Nacional
Firma Ucraniana Llega a México con el Apoyo del Hijo de Joe Biden
Correos electrónicos a los que se tuvo acceso, detallan las gestiones de Hunter Biden y sus socios para que Burisma Holdings, una de las principales empresas privadas de Ucrania en la producción de gas, aprovechara la apertura de Pemex tras la reforma energética de 2013.
Entre 2013 y 2016, años en que Petróleos Mexicanos (Pemex) fue dirigida por Emilio Lozoya Austin, la paraestatal fue asediada por el grupo de socios de Hunter Biden, hijo del entonces vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en busca de contratos para la exploración y producción de hidrocarburos para beneficio de uno de los mayores oligarcas de Ucrania.
Las gestiones de Hunter Biden y sus socios para incursionar en el mercado energético mexicano comenzaron en 2013, año en que se aprobó la reforma impulsada por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, y que por primera vez en siete décadas permitía la inversión privada en el sector de los hidrocarburos.
Por esos años, el primogénito del hoy mandatario saliente de Estados Unidos era directivo de Burisma Holdings, la empresa privada más grande de Ucrania dedicada a la producción de gas natural, con inversiones en Europa del este y las exrepúblicas soviéticas; la firma, cuyo principal accionista es el oligarca ucraniano Nikolai Zlochevsky, ha sido acusada de lavado de dinero y evasión fiscal, tanto por autoridades ucranianas, como en Estados Unidos y Reino Unido.
A través de correos electrónicos hallados en la computadora de Hunter Binden —a los que El Sol de México tuvo acceso— se pueden documentar las maniobras que el hijo mayor del jefe de la Casa Blanca y su grupo desplegaron con diversos actores mexicanos para ganar contratos a instancias de Pemex, incluidos el presidente Peña Nieto, los empresarios Carlos Slim y Miguel Alemán Magnani, y el propio Lozoya Austin.
Dichas operaciones formaron parte del expediente que desataron investigaciones por parte de los congresistas republicanos de Estados Unidos, pues se presumía que en ese entonces Joe Biden habría aprovechado su cargo de vicepresidente para facilitar los negocios internacionales de su hijo, lo que presuntamente incluía reuniones en la Casa Blanca y viajes en el avión oficial Air Force Two, con periplos que incluyeron reuniones la Ciudad de México.
Si bien el juicio político contra Joe Biden promovido en el Capitolio no procedió y Hunter Biden ya no es directivo de Burisma Holdings, es hasta ahora, una década después, que se conocen detalles de las estrategias urdidas por representantes de grandes capitales internacionales para aprovechar la apertura de Pemex.
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Los planes para hacer negocios en el mercado mexicano de los hidrocarburos iniciaron en febrero de 2013, sólo tres meses después de que comenzara la administración de Peña Nieto, y cuando ya se vislumbraba una reforma energética que rompería el monopolio que durante décadas mantuvo Pemex sobre la exploración, producción y comercialización de energéticos en México.
Por esas fechas Jeff Cooper —un abogado que trabajó de cerca con el difunto hermano de Hunter Biden, Beau, y que donó miles de dólares a las diversas campañas políticas de Joe Biden— escribió a Hunter para hablarle de la privatización de la petrolera mexicana y la posibilidad de hacer negocios. “Esto se está convirtiendo en algo gigantesco, hermano”, le dijo.
Las perspectivas de ganancias aumentaron cuando Hunter Biden ascendió a la dirección de Burisma Holdings, en 2014. Hunter Biden y Jeff Cooper buscaron la ayuda del empresario Miguel Alemán Magnani, hijo del exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco y en ese entonces presidente de la aerolínea Interjet, para tratar de forjar una relación con el empresario Carlos Slim y así ganar contratos con la petrolera mexicana.
En uno de los correos hallados en la laptop de Hunter Biden, que data del 20 de noviembre de 2014 (imagen 1), se puede leer el siguiente mensaje de Cooper: “Acabo de terminar una llamada con él (Hunter). Quiere que intentemos llevar a un ejecutivo de Burisma con nosotros en nuestro viaje (aún está tratando de determinar el momento exacto). Dice que el director general de Pemex está muy entusiasmado con su posible participación y tiene ‘un proyecto perfecto’. ¿Qué piensas al respecto?”.
Para la fecha del correo la reforma energética llevaba 15 meses de aprobada en México y tanto la Secretaría de Energía como Petróleos Mexicanos se encontraban en la fase de definir las reglas para que las empresas, tanto nacionales como extranjeras, concursaran por los contratos de exploración y producción de hidrocarburos.
Del mismo modo, para noviembre de 2014, Hunter Biden llevaba seis meses de haber sido nombrado como parte del consejo directivo de Burisma. En aquel año, Ucrania vivía tiempos convulsos, pues ocurrieron los sangrientos disturbios llamados Euromaidán, que causaron la renuncia del presidente prorruso Viktor Yanukovich, a la vez que Moscú emprendió una serie de acciones para desestabilizar el este de Ucrania y anexarse la península de Crimea, lo que es considerado como la génesis de la invasión rusa a territorio ucraniano de febrero de 2022.
En medio de un conflicto bélico, el abasto de energéticos no sólo resulta un factor clave para los involucrados, sino una excelente oportunidad de negocios para Burisma, y Hunter estaba ahí para buscar los contratos; al mismo tiempo, la crisis en Ucrania, requirió una intensa labor diplomática del entonces vicepresidente Biden, quien viajó con frecuencia a aquel país para proteger los intereses de la Organización de Tratado del Atlántico Norte (La OTAN, conformada por los países Europa occidental y Estados Unidos) y contener la influencia rusa.
En los correos que este medio tuvo acceso, la primera evidencia de un actor ucraniano aparece el 12 de noviembre de 2014, cuando el alto funcionario de Burisma, Vadim Pozharskyi, envía a Devon Archer y con copia a Hunter Biden un mensaje con un asunto denominado “Carta de autorización de México” (imagen 2).
“Querido Devon: Espero que te vaya bien. Siguiendo tu solicitud, te adjunto la carta de autorización firmada por Alan. De acuerdo con los Estatutos de la Asociación de Burisma Holdings, nuestro departamento legal redactó una resolución que fue firmada por todos los miembros de la Junta Directiva”, explica Pozharskyi.
El ejecutivo ucraniano se refería al aval de la empresa transnacional para pujar por los contratos de Pemex. En ese mismo correo, Pozharskyi pide a Devon, Biden y Cooper estar atentos a la segunda Cumbre Anual México Upstream, que se llevaría a cabo del 9 al 12 de marzo de 2015 en la Ciudad de México.
“El México Upstream Summit se establece ahora como el lugar de encuentro oficial para que los actores internacionales se reúnan con Sener, CNH y Pemex, y juntos identifiquen oportunidades de inversión, formen asociaciones y discutan los próximos pasos clave para la histórica reforma energética”, explica el ucraniano, quien subraya: “Creo que podría ser una oportunidad interesante para que la aprovechemos”.
Antes y después de dicha cumbre, los socios de Hunter Biden y los ejecutivos de Burisma echaron toda la carne al asador, al poner en el terreno de juego no sólo al entonces vicepresidente Joe Biden, sino al multimillonario mexicano Carlos Slim y al mismo presidente Enrique Peña Nieto.
El 28 de enero de 2015, Hunter Biden escribió un largo correo (imagen 3 )a Miguel Alemán Magnani, a Devon Archer y a Jeff Cooper para detallar los pasos a seguir antes de participar en los concursos de México Upstream y previo a una reunión en la Casa Blanca y en la Ciudad de México.
“Señores, creí que sería útil enumerar las acciones inmediatas que deben llevarse a cabo para que podamos aprovechar la oportunidad de privatizar Pemex. A continuación, se muestra mi entendimiento de lo que se debe hacer, pero estoy seguro de que cada uno de ustedes tendrá cosas que agregar o aclarar”, planteó Hunter Biden en dicho e-mail.
En primer lugar, expone, “necesitamos obtener acceso a la ‘data room’ que Pemex/Secretaría de Energía pondrá a disposición a cambio de una tarifa. Entiendo que hay una tarifa (aproximadamente 350 mil dólares) que debe pagarse. Creo que Burisma está dispuesta a pagar esa tarifa (¿Devon?). Burisma necesita una carta/documento/explicación oficial de algún tipo que detalle a qué tiene derecho al pagar esa tarifa, y también un plan detallado de quién de nuestro consorcio se encargará de la revisión de los datos que proporciona Pemex. Sugeriría que identifiquemos al personal técnico de Burisma (¿Devon?) y al personal técnico hispanohablante de México (¿Miguel/Jeff?) que puedan comenzar esa revisión en conjunto lo antes posible”.
Una de las evidencias más polémicas de la posible colaboración del entonces vicepresidente Biden para favorecer los negocios de su hijo ocurrió el 19 de noviembre de 2015, cuando los dos Biden y Jeff Cooper recibieron a los empresarios Carlos Slim, Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani en la Casa Blanca.
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Del encuentro existen fotos que han sido publicadas por medios estadounidenses y por congresistas republicanos, mismas que forman parte del expediente que armaron los adversarios de Joe Biden para entablarle un juicio político.
“Cada vez más, parece que los Biden han utilizado la Casa Blanca y el Poder Ejecutivo para enriquecerse”, sostuvo el legislador James Comer en una resolución presentada en el Congreso de Estados Unidos el pasado 26 de septiembre de 2022, en la que se solicita al presidente transmitir a la Cámara de Representantes todos los documentos en su poder sobre los negocios de la familia Biden.
Por ejemplo, continúa el republicano Comer, “en un correo electrónico a Miguel Alemán Magnani, Hunter Biden escribió: ‘Hemos estado hablando de acuerdos comerciales y asociaciones durante siete años… He traído a todas y cada una de las personas que me pidieron que llevara a la Casa Blanca y a la casa del vicepresidente… He cumplido con todo lo que alguna vez me pidieron”, incluido un vuelo a la Ciudad de México “con papá” para reunirse con el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Al final, los esfuerzos de Hunter Biden y sus socios para conseguir contratos con Pemex no fructificaron. Adicional a los desacuerdos entre el hijo del presidente y Alemán Magnani, sobrevino la salida de Emilio Lozoya como director general de Pemex, ocurrida en febrero de 2016, luego de haber sido señalado de aparecer en los Panama Papers por el uso de paraísos fiscales y evasión fiscal.
Adicionalmente, en noviembre de 2016, el republicano Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos, lo que restó fuerza a la marca Biden, además de que cambió la geopolítica mundial, al estar en la Casa Blanca un actor menos hostil hacia Rusia y con menos interés en intervenir en la crisis ucraniana.
El último clavó en el ataúd de los proyectos de Burisma para hacer negocios en México fue el inicio de las investigaciones por corrupción, evasión de impuestos y sobornos contra la empresa por parte del Congreso y la Fiscalía de Ucrania. En el centro del huracán se encuentra Nikolai Zlochevsky, de quien no está claro si estuvo en México, pero en los correos electrónicos de Hunter Biden se pone en evidencia que se hicieron gestiones al más alto nivel para que el magnate obtuviera la visa.
El 5 de febrero de 2015, Vadim Pozharskyi escribió a Devor Archer, socio de Biden, el siguiente mensaje: “Nikolai también tuvo algunos problemas y le revocaron la visa y no ha solicitado una nueva. Teniendo esto en cuenta, creo que existe el riesgo de que vuele a México y le nieguen la entrada, y que de mal humor se vea obligado a regresar a Kiev. Por favor, avísenme. Y otra cosa: ¿podrías ser tan amable de actualizarme sobre lo que hay que hacer antes de nuestra reunión con Pemex?”.
Los documentos revisados por este medio no permiten saber si el magnate Zlochevsky pisó México, pero ponen en evidencia que el intento de que Burisma invirtiera en México implicó a las máximas autoridades de Ucrania, Estados Unidos y México.
El mismo fiscal que exige independencia a nivel nacional actúa en Chihuahua como operador político del poder que lo nombró.
El discurso anticorrupción de Abelardo Valenzuela: mucho ruido y ninguna justicia
El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, se ha convertido en un personaje recurrente de los foros nacionales sobre transparencia. Habla de autonomía, de rendición de cuentas, de “cerrarle la puerta a la impunidad”. Pero en los hechos, su nombre representa todo lo contrario: una Fiscalía convertida en escaparate político, con convenios para la foto, investigaciones congeladas y una justicia que solo funciona cuando conviene al poder.
Desde su llegada en 2022, su gestión ha sido cuestionada por la falta de resultados concretos y por presuntas afinidades partidistas. Su nombramiento, promovido por acuerdos entre grupos políticos, fue visto más como un pago de favores que como una apuesta por la independencia institucional. ¿Cómo puede un fiscal anticorrupción ser autónomo si depende de los mismos a quienes debería investigar?
Convenios, discursos y cero resultados
Cada aparición pública de Valenzuela es un acto de comunicación política cuidadosamente producido. Firma convenios, da conferencias, sonríe ante las cámaras. Pero detrás de esa fachada institucional no hay resultados visibles. No existen estadísticas transparentes, ni auditorías públicas, ni investigaciones de alto impacto resueltas.
Los grandes casos de corrupción estatal —los desvíos millonarios del pasado reciente— siguen en la impunidad. Mientras tanto, el fiscal presume “avances” mediáticos, como si un tuit o una fotografía sustituyeran a una sentencia firme.
En julio de 2025, durante la Cumbre Nacional de Fiscales Anticorrupción, Valenzuela se atrevió a decir que “en México ya no hay espacio para la impunidad”. La frase sonó bien en titulares. Pero en Chihuahua, la impunidad tiene oficina, horario y presupuesto… dentro de su propia fiscalía.
El espejo roto de la transparencia
Valenzuela ha hecho de la palabra transparencia un eslogan vacío. No existen portales de datos abiertos ni informes públicos detallados sobre las investigaciones en curso. Lo que sí hay es opacidad, discrecionalidad y silencio. Los ciudadanos no saben cuántos casos se investigan, cuántos se cierran o cuántos se archivan sin explicación. La fiscalía que debería rendir cuentas ni siquiera rinde las suyas propias.
El problema no es que Abelardo Valenzuela hable de combatir la corrupción: el problema es que nadie le cree. Su discurso perdió legitimidad porque la realidad lo contradice todos los días. Cada palabra sobre autonomía suena falsa en una oficina donde la línea política decide a quién se persigue y a quién se protege.
Abelardo Valenzuela “El Bayo” se presenta como el guardián de la honestidad, pero actúa como el fiscal que protege la corrupción. En su mandato, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se convirtió en una institución domesticada: dócil ante el poder, muda ante la verdad e incapaz de demostrar resultados.
Mientras siga repitiendo las mismas frases vacías —autonomía, transparencia, rendición de cuentas— sin entregar justicia real, Valenzuela seguirá siendo el símbolo del fracaso institucional en Chihuahua. Un fiscal que habla de ética, pero opera en la penumbra.
Trabajadores acusan al dirigente de manipular la huelga para mantener sus privilegios al interior del sindicato.
El conflicto en el Nacional Monte de Piedad expone las viejas prácticas del sindicalismo corporativo mexicano en la figura del dirigente Arturo Zayún, quien se aferra a privilegios y mecanismos de control que durante décadas impidieron la competencia democrática y bloquearon la libertad sindical dentro de la institución.
Consultados sobre su postura respecto al conflicto laboral del Monte, trabajadores afiliados al Sindicato Independiente dijeron no estar de acuerdo con la huelga y rechazaron su apoyo al paro que los ha puesto en indefensión y dificultad económica por la terquedad de quien negocia con la estabilidad de la base laboral.
Cabe recordar que hasta hace pocos años, el sindicato tradicional y la administración funcionaban como una sola entidad, bajo un acuerdo tácito en el que la institución otorgaba todo lo que el gremio pedía a cambio de estabilidad. Ese esquema, caracterizado por la falta de transparencia, mantuvo el monopolio sindical y excluyó sistemáticamente a quienes intentaban organizarse de forma independiente, negándoles acceso a recursos, permisos y oportunidades laborales.
Fue hasta 2018 cuando la creación del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad rompió con esa dinámica, aunque enfrentó represalias inmediatas. A los trabajadores afiliados al nuevo sindicato se les negaban vacantes, tiempo extra y derechos básicos. Esa discriminación derivó en un conflicto legal de seis años, que concluyó con el reconocimiento del Sindicato Independiente como organización minoritaria con plenos derechos laborales.
El sindicato tradicional también controlaba procesos internos clave, como la asignación de vacantes, operando bajo criterios de favoritismo y afinidad personal. Este tipo de prácticas ilegales y arbitrarias permitieron durante años colocar a personas cercanas a la dirigencia, consolidando una red de poder político al interior del Monte de Piedad, en detrimento del mérito, la capacidad y la profesionalización que exige una institución moderna.
La actual huelga no defiende los intereses reales de los trabajadores, sino los del liderazgo sindical. Muchos empleados han sido confundidos y manipulados con el discurso de que luchan por recuperar derechos perdidos, cuando en realidad el conflicto gira en torno a la intención del sindicato tradicional de retomar privilegios que ya no tienen cabida en el marco laboral vigente.
El movimiento ha derivado en un daño profundo: miles de trabajadores permanecen sin actividad, los usuarios carecen de acceso a los servicios de la institución y una entidad con vocación filantrópica se encuentra paralizada por las ambiciones personales de un liderazgo sindical que se resiste a perder el control.
Lejos de representar una causa justa, esta huelga refleja una lucha de poder que ignora el bienestar de los trabajadores y pone en riesgo la estabilidad de una de las instituciones más emblemáticas del país.
Nacional
Guanajuato busca castigar con cárcel la apología del delito mediante nueva iniciativa de ley.
El estado establecería penas para quienes, de manera pública, promuevan o inciten a la comisión de delitos, al uso de sustancias ilegales o a comportamientos violentos.
Los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Guanajuato presentaron una iniciativa para tipificar la apología del delito en el Código Penal local, con el objetivo de sancionar a quienes promuevan o inciten públicamente la comisión de actos delictivos, el consumo de drogas o la violencia.
Esta medida complementa la ya propuesta prohibición de narcocorridos en espacios públicos y pretende ser un freno contundente a la expansión de la llamada “narcocultura” en el estado.
Durante la presentación de la iniciativa, el coordinador del PRI en el Congreso local, Alejandro Arias, subrayó la creciente influencia de esta subcultura vinculada al narcotráfico y al crimen organizado, la cual —dijo— glorifica el poder, la violencia y la opulencia, además de distorsionar los valores sociales fundamentales.
«En México, y particularmente en Guanajuato, no podemos ignorar la creciente influencia de lo que se conoce como narcocultura. Esta subcultura, arraigada en el narcotráfico y la delincuencia organizada, glorifica la violencia, el poder y la opulencia, y desafía los valores fundamentales de nuestra sociedad».
«Se manifiesta de diversas formas, desde la adopción de estilos de vida extravagantes hasta la difusión de creencias distorsionadas a través de la música, las series de televisión y las redes sociales», expresó Arias.
La iniciativa contempla penas por incitar a delitos o vicios
La propuesta busca adicionar un artículo 179 G al Código Penal del estado, dentro de un nuevo capítulo titulado “Provocación de un Delito y Apología de este o de Algún Vicio”.
Este apartado establecería penas para quienes, de manera pública, promuevan o inciten a la comisión de delitos, al uso de sustancias ilegales o a comportamientos violentos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen, y en caso de aprobarse, colocaría a Guanajuato entre los estados con marcos legales para sancionar expresiones que fomenten el delito, como ya ocurre en entidades como Jalisco.
Un ejemplo reciente de este tipo de aplicación legal se dio en Jalisco, donde los integrantes del grupo de música regional mexicana Los Alegres del Barranco fueron vinculados a proceso por presuntamente hacer apología del delito durante un concierto en el Auditorio Telmex el pasado 29 de marzo.
En ese evento, no solo interpretaron narcocorridos, sino que además proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Van contra la exaltación de la violencia y los criminales
Con esta y otras iniciativas en curso, el PRI busca abrir el debate sobre el papel de los contenidos culturales que, directa o indirectamente, promueven el crimen organizado.
La discusión sobre la prohibición de narcocorridos ya ha generado opiniones divididas entre quienes defienden la libertad de expresión y quienes alertan sobre el impacto social negativo de estas narrativas.
Alejandro Arias enfatizó que no se trata de censura, sino de proteger a las nuevas generaciones de mensajes que pueden normalizar o incluso idealizar el delito.
En ese sentido, llamó a los legisladores y a la sociedad a sumarse al debate para frenar la influencia de la narcocultura en Guanajuato.
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