento, promovido por acuerdos entre grupos políticos, fue visto más como un pago de favores que como una apuesta por la independencia institucional. ¿Cómo puede un fiscal anticorrupción ser autónomo si depende de los mismos a quienes debería investigar?
Convenios, discursos y cero resultados
Cada aparición pública de Valenzuela es un acto de comunicación política cuidadosamente producido. Firma convenios, da conferencias, sonríe ante las cámaras. Pero detrás de esa fachada institucional no hay resultados visibles. No existen estadísticas transparentes, ni auditorías públicas, ni investigaciones de alto impacto resueltas.
Los grandes casos de corrupción estatal —los desvíos millonarios del pasado reciente— siguen en la impunidad. Mientras tanto, el fiscal presume “avances” mediáticos, como si un tuit o una fotografía sustituyeran a una sentencia firme.
En julio de 2025, durante la Cumbre Nacional de Fiscales Anticorrupción, Valenzuela se atrevió a decir que “en México ya no hay espacio para la impunidad”. La frase sonó bien en titulares. Pero en Chihuahua, la impunidad tiene oficina, horario y presupuesto… dentro de su propia fiscalía.
El espejo roto de la transparencia
Valenzuela ha hecho de la palabra transparencia un eslogan vacío. No existen portales de datos abiertos ni informes públicos detallados sobre las investigaciones en curso. Lo que sí hay es opacidad, discrecionalidad y silencio. Los ciudadanos no saben cuántos casos se investigan, cuántos se cierran o cuántos se archivan sin explicación. La fiscalía que debería rendir cuentas ni siquiera rinde las suyas propias.
El problema no es que Abelardo Valenzuela hable de combatir la corrupción: el problema es que nadie le cree. Su discurso perdió legitimidad porque la realidad lo contradice todos los días. Cada palabra sobre autonomía suena falsa en una oficina donde la línea política decide a quién se persigue y a quién se protege.
Abelardo Valenzuela “El Bayo” se presenta como el guardián de la honestidad, pero actúa como el fiscal que protege la corrupción. En su mandato, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se convirtió en una institución domesticada: dócil ante el poder, muda ante la verdad e incapaz de demostrar resultados.
Mientras siga repitiendo las mismas frases vacías —autonomía, transparencia, rendición de cuentas— sin entregar justicia real, Valenzuela seguirá siendo el símbolo del fracaso institucional en Chihuahua. Un fiscal que habla de ética, pero opera en la penumbra.
Industria
Trabajadores en México denuncian abusos de la CROC
Cada vez más obreros acusan a la CROC de imponer contratos ilegítimos y bloquear sindicatos independientes.
La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos arrastra denuncias de corrupción, contratos de protección y traiciones a los trabajadores.
La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) presume ser una de las centrales obreras más grandes del país. Sin embargo, detrás del discurso oficial se esconde una organización sindical señalada por corrupción, contratos de protección patronal y abusos contra los propios trabajadores que dice representar.
CROC: un sindicato que funciona como negocio político
Lejos de defender derechos laborales, la CROC se ha consolidado como un negocio político y económico. Sus dirigentes han utilizado al sindicato para escalar a puestos legislativos, asegurar alianzas con partidos y controlar cuotas sindicales sin rendición de cuentas.
Esta estrategia ha convertido a la CROC en un sindicato corporativo, diseñado más para garantizar favores al poder que para representar a la clase trabajadora.
Contratos de protección y simulación sindical
Uno de los mayores cuestionamientos contra la CROC es su papel en la firma de contratos de protección sindical: acuerdos realizados a espaldas de los trabajadores y en beneficio directo de empresarios.
En lugar de negociar aumentos salariales o condiciones laborales dignas, la CROC ha sido acusada de firmar documentos que silencian la protesta y garantizan “paz laboral comprada”.
Este modelo de sindicalismo corrupto impide la competencia de sindicatos independientes y frena la democracia sindical en México.
Escándalos de corrupción sindical en la CROC
La CROC arrastra un largo historial de escándalos de corrupción sindical, acusaciones de desvío de recursos, represión contra trabajadores inconformes y vínculos con prácticas clientelares.
Las cuotas sindicales son utilizadas con total opacidad, mientras que sus líderes exhiben fortunas personales y estilos de vida alejados de la realidad de los obreros.
El costo para los trabajadores en México
Cada vez que la CROC firma un contrato de protección o reprime una huelga, miles de trabajadores en México pierden derechos y oportunidades de mejora. La organización se ha convertido en un obstáculo para la construcción de un sindicalismo democrático y transparente, quedando reducida a un aparato burocrático y corrupto
Nacional
Las mañaneras de Claudia
En opinión de Manuel Díaz, con Claudia Sheinbaum la mañanera se ha mantenido bajo un esquema similar al de AMLO, pero en el fondo cambió radicalmente
Con AMLO las mañaneras eran un medio propagandístico por excelencia. No se trataba de informar, eran el instrumento ideal para el cobro de facturas, venganzas, ataques dirigidos y, por supuesto, para posicionar la imagen presidencial.
Esas conferencias mañaneras eran también el modus vivendi de buena parte de los reporteros que se presentaban, muchos aprovechaban su espacio y oportunidad para vender su pregunta al mejor postor, la mayoría de las veces vinculados a grupos de poder. Se habían vuelto como una especie de Gestapo donde sin fundamento alguno, cuando se trataba de fastidiar a un enemigo, competidor u opositor, hacían una pregunta sin fundamento, pero “a modo” para que el presidente respondiera.
Como “La Carabina de Ambrosio”, el instrumento supuestamente diseñado para informar a los mexicanos se fue convirtiendo en un show cómico y poco serio de propaganda y descalificación, donde los “adversarios” se juzgaban y sentenciaban.
Se percibe un cambio
Con Claudia Sheinbaum la mañanera se mantiene bajo un esquema similar, pero el fondo cambió radicalmente, lo que es algo de aplaudirse. Ahora llama la atención porque es informativa y se dan a conocer las acciones del gobierno, políticas y sobre la situación que guarda la administración pública federal.
Un claro ejemplo del cambio y de que al parecer la presidenta no se presta a preguntas pagadas o cargadas de intencionalidad perversa, es el cuestionamiento que realizó la reportera de W Radio, Rocío Jardines, quien es conocida por hacer preguntas mandadas por grupos muy oscuros con la intención de desprestigiar o chantajear.
La reportera preguntó en referencia a unas explosiones registradas en Tamaulipas y de entrada juzgó, sentenció y embarró a los gobiernos federal y del estado, de corrupción, lo que pretendía era que la presidenta explotara en favor de quienes “sembraron” su pregunta, asegurando que “hay denuncias en este estado, de que al parecer existe complicidad entre el gobierno estatal con esta empresa porque no se ha atendido a las personas afectadas. Fue un caso que incluso tocó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Empezaba a darse un acercamiento con las familias; sin embargo, se detuvo, presidenta. Las familias siguen gastando en su tratamiento físico. Tenemos el caso del que le estamos dando mucho seguimiento, es Thalía Martínez y su familia que, bueno, ya lleva muchísimas operaciones debido, precisamente, a las consecuencias de estas explosiones.”
Y termina ordenando a la presidenta actuar fuera de la ley, por consigna y de manera amenazante: “¿Y qué hará su gobierno, para evitar este tipo de corrupción?”.
La mandataria respondió de forma muy diferente a su antecesor, con calidad, respeto y apegada a su investidura: “Bueno, no, no lo catalogo como corrupción, habría que ver exactamente qué pasó. Es muy sensible Américo Villarreal. Entonces, vamos a pedirle a Rosa Icela y la Comisión de Víctimas que pueda ver exactamente qué pasó y siempre atender a las familias.”
El asunto es que el hermano de la afectada es un reportero, un influencer llamado, Salvador Martí conocido en redes sociales como “wikichava” y labora en diferentes medios como Radio Fórmula, con Fernanda Familiar, Teleradio y el Programa Hoy, donde han hecho eco sin presentar prueba alguna, de algo que al parecer se ha convertido en su modus vivendi.
La respuesta que dio la presidenta de investigar a fondo e instruir a la secretaria de gobernación Rosa Icela para conocer el origen de la explosión, parece que no le gustó al wikichava ni a su jefa Fernanda Familiar, quien en su programa radiofónico se fue ahora contra la secretaria de medio ambiente, Alicia Bárcena.
Apoyándose en una periodista amiga suya del diario Le Monde, Anne Vigna, no importó que la presidenta pidió que se investigue a fondo, no le gustó que interviniera la secretaria de gobernación, quien sabe de periodismo y de cómo los chacales se comportan, entonces decidió desviar la atención: “Exhorto a través de este micrófono, doy un llamado directo a Alicia Bárcenas de Semarnat. Alicia, conoce este caso y dale el seguimiento adecuado que las víctimas necesitan. Yo te agradezco, Ann, y sigamos en contacto para la información que yo tengo por acá y la información que tú puedas publicar por allá, porque en la fuerza del periodismo estará la justicia para estas víctimas.”
Firmeza
Realmente es un alivio que la presidenta con firmeza cierre el paso a vividores del periodismo que solo desvirtúan, confunden y confrontan a la sociedad, y nos alejan de un verdadero Estado de derecho y justicia.
Durante los dos meses que van de su gestión, Sheinbaum ha tratado asuntos delicados y de trascendencia nacional, como el conflicto entre los líderes de la cámara, el Infonavit, la estrategia de seguridad y los operativos que se han ejecutado, sin embargo, no paran reporteros como la representante de W Radio, que tratan de sorprender y sacar raja.
[Cortesia de SDP Noticias]
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