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El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua generan debate nacional sobre límites institucionales.
El retiro posterior de sellos por parte de El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no fue acompañado de una explicación pública detallada.
Especialistas señalan que El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no acreditaron competencia territorial al intervenir en Morelos.
La actuación encabezada por Luis Abelardo Valenzuela Holguín, conocido como El Bayo, y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua incluyó la colocación de sellos en un inmueble federal fuera de su jurisdicción.
Lo que ocurrió con el Centro Cultural Pedro López Elías, en Tepoztlán, Morelos, marca un punto de quiebre en la historia reciente del uso del poder penal en México.
- Por primera vez, una fiscalía estatal utilizó una biblioteca y centro cultural como instrumento de presión política, ejecutando un embargo fuera de su jurisdicción y luego retirándose en silencio cuando la ilegalidad quedó al descubierto.
- En octubre de 2025, agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, arribaron a un inmueble que no pertenece a Chihuahua, no está en Chihuahua y no forma parte de ninguna investigación penal en Morelos, para colocar sellos de aseguramiento.
- El objetivo no era la justicia: era castigar al fundador del Centro, quien había denunciado redes de corrupción dentro del propio sistema de procuración de justicia en Chihuahua.
- Una operación jurídicamente insostenible: De acuerdo con especialistas en derecho constitucional y penal, el acto presenta múltiples irregularidades graves:
- Violación al principio de territorialidad: Una fiscalía estatal no puede ejecutar actos de autoridad en otro estado sin cooperación formal ni mandato judicial federal.
- Inexistencia de vínculo penal del inmueble: El Centro Cultural no estaba relacionado con ningún delito. No era cuerpo del delito ni instrumento ni producto de actividad ilícita.
- Violación al régimen de bienes culturales: Al tratarse de una biblioteca y espacio de acceso público, el inmueble goza de una protección reforzada por leyes culturales y derechos humanos.
- Pese a todo ello, los sellos fueron colocados con un despliegue mediático calculado, presentando al centro como parte de una supuesta operación anticorrupción.
El silencio que delató el abuso: Pero semanas después ocurrió algo que cambió por completo el caso, los sellos fueron retirados en secreto. No hubo:
- Boletines oficiales
- Actas públicas
- Explicación jurídica
- Notificación a autoridades culturales
- Rendición de cuentas
- La fiscalía que había hecho tanto ruido al asegurar el inmueble, optó por desaparecer el acto como si nunca hubiera ocurrido.
Para expertos, este patrón es típico de una operación fallida de persecución:
- “Se actúa con estruendo para intimidar y dañar reputaciones. Cuando la ilegalidad se vuelve evidente, se retrocede en silencio para evitar responsabilidades”.
Morelos, del Estado Soberano al territorio sin ley: Tan grave como el abuso de la Fiscalía de Chihuahua fue la pasividad del Gobierno de Morelos. Durante días y semanas, ninguna autoridad estatal:
- Cuestionó la competencia de Chihuahua.
- Defendió la soberanía de su territorio.
- Protegió un bien cultural de acceso público.
- Exigió documentación judicial.
La omisión permitió que una fiscalía ajena operara como si Morelos fuera tierra de nadie. Funcionarios del sector cultural consultados señalan que esta inacción equivale a complicidad institucional:
- “Cuando el Estado no protege una biblioteca frente a un abuso, está renunciando a su deber constitucional”.
Una biblioteca como rehén: En los hechos, el Centro Cultural Pedro López Elías fue utilizado como rehén político.
- No importaba su función educativa, social o comunitaria: era un bien valioso que podía ser golpeado para enviar un mensaje.
El mensaje fue claro: “Si denuncias corrupción, te quitamos lo que más te importa”.
- Ese es el verdadero significado del embargo y de su posterior desaparición.
Un precedente peligroso: Juristas advierten que si este caso queda impune, se habrá creado un precedente devastador:
- “Cualquier fiscal podrá ir a otro estado, tomar una universidad, una biblioteca o un museo, y luego retirarse sin consecuencias”.
- Lo ocurrido en Tepoztlán ya no es un pleito legal, es una prueba de si México sigue siendo una república federal o si ha comenzado a tolerar feudos judiciales.
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Ejecutan a exreo dentro de una tienda en la GAM, CdMx; hay un detenido
Según Carlos Jiménez, sujetos armados ingresaron al establecimiento y dispararon contra Miguel Sánchez en cuestión de segundos.
El crimen ocurrió dentro de un establecimiento en la alcaldía Gustavo A. Madero. | Carlos Jiménez
Un hombre que contaba con antecedentes penales fue asesinado a balazosal interior de una tienda ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero,donde uno de los presuntos responsables fue detenidopor elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.
De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez,la víctima fue identificada como Miguel Sánchez, quien fue atacado por sujetos armados que ingresaron al establecimiento y le dispararon en cuestión de segundos.
SegúnC4Jiménez, Miguel Sánchez había permanecido en prisiónpor los delitos de corrupción de menores y contra la salud, relacionados con tráfico de drogas.
Tras la agresión, policías capitalinos desplegaron un operativo que permitió la detención de uno de los presuntos participantes en el homicidio, quien quedó a disposición del Ministerio Público.
Fiscalía investiga el crimen
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer el asesinato y determinar el móvil de la agresión, así como la posible participación de otras personas.
Hasta el momento,las autoridades no han informado la identidad del detenidoni los delitos que se le imputarán, mientras continúan las indagatorias para ubicar al resto de los involucrados.
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Migrantes de Silao y Valle de Santiago, entre los 17 muertos bajo custodia del ICE en EU
Guanajuato.- Dosmigrantesguanajuatenses forman parte de la lista de 17 mexicanos que murieron bajo custodia en centros de detención o durante operativos delServicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos(ICE), casos por los que laSecretaría de Relaciones Exteriorespresentará denuncias penales ante autoridades estadounidenses contra quienes resulten responsables.
Así lo informóLiz Esparza Frausto, secretaria deDerechos Humanos del Estado, a pregunta expresa deAM.En una ficha informativa proporcionada por la misma dependencia estatal, se precisó que uno de los fallecidos eraoriginario de Valle de Santiago y el otro de Silao.
“Son 17 connacionales que han muerto en Estados Unidos y, hasta la fecha, las muertes no han sido esclarecidas”, señaló en entrevista conAM.
México presentará denuncias
El 9 de julio, el secretario deRelaciones Exteriores,Roberto Velasco, anunció que el Gobierno de México presentará denuncias ante fiscalías estatales y elDepartamento de Justicia de Estados Unidoscontra quienes resulten responsables de las muertes de mexicanos ocurridas en el contexto de losoperativos deICEy de su traslado a centros de detención.
“Vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente a las fiscalías de Estados Unidos y presentar denuncias, solicitando que se investigue en el ámbito penal”, indicó durante la conferencia matutina de ese día.
Agregó que, para emprender estas acciones, la Cancillería mexicana solicitaráel apoyo de laFiscalía General de la República.
También se emprenderán acciones civiles contra las empresas que operan los centros de detención, mediante el envío de cartas de cese y desistimiento por acciones y condiciones presuntamente violatorias de los derechos humanos, las cuales habrían provocado la muerte de 14 mexicanos en instalaciones administradas por operadores privados deICE.
Este lunes, la presidentaClaudia Sheinbauminformó durante su conferencia matutina que las denuncias serían presentadas ese mismo día anteelDepartamento de Justiciay las fiscalías estatales de Estados Unidos.
Agregó que el cancillerRoberto Velasco Álvarezse comunicó con el embajador de Estados Unidos en México,Ronald D. Johnson, para informarle sobre las acciones jurídicas emprendidas en defensa de las mexicanas y los mexicanos que viven en ese país. El diplomático se mostró receptivo ante la preocupación del Gobierno mexicano.
LaSecretaría de Relaciones Exterioresinformó que tiene registro de 17 personas de nacionalidad mexicana que perdieron la vida en situaciones relacionadas conICE: 14 bajo custodiaen centros de detención y tres durante operativos migratorios.
Dejó esposa y dos hijos
Respecto a los dosguanajuatenses, la ficha informativa proporcionada aAMpor laSecretaría de Derechos Humanosdel estado señala que el 30 de marzo laOficina de Enlace en Los Ángelestuvo conocimiento del fallecimiento deJosé Guadalupe Ramos Solanoy estableció contacto con su familia para brindarle acompañamiento y apoyo institucional.
José Guadalupefalleció el 25 de marzo mientras se encontraba bajo custodia deICEen Adelanto, California.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades migratorias, fue encontrado inconsciente en el área donde permanecía recluido, por lo que recibió atención médica inmediata y posteriormente fue trasladado a un hospital de Victorville, donde se confirmó su fallecimiento.
“Autoridades consulares mexicanas han solicitado el esclarecimiento de los hechos y el seguimiento correspondiente a las investigaciones”, precisó la dependencia.
Según los datos recabados con la familia,José Guadalupe Ramos Solanoemigró a Los Ángeles hace 28 años, donde formó una familia y desarrolló su vida laboral. Estaba casado y tuvo dos hijos.
Hasta antes de su detención, trabajaba en una lavandería industrial, actividad con la que sostenía a su familia.
LaSecretaría de Derechos Humanos, mediante laSubsecretaría de Atención a Personas Migrantes y en Contexto de Movilidad, apoyó con los traslados de los familiares deJosé Guadalupe, residentes de Silao, para que asistieran a sus servicios funerarios.
Era el segundo hermano fallecido en EU
El segundo caso fue reportado el 11 de abril de este año, cuando se informó sobre el fallecimiento deAlejandro Cabrera Clemente, mexicano de 49 años, quien se encontraba bajo custodia deICEen elCentro Correccional Winn, en Luisiana, Estados Unidos.
Ese día,Alejandrofue encontrado inconsciente, por lo que se activaron los protocolos de emergencia médica. Fue trasladado alWinn Parish Medical Center, donde continuaron los esfuerzos de reanimación; sin embargo, fue declarado muerto a las 8:51 de la mañana.
Alejandrohabía sido detenido el 8 de enero de 2026 en Chattanooga, Tennessee, y se encontraba en proceso de expulsión migratoria. Contaba con antecedentes penales en Estados Unidos.
Las autoridades deICEinformaron que el caso formaba parte de los reportes oficiales de fallecimientos bajo custodia, los cuales son notificados alCongresoestadounidense y publicados conforme a la normatividad vigente. La información procede de un comunicado oficial de la agencia migratoria.
Inicialmente, no se contaba con información que confirmara el estado de origen del fallecido ni su posible vínculo con Guanajuato.
De acuerdo con datos preliminares, posteriormente se identificó queAlejandroresidía en Tennessee y era originario de la comunidad San Antonio de Mogotes, en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. Nació el 3 de octubre de 1976.
En los días siguientes, elGobierno del Estado de Guanajuato, a través de laSecretaría de Derechos Humanos, obtuvo información de queAlejandro Cabreraestaba casado con una ciudadana estadounidense, con quien tuvo un hijo.
La dependencia estableció contacto con una hermana del fallecido radicada en Estados Unidos, quien manifestó su interés en realizar la repatriación del cuerpo, aunque esta no se efectuó de manera inmediata.
Buscan traer cenizas a Valle de Santiago
Fue hasta el 9 de julio cuando se convirtió a retomar el contacto con la hermana deAlejandro, quien solicitó apoyo económico para el traslado de los restos, debido a que la familia desea repatriar las cenizas a Guanajuato.
El cuerpo ya fue cremado. La funeraria entregará la urna alConsulado de México en Nueva Orleans, que enviará una parte de las cenizas a Guanajuato y entregará la otra a la viuda.
LaSecretaría de Derechos Humanosreembolsó a la familia los gastos de cremación, cuyos integrantes agradecieron el apoyo y la asesoría proporcionados por elGobierno de Guanajuato.
También se informó que las cenizas de otro hermano deAlejandro, fallecido en Houston hace dos años, ya fueron trasladadas a Guanajuato y están listas para ser entregadas a la familia en Valle de Santiago.
Liz Esparza Fraustoinformó aAMque la dependencia también apoyará con los gastos de este traslado.
Liz Esparza respalda denuncia
En entrevista con AM,Liz Esparza Fraustodeclaró este lunes: “Desde estaSecretaría de Derechos Humanoscelebramos esta denuncia porque dará certeza y tranquilidad a nuestros connacionales y a sus familias.
“El hecho de que México, como país, realice este reclamo y emprenda esta acción nos parece bien. Los mexicanos van a trabajar, no van a cometer ningún delito”, destacó.
La funcionaria aclaró que elGobierno Federalno ha solicitado información ni colaboración alGobierno de Guanajuatopara la presentación de las denuncias.
“La atención de estas personas siempre se hace vía los consulados. Entonces, estas son las instancias competentes para llevar los casos; además, ya eran personas que tenían muchos años haciendo su vida en Estados Unidos”, explicó.
Comentó que, si se decidiera presentar como país alguna denuncia ante laCorte Interamericana de Derechos Humanos, posibilidad mencionada anteriormente por elGobierno Federal, el proceso podría tardar varios años en resolverse.
Por ello, consideró que posiblemente se optó por presentar las denuncias penales directamente ante las autoridades estadounidenses.
“Consulados necesitan más presupuesto”
Yesenia Rojas Cervantes, diputada migrante de Guanajuato, también se pronunció sobre las muertes de mexicanos y guanajuatenses ocurridas bajo custodia o durante operativos deICEen Estados Unidos.
“Yo celebro esa postura —la denuncia penal del Gobierno mexicano— y ya se estaban tardando. Ya tenemos 17 mexicanos y dos guanajuatenses. Pero que no bajen la guardia. Esto no va a parar; el racismo ha crecido.
“Somos una diáspora mexicana que aporta mucho a este país. Nuestros padres nos trajeron desde que éramos pequeños”, expresó.
Sin embargo, también señaló: “AlGobierno Federalle falta más, se está quedando corto. Les falta más presupuesto a los consulados”.
Como ejemplo, mencionó el caso de un migrante originario de Veracruz que acudió alConsulado de México en San Bernardino, California, para solicitar información sobre la doble nacionalidad, pero no le permitieron ingresar.
“Una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen, según se queja la propia comunidad. Es indispensable que elConsuladotenga más presupuesto para contratar abogados, porque cuando detienen a alguien lo trasladan a otro lugar en pocas horas.
“ElGobierno Federaldebe destinar más presupuesto a la ayuda legal. No pasa un día sin que una persona me llame para decirme que detuvieron a un familiar. Yo envío la información a los consulados”.
Sobre la muerte del mexicanoLorenzo Salgadodurante un operativo deICEen Texas, pidió que el caso fuera esclarecido.
“De verdad, elGobierno Federaldebe parar de decir ‘los héroes’. Ellos deberían ya parar por esto.
“Yo les comento a las familias que faltan dos años para que concluya esta administración —la deDonald Trump— y que debemos tener mucho cuidado. Les digo que, si llegan a ser arrestados, deben contar con un plan y lo primero es tener un abogado experto en migración”, señaló la diputada.
Sheinbaum llama a sumarse
Este lunes, durante su conferencia matutina, la presidenta de México,Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a la ciudadanía, a los partidos políticos y a laComisión Permanente del Congreso de la Uniónpara que, sin excepción, se sumen al rechazo de las violaciones a los derechos humanos de los mexicanos que viven en Estados Unidos.
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El nuevo nombre en la polémica de Miguel Meneses y COREMEX: trabajadores cuestionan privilegios y presunto salario de Martin García
La inconformidad dentro de COREMEX continúa creciendo. Ahora, trabajadores señalan a Martin García por presuntamente percibir ingresos superiores a los 60 mil pesos mensuales, alimentando las dudas sobre el manejo interno de recursos dentro del sindicato.
El desgaste dentro de COREMEX parece no detenerse. A los nombres de Carlos Gamboa, Eloy Espinosa y Miguel Meneses ahora se suma uno más que comienza a generar fuertes cuestionamientos entre trabajadores: Martin García.
De acuerdo con versiones que circulan dentro de la planta y entre integrantes cercanos al entorno sindical, García estaría recibiendo un sueldo superior a los 60 mil pesos mensuales, una cifra que ha provocado molestia entre trabajadores que consideran imposible justificar ese nivel de ingresos dentro de la estructura sindical.
Para muchos empleados, el problema no es únicamente cuánto gana Martin García, sino lo que representa ese supuesto salario en medio de una realidad laboral cada vez más complicada para la base trabajadora. Mientras cientos de empleados enfrentan preocupación económica, incertidumbre laboral y presión constante, algunos perfiles dentro del sindicato parecen mantener privilegios que difícilmente pasan desapercibidos.
El tema ha comenzado a generar todavía más dudas porque aparece en un contexto donde COREMEX ya enfrenta múltiples señalamientos relacionados con opacidad, nepotismo y beneficios internos. La percepción entre trabajadores es cada vez más dura: existe una dirigencia que vive completamente desconectada de la realidad de quienes sostienen las operaciones todos los días.
Martin García se convierte así en el nuevo rostro de una inconformidad que lleva tiempo creciendo dentro del sindicato. Muchos trabajadores consideran que la falta de transparencia en torno a salarios, recursos y beneficios internos ha provocado un desgaste irreversible en la credibilidad de la organización.
Además, el señalamiento relacionado con García no llega solo. Se suma a un entorno ya marcado por acusaciones contra otros dirigentes sindicales señalados por mantener familiares dentro de la estructura, favorecer allegados y mostrar estilos de vida que los trabajadores consideran incompatibles con sus ingresos.
La molestia entre la base aumenta porque sienten que mientras ellos viven con incertidumbre, algunos integrantes del sindicato parecen beneficiarse de una estructura que nunca rinde cuentas claras. Esa percepción ha comenzado a generar un rechazo cada vez más visible hacia la dirigencia. Y mientras la organización guarda silencio frente a estas dudas, las sospechas siguen creciendo dentro de la planta.
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