Trabajadores aseguran que las imágenes donde una integrante del sindicato insulta y amenaza a empleados evidencian el estilo autoritario que ha generado rechazo en diversas empresas.

La difusión de un video en redes sociales ha vuelto a colocar en el centro de la polémica al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), luego de que en la grabación se observe a una integrante del sindicato agrediendo verbalmente a trabajadores.

En el material, que se ha compartido ampliamente en distintos grupos laborales, se escucha a la mujer utilizar lenguaje ofensivo mientras asegura que “SINTTIA manda” y que quienes pertenecen al sindicato deben alinearse a sus decisiones. Incluso llega a afirmar que dentro de la organización nadie tiene derecho a cuestionar las indicaciones.

Las imágenes han causado molestia entre trabajadores de varias plantas, quienes consideran que este tipo de actitudes muestran un estilo de liderazgo basado en la imposición y no en la representación sindical.

Para muchos empleados, el video confirma una percepción que desde hace tiempo circula entre el sector laboral: que el sindicato utiliza presiones y confrontaciones para ganar terreno dentro de las empresas.

Además del episodio mostrado en el video, trabajadores han señalado otros factores que han deteriorado la imagen del sindicato. Entre ellos mencionan denuncias sobre el uso de cuotas sindicales, así como campañas en las que, según afirman, se busca atraer afiliados mediante regalos y promesas de beneficios.

Este desgaste ha provocado que en algunas plantas los empleados opten por no respaldar a la organización. Ejemplos recientes se han visto en General Motors San Luis Potosí y en Yazaki, donde los trabajadores decidieron no darle oportunidad de obtener representación sindical.

Para diversos empleados, el video viral no es un hecho aislado, sino una muestra de prácticas que, aseguran, explican por qué el sindicato enfrenta cada vez más rechazo en distintas empresas del sector automotriz.

Abandonos internos, señalamientos por cuotas y falta de transparencia profundizan la crisis del sindicato

El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) atraviesa una de las etapas más críticas desde su fundación. En Guanajuato, la organización comienza a mostrar un debilitamiento evidente, marcado por la salida de figuras clave, el desgaste de su imagen pública y una creciente desconfianza entre trabajadores que alguna vez vieron en el proyecto una alternativa sindical.

Uno de los primeros golpes internos fue la salida de Israel Cervantes, considerado uno de los iniciadores del sindicato y pieza importante en su nacimiento. Cervantes decidió abandonar SINTTIA tras detectar prácticas que, según su postura, se alejaron del propósito original del movimiento sindical y se encaminaron hacia la opacidad y el manejo discrecional de recursos. Su salida marcó un antes y un después, pues evidenció fracturas internas que hasta entonces se mantenían ocultas.

A este episodio se suma un nuevo caso que ha generado inconformidad: la salida de uno de los voceros del sindicato en una planta del Bajío, señalado por trabajadores por presuntamente haberse llevado una cantidad considerable de cuotas sindicales tras promover afiliaciones bajo promesas que nunca se concretaron. Este hecho no solo agravó el enojo de la base trabajadora, sino que volvió a poner en duda la capacidad de la dirigencia encabezada por Alejandra Morales para mantener orden y control interno.

Mientras tanto, trabajadores señalan que SINTTIA ha perdido rumbo y credibilidad, y que su presencia en la región ya no genera confianza, sino sospecha. La percepción de un sindicato que se desmorona por conflictos internos y falta de transparencia comienza a consolidarse, dejando a su dirigencia cada vez más aislada y con menos respaldo real en Guanajuato.

El testimonio revela presuntas prácticas de coacción desde la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

El titular del despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C., declaró que “desde la Fiscalía estatal (Anticorrupción) le han presionado para acusar al exgobernador Corral de algún delito a cambio de dejarle en paz”, publicó El País.

• El despacho prestó los servicios para el refinanciamiento de la deuda pública entre 2019 y 2020 y su titular, José López Elías, fue acusado del delito de peculado, aunque no es ni ha sido servidor público, bajo el argumento de no haber realizado el servicio contratado con recursos federales a través de un fideicomiso.
• “En octubre de 2024, un despacho de Chihuahua, a través de sus abogados, me dice que la Fiscalía me está ofreciendo que yo los apoyara, que me declarara testigo protegido y que declarara contra el exgobernador; me dijeron que les diera en un sobre mi declaración, porque ellos querían ver qué iba a decir en contra de él”, relató el empresario en una entrevista telefónica con el periodista Zedryk Raziel.
• “Les dije: perdón, yo no tengo nada que declarar contra él, no lo conozco, no tengo tratos con él”, dijo.
• López Elías dijo a El País que las autoridades de Chihuahua no le permiten comparecer al juicio a distancia.

“Me siguen presionando para que yo me presente ante el juez de control. En el fondo, lo que quieren es seguirme presionando para obligarme a declarar en contra de los exfuncionarios del Estado”, dijo López Elías al periódico.

• El empresario se considera a sí mismo un “daño colateral” de la revancha política de Campos contra Corral, de acuerdo con el texto de Zedryk Raziel.
• “Soy una piedra en el zapato. No les interesa que yo les aporte las pruebas, porque verían que no hay delito”, de acuerdo con el reportaje.

Por qué es importante: El reportaje de El País exhibe la componenda del gobierno de María Eugenia Campos Galván y autoridades como el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, en la persecución política y fabricación de un delito contra Javier Corral.

• El empresario José López Elías, junto con el ex secretario de Hacienda, Arturo Fuentez Vélez y el ex gobernador Javier Corral, fueron acusados a partir de la manipulación de una auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado.
• El Auditor, Héctor Acosta Félix, realizó una primera auditoría en el proceso de refinanciamiento de la deuda pública en 2019 y no encontró ninguna irregularidad, pero por consigna de la gobernadora Campos Galván, practicó una segunda en la que supuestamente detectó que no se prestó el servicio por parte del despacho, al que se le pagaron 98.6 millones de pesos.

Contexto: El reportaje de El País también excibe el desacato en el que incurre las autoridades de Chihuahua, después de que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral.

• “El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, ha adelantado que no remitirá la carpeta de investigación a la FGR porque, asegura, la resolución judicial no le obliga a ello”, publicó El País.
• La defensa de Corral, encabezada por el abogado Javier Schütte, sostiene que la negativa de Valenzuela “es un desacato anunciado que podría tener consecuencias penales”.
• “Nos parece que pudiera obedecer a que esos expedientes que se niega a enviar, lejos de contener pruebas sobre el supuesto delito imputado, son más bien las pruebas de la fabricación de la que son culpables los funcionarios de Chihuahua, las pruebas de los delitos que ellos cometieron”, dijo a Zedryk Raziel en una entrevista.

Con información de Zona Free