La crisis dentro de la CROC ya no puede maquillarse. Con cada denuncia pública se hace más evidente un patrón que ha contaminado la vida interna del sindicato durante décadas: una dirigencia que opera con prácticas antidemocráticas, bloqueando cualquier intento de participación real de la base trabajadora. En un momento histórico donde la reforma laboral busca impulsar elecciones libres y transparentes, la CROC parece aferrarse con uñas y dientes a un modelo donde la democracia es una amenaza y no un principio.

La misma estructura de siempre

Mientras otras organizaciones han comenzado a abrir espacios de renovación, la CROC mantiene la misma fórmula: líderes eternizados en sus cargos, sin procesos auténticos de elección, sin rendición de cuentas y sin permitir que nuevas voces lleguen a posiciones de representación. La central sindical funciona más como un club privado que como una institución obrera.

Trabajadores de distintos estados del país han denunciado que los “procesos electorales internos” son simulaciones diseñadas para legitimar decisiones ya tomadas. Quienes buscan competir o cuestionar son marginados, intimidados o directamente excluidos.

Los acuerdos cupulares, el verdadero motor

Lejos de representar a los trabajadores, la CROC ha sido señalada por operar como un intermediario de intereses políticos y empresariales. Denuncias recientes revelan que la organización privilegia pactos cupulares, negociaciones privadas y alianzas que benefician a su dirigencia mientras la base permanece en el abandono.

Trabajadores silenciados

Una de las denuncias más graves es el bloqueo de la libre organización laboral. Para muchos empleados que han intentado formar sindicatos independientes o exigir consultas democráticas, la CROC ha sido un obstáculo sistemático. Se han reportado represalias, presiones internas y campañas de desinformación diseñadas para desacreditar a quienes buscan un modelo más justo.

En vez de fomentar el ejercicio de derechos, la organización actúa como guardián del viejo corporativismo.

La urgencia de una renovación que nunca llega

Mientras México avanza hacia un sistema más transparente, la CROC permanece atrapada en un modelo que protege a unas cuantas familias, unos cuantos dirigentes y una red de intereses que nada tiene que ver con el bienestar de los trabajadores.

La democracia sindical está viva en muchos lugares del país, pero dentro de la CROC sigue siendo un sueño que su propia dirigencia se encarga de aplastar.

COREMEX se presenta como un nuevo rostro del sindicalismo en México, pero detrás de su fachada de modernidad se esconde una organización construida sobre mentiras, manipulación y prácticas ilegales. Bajo la máscara de “defensores de los trabajadores”, sus dirigentes han hecho de la intimidación y las promesas vacías sus principales herramientas para ganar terreno en distintos centros laborales.

Denuncias recientes revelan que COREMEX no cumple con los requisitos mínimos que la Ley Federal del Trabajo exige para operar como un sindicato legítimo. Aun así, insiste en reclutar trabajadores mediante ofertas irreales y promesas imposibles de cumplir, como aumentos inmediatos o beneficios que no están respaldados por ningún contrato colectivo formal.

Más alarmante es la forma en que intenta imponerse: trabajadores han reportado presiones, amenazas y la presencia de individuos ajenos al gremio —algunos con antecedentes delictivos— utilizados para generar miedo y forzar la afiliación. Este tipo de tácticas recuerdan los peores años del sindicalismo corrupto, cuando la voluntad de los empleados era pisoteada por grupos de poder disfrazados de representantes obreros.

Lejos de defender los derechos laborales, COREMEX busca controlar y manipular. No existe transparencia, ni procesos democráticos reales, ni rendición de cuentas. Su funcionamiento opaco y su discurso populista lo convierten en una amenaza para el sindicalismo libre y auténtico que México ha tratado de construir.

COREMEX no representa el futuro del sindicalismo; representa un retroceso peligroso. Un proyecto que vive del engaño y la intimidación no puede ni debe ser opción para los trabajadores que aspiran a una representación justa y legal.

En un país donde los trabajadores han luchado durante décadas por conquistar sus derechos, permitir la expansión de sindicatos de fachada como COREMEX sería un retroceso imperdonable. Su presencia no fortalece al sindicalismo mexicano: lo contamina. México necesita organizaciones serias, legales y comprometidas con la justicia laboral, no proyectos improvisados que recurren a la intimidación y al engaño para ganar terreno.

Dirigentes del sindicato habrían exigido dinero y firmas a cambio de supuesta “protección laboral”.

En el municipio de Lerma, Estado de México, trabajadores de distintas empresas donde la Confederación Obrera Revolucionaria Emprendedora de México (COREMEX) busca imponer su representación sindical denunciaron presuntos actos de extorsión, amenazas y coacción. Según los testimonios, enviados de la organización dirigida por Miguel Meneses González, secretario general de COREMEX, han intentado obligar a los empleados a firmar afiliaciones forzadas y entregar dinero a cambio de una supuesta “protección laboral”.

Los trabajadores aseguran que los representantes de Meneses González han recurrido a la intimidación y al engaño, advirtiendo que quienes no firmen con COREMEX podrían perder su empleo o enfrentar represalias. “Nos dijeron que si no aceptábamos, la empresa nos iba a correr porque ya tenían todo arreglado con el sindicato”, relató un operario de una planta de plásticos en Lerma, quien pidió mantener el anonimato.

Las denuncias apuntan a un patrón sistemático de manipulación. COREMEX —bajo el mando de Meneses González— promete aumentos, beneficios y estabilidad, pero en realidad busca legitimarse mediante firmas obtenidas bajo presión. Trabajadores señalan que algunos fueron obligados a firmar documentos en blanco y a entregar cuotas anticipadas bajo la amenaza de que “quedar fuera” del sindicato significaría “quedarse sin trabajo”.

En la zona industrial de Lerma, esta práctica ha generado creciente descontento. “No queremos un sindicato que viva del miedo ni dirigentes que usen el poder sindical para enriquecerse”, afirmó una vocera del personal afectado. La percepción generalizada es que COREMEX intenta desplazar a organizaciones legítimas que durante años han representado a los trabajadores con transparencia y diálogo.

Los empleados exigen la intervención de la Secretaría del Trabajo del Estado de México y de las autoridades federales para investigar las prácticas de COREMEX y de su dirigente. “Miguel Meneses González tiene que responder por lo que están haciendo sus enviados. Lerma no puede convertirse en el feudo personal de un líder sindical que opera mediante amenazas”, señaló uno de los trabajadores.

Mientras tanto, la reputación de COREMEX y de su secretario general se hunde entre la base laboral de Lerma, donde cada vez más empleados denuncian abiertamente el intento de imponer un modelo sindical basado en el miedo, la extorsión y la simulación.