Nacional
Alertan por Clonación de Voz con IA en Estafas Telefónicas
De forma inevitable, los avances tecnológicos a veces conllevan nuevas modalidades de delitos, tales como la extorsión apoyada con lo nuevo en inteligencia artificial, en los que los criminales intentan aprovechar las herramientas para sorprender a sus víctimas.
Empleando pequeños audios compartidos por redes sociales y aplicaciones como WhatsApp, los criminales son capaces de crear archivos creíbles para extorsionar
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato alertó sobre una nueva modalidad en el delito de extorsión donde, empleando herramientas de inteligencia artificial, los ciberdelincuentes clonan tu voz para pedir dinero a familiares y amigos. A continuación, te explicamos cómo funciona.
Según la dependencia guanajuatense, bastan solo unos cuantos segundos de grabación para poder poner en marcha este nuevo tipo de crimen el cual, por su novedad, es especialmente riesgoso.
Para evitar ser víctima de los delincuentes, quienes se han mostrado especialmente activos durante el fin de año, los expertos de la Fiscalía te recomiendan seguir estos sencillos pasos y compartirlos con tus familiares.
¿Cómo evitar ser víctima de la extorsión por clonación de voz?
La dependencia propone tres sencillos pasos para disminuir los riesgos de ser víctima de este delito:
- Evita compartir archivos de audio de larga duración en WhatsApp y redes sociales
- Configura los ajustes de privacidad en tus redes sociales, agrega solo a gente que conozcas
- Ten una palabra clave para usar solo entre tus familiares y seres queridos
¿Dónde puedo denunciar un intento de extorsión?
Si tú o tu familia son víctimas de un intento de extorsión telefónica, no te quedes callado y denuncia, pues solo así los criminales podrán pagar por sus fechorías. Puedes hacerlo a través de la Policía Cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad, al teléfono 088.

Si estás en la Ciudad de México, puedes denunciarlo ante la Policía Cibernética, al teléfono 55 5242 5086 o al correo electró
Justicia
Maru Campos choca con Sheinbaum: la crisis por la CIA exhibe los desafíos de seguridad en Chihuahua
La confrontación entre la gobernadora y la presidenta reabre el debate sobre la coordinación en seguridad, las responsabilidades de los funcionarios estatales y los resultados de la administración de Maru Campos.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, enfrenta una nueva controversia política tras revelar los detalles de su tensa reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, celebrada el 19 de septiembre de 2026.
El encuentro estuvo marcado por reclamos sobre la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo contra el crimen organizado, así como por diferencias relacionadas con la seguridad pública.
En entrevista con Carlos Loret de Mola, Campos reconoció que ambas mandatarias elevaron la voz y que la conversación terminó sin resolver sus desacuerdos.
La seguridad de Chihuahua, en el centro del conflicto
El episodio se originó por un operativo contra un laboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara, en el que se reportó la participación de agentes estadounidenses.
Sheinbaum cuestionó las circunstancias en las que ingresaron agentes extranjeros a territorio nacional y sostuvo que era necesario investigar posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional.
Campos, por su parte, reclamó la falta de apoyo federal para enfrentar la violencia en distintas regiones de Chihuahua, particularmente en zonas serranas.
Las declaraciones evidencian diferencias sobre la distribución de responsabilidades en materia de seguridad.
Sin embargo, el conflicto también plantea una pregunta para la administración estatal: ¿qué medidas implementó el gobierno de Campos para prevenir, supervisar y responder a los riesgos de seguridad que denuncia?
César Jáuregui y las responsabilidades dentro del gobierno estatal
La controversia adquirió una dimensión adicional cuando Sheinbaum aseguró que Campos había atribuido al exfiscal César Jáuregui Moreno la responsabilidad por el ingreso de agentes estadounidenses.
Según la versión presidencial, la gobernadora también mencionó posibles irregularidades relacionadas con su excolaborador.
Estos señalamientos requieren investigación y no constituyen pruebas definitivas de responsabilidad.
No obstante, el caso hace necesario examinar los mecanismos de supervisión sobre las instituciones de seguridad y procuración de justicia durante la administración estatal.
Abelardo Valenzuela y el caso Javier Corral
En otro frente, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela, ha impulsado una investigación por un presunto desvío de 98.6 millones de pesos relacionado con el refinanciamiento de la deuda pública durante el gobierno de Javier Corral.
El exgobernador ha denunciado una presunta persecución política, mientras la Fiscalía sostiene que sus actuaciones responden a posibles irregularidades financieras.
No se ha acreditado que Maru Campos haya ordenado ilegalmente esa investigación.
Los resultados que deben evaluarse
Las controversias políticas no son suficientes para determinar si una administración ha sido eficiente o ineficiente.
Para evaluar la gestión de Campos es necesario revisar indicadores de homicidios, extorsión, desapariciones, resultados de las investigaciones penales y cumplimiento de compromisos de seguridad.
También debe distinguirse qué responsabilidades corresponden al gobierno estatal y cuáles a las autoridades federales.
Más allá del enfrentamiento entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum, la cuestión de fondo es si las instituciones de Chihuahua cuentan con los recursos, la coordinación y los mecanismos de supervisión necesarios para garantizar resultados verificables en seguridad.
Justicia
SINTTIA enfrenta obstáculos para expandir su proyecto sindical en la industria automotriz
SINTTIA enfrenta obstáculos para expandir su proyecto sindical en la industria automotriz
Los reveses en otros procesos, las diferencias internas y los cuestionamientos sobre sus resultados representan desafíos para una organización que buscaba consolidarse como alternativa sindical.
El proyecto de expansión de SINTTIA enfrenta diversos desafíos en la industria automotriz. Aunque la organización surgió con la expectativa de ofrecer una representación sindical diferente, los resultados adversos en otros procesos y las críticas de algunos trabajadores han puesto bajo escrutinio su capacidad para consolidar su presencia en nuevas empresas.
Entre los aspectos señalados por sus críticos se encuentran los resultados desfavorables en procesos vinculados con General Motors San Luis Potosí, Yazaki y Draxton. Estos episodios han sido utilizados para cuestionar la capacidad del sindicato para atraer nuevos afiliados y extender su influencia más allá de sus principales espacios de representación.
A este panorama se suman las diferencias internas. La salida de Israel Cervantes, figura relacionada con los primeros años del movimiento, y las críticas expresadas por integrantes de Movimiento Azul en General Motors Silao han mantenido abierto el debate sobre el rumbo de la organización y la manera en que se atienden las inconformidades de sus integrantes.
Otro desafío consiste en responder a las expectativas que acompañaron su surgimiento. Para algunos trabajadores críticos, la evaluación de un sindicato no depende únicamente de su discurso, sino de los resultados que consigue en materia salarial, prestaciones, seguridad laboral y atención a las necesidades cotidianas de sus afiliados.
En GM Silao, Movimiento Azul ha señalado pendientes relacionados con la recuperación salarial, un bono económico y la aplicación de la Ley Silla. Estos reclamos se suman a las exigencias de mayor transparencia sobre los recursos sindicales.
Sin embargo, las críticas no representan necesariamente la opinión de todos los afiliados. SINTTIA conserva una base de representación en General Motors Silao, donde en abril de 2026 se aprobó por mayoría el convenio de revisión contractual correspondiente al periodo 2026-2028.
El reto para la organización consiste en demostrar que puede mantener esa representación, atender los cuestionamientos internos y construir respaldo en otros centros de trabajo. La evolución de su proyecto dependerá de los resultados que pueda acreditar y de su capacidad para responder a las demandas de los trabajadores.
Nacional
La CNDH abrirá una indagatoria sobre la violencia ejercida durante la protesta por la escasez de agua en Jalisco; Sheinbaum exige determinar «quién ordenó» el operativo
La Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH)informó queatraerá la investigaciónsobre lasviolaciones a derechos humanosdurante la manifestación por el acceso alaguapotable, que se realizó el 11 de octubre pasado en Guadalajara,Jalisco, que dejó un saldo de al menos 40 personas detenidas de forma abitraria.
En un comunciado, el organismo detalló que busca esclarecer las presuntas acciones de represión atribuidas a elementos de la Secretaría de Seguridad estatal.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ejerce su facultad de atracción para investigar los hechos ocurridos el pasado 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco, en los que personas defensoras de derechos humanos y activistas se manifestaban por el derecho al agua potable y habrían sido víctimas de actos de represión”, se lee en el documento.
Señaló que su intervención busca garantizar unaindagatoria expedita, imparcial y con perspectiva de derechos humanos. También pidió a las autoridades de Jaliscoinvestigar las detenciones y las presuntas agresiones, además de sancionar a quienes resulten responsables.
“Este organismo nacional hace un respetuoso pero enérgico llamado a las autoridades estatales para que investiguen lo sucedido, esclarezcan las circunstancias en que ocurrieron las detenciones y las presuntas agresiones, y castiguen a los responsables”.
El organismo nacional solicitó que las autoridades estatales adopten medidas para impedir el uso arbitrario o desproporcionado de la fuerza contra quienes participen en protestas.
La CNDH sostuvo queha seguido los hechos desde que ocurrieron,ante el riesgo de que estas prácticas se repitan o se normalicen.
“La CNDH ha dado seguimiento a estos acontecimientos desde el primer momento, alertada por la posibilidad de que estas prácticas represivas se repitan y se normalicen”, agregó.
De acuerdo con el comunicado, entre las personas que se encontraban en la movilizaciónhabía niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, además de que hay reportes sobre personas lesionadas, presuntas detenciones arbitrarias, malos tratos e incomunicación de personas detenidas.
“Preocupa grandemente a este organismo nacional que, de acuerdo con la información difundida, se encontraban niñas, niños y adolescentes, así como personas adultas mayores ejerciendo su libre derecho a la manifestación pacífica”, puntualizó.
Afirmó que la protesta social forma parte del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, por lo que no debe provocar represalias ni actuaciones arbitrarias de las autoridades.
“La protesta social constituye una expresión legítima del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación”.
El organismo sostiene que ninguna autoridad puede usar sus atribuciones para impedir mediante violencia o uso de la fuerza el ejercicio de derechos fundamentales. Para ello cita la Recomendación General 46/2022, emitida sobre episodios históricos de represión del Estado y garantías de no repetición.
“Ninguna autoridad puede utilizar sus atribuciones para impedir, mediante la violencia o el uso de la fuerza, el ejercicio de derechos fundamentales como los que en estos hechos se presumen violentados”.
Destacó que entró en comunicación con laComisión Estatal de Derechos Humanos Jaliscopara coordinar las acciones posteriores a la atracción del caso y desplegó personal de su Oficina Regional en Jalisco y de la Quinta Visitaduría General para atender directamente a las personas afectadas.
“Hemos desplegado ya personal de la Oficina Regional en Jalisco, así como de la Quinta Visitaduría General, con la finalidad de atender directamente a las personas que fueron afectadas de manera física y vulneradas en sus derechos más elementales”.
La CEDHJ, por su parte, emitió dos medidas cautelares a partir del acta de investigación 41/2026. Una fue dirigida a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para brindar acompañamiento a manifestantes detenidos, sus familias y elementos policiales heridos durante el enfrentamiento.
“Se implementen acciones para brindar acompañamiento integral a las personas manifestantes detenidas y a sus familiares”.
La segunda medida cautelar fue dirigida a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco. La Comisión estatal pide acciones que garanticen la integridad jurídica y la libre manifestación en los hechos derivados de la protesta del 11 de octubre.
“Se implementen acciones que garanticen la integridad jurídica y la libre manifestación en todos los sucesos que se deriven de los hechos ocurridos el 11 de octubre de 2026”.
Sheinbaum pide investigar quién dio la orden
La presidentaClaudia Sheinbaumreveló que le pidió a la CNDH realizar una investigación profunda sobre los hechos ocurridos en Jalisco, al sostener que no puede permitirse la tortura ni la represión por parte de fuerzas de seguridad.
“No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco y lo que denuncias hoy”, dijo en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.
Tras ser cuestionada un día antes sobre las denuncias relacionadas con Jalisco, indicó que le solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe sobre los acusaciones por el uso de chorros de agua, gases lacrimógenos y de tortura contra jóvenes en la marcha.
En este sentido, precisó que también pide que la CNDH entreviste a las víctimas y determine cómo ocurrieron los hechos e identifique quién dio la orden y con ello, se determinen responsabilidades.
““No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco y lo que denuncias hoy. Además de el uso de chorros de agua, de gases lacrimógenos, el tema de la tortura a los jóvenes es algo que tiene que desaparecer en nuestro país. No puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona y menos en una detención.
“Pues tanto en el caso de Jalisco, ayer le pedí a la secretaria de Gobernación, tiene que hacer una investigación muy profunda la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué, eh…? Que entreviste a las víctimas y que haya responsables. ¿Cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes? ”, puntualizó.
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