La empresa destacó que la calidad de sus productos es resultado directo del origen controlado, la trazabilidad y el trabajo coordinado con comunidades productoras en diversas regiones del país.

Alpura informó que su cadena de valor continúa sustentándose en un modelo que integra procesos supervisados desde el campo hasta la mesa del consumidor. De acuerdo con la empresa, esta estructura permite garantizar la pureza de la leche y mantener prácticas que fortalecen la producción nacional. Representantes del sector señalaron que uno de los factores distintivos es la participación de miles de familias dedicadas a la actividad lechera, quienes aportan estabilidad y continuidad a la operación diaria.

La marca puntualizó que la trazabilidad se ha convertido en un elemento estratégico para asegurar confianza, ya que cada etapa de producción cuenta con controles específicos que permiten identificar su origen y verificar su calidad. Estos procesos, aseguraron, forman parte de un compromiso permanente con la industria y con los productores que han acompañado el crecimiento de la compañía.

En un contexto de exigencia regulatoria y mayor demanda de información por parte de los consumidores, Alpura reiteró que mantener la calidad no solo implica innovación técnica, sino también fortalecer la relación con las comunidades que integran su estructura productiva.

El panorama apunta a que la empresa continuará profundizando su presencia en el mercado mediante un modelo basado en origen, transparencia y cercanía con las familias productoras, factores que se mantienen como su principal respaldo.

• El periodo de gracia llega a revisión como parte de un modelo que apuesta por certeza, continuidad y legalidad.

La política de fortalecimiento jurídico y modernización del sistema marcario que Santiago Nieto ha encabezado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tendrá un momento decisivo el próximo 4 de diciembre, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice el amparo directo en revisión 7274/2024. La resolución podría consolidar uno de los ejes centrales de su administración: la defensa efectiva de los derechos de propiedad industrial como herramienta para el desarrollo económico del país.

El caso gira en torno al “periodo de gracia”, los seis meses que la legislación mexicana otorga a los titulares de marcas para renovar su registro una vez vencido el plazo original. Este mecanismo, lejos de ser una concesión extraordinaria, deriva de compromisos internacionales que México asumió al integrarse al Protocolo de Madrid y al Convenio de París. Su objetivo es garantizar certeza, continuidad y estabilidad para quienes protegen legalmente sus signos distintivos, una prioridad que el IMPI ha reforzado bajo la gestión de Nieto.

La propuesta que será discutida por el Pleno fue elaborada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, experta en tratados internacionales. Su proyecto sostiene que el periodo de gracia es plenamente constitucional, pues evita que los titulares de marcas pierdan derechos por retrasos administrativos y bloquea intentos de apropiación indebida por parte de terceros. El planteamiento coincide con la visión que el IMPI ha promovido: reglas claras, protección sólida y un marco jurídico alineado con los estándares globales.

Especialistas en propiedad intelectual señalan que la revisión llega en un momento crucial para México y representa un respaldo indirecto al trabajo de Santiago Nieto, quien ha fortalecido la vigilancia marcaria y el combate a la piratería. La posible ratificación constitucional del periodo de gracia sería un aval a la política institucional que ha buscado convertir al IMPI en un organismo moderno, confiable y competitivo internacionalmente.

Un fallo adverso, en contraste, podría generar incertidumbre y debilitar la protección de miles de marcas. Sin embargo, analistas coinciden en que el proyecto de la ministra Ortiz se alinea con la tendencia global y con las reformas de profesionalización que Nieto ha impulsado desde su llegada al IMPI.

La decisión de la Suprema Corte no solo resolverá una controversia legal, sino que también pondrá en perspectiva el avance institucional alcanzado en materia de propiedad industrial.

Para el IMPI, y particularmente para la gestión de Santiago Nieto, este caso representa un punto de consolidación en la construcción de un sistema marcario más sólido, transparente y confiable para empresas, emprendedores y titulares de derechos en todo el país.

Diputados del PAN proponen reglas para mejorar la seguridad vial; usuarios podrían requerir casco y registro.

La necesidad de establecer reglas claras para el uso de patines eléctricos, scooters y vehículos ligeros eléctricos en Guanajuato fue respaldada por el presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de Guanajuato (AMDA), Arturo González Palomino, quien advirtió que esta regulación no debe tener fines meramente recaudatorios.

El pronunciamiento surge luego de que legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado presentaran el pasado 22 de mayo una propuesta para regular y reglamentar estos dispositivos de movilidad, con el fin de prevenir accidentes viales y mejorar el orden en las vías públicas.
“Es bueno mientras no sea un tema recaudatorio, donde no les obliguen a sacar placas. Hoy en día, si se tiene que sacar placas, te cuesta 300 o 400 pesos. Si no pagas refrendo, la multa es de 800 pesos. Que no sea recaudatorio, sino que sea para que regulen y que lo hagan”, señaló González Palomino.
¿Qué contempla la propuesta?
La propuesta fue presentada por la diputada panista Jared González Márquez, quien busca reformar la Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato y sus Municipios para incluir a estos vehículos eléctricos dentro del marco normativo estatal.

De acuerdo con la iniciativa, los monopatines eléctricos que superen los 25 km/h deberán ser tratados como motocicletas en cuanto a sus obligaciones. Esto implica:

Uso obligatorio de casco protector
Registro del vehículo ante la autoridad correspondiente
Cumplimiento de las normas viales vigentes
Asimismo, se propone fomentar una mayor educación y cultura vial, para que cada conductor conozca los espacios que le corresponden de acuerdo con su tipo de vehículo.
Más allá de los scooters: una reforma integral
La iniciativa de regular los patines eléctricos y scooters se suma a otras propuestas recientes, como la que busca normar el uso de motocicletas en todo el estado, y la que planea regular vehículos tipo racers, utilizados principalmente en zonas rurales o para actividades recreativas.

El objetivo general de estas reformas es reducir riesgos viales, ordenar el espacio público y promover una movilidad más segura e incluyente, especialmente ante el crecimiento en el uso de medios de transporte alternativos.

Desde la AMDA se hizo un llamado para que cualquier regulación esté enfocada en la seguridad y la funcionalidad, sin convertirse en un mecanismo de cobro excesivo o carga económica injustificada para los usuarios.