En el conflicto laboral del Nacional Monte de Piedad, la actuación de Arturo Alcalde Justiniani ha dejado de percibirse como la de un abogado que litiga un diferendo laboral. Hoy su papel aparece cada vez más vinculado al sostenimiento político, jurídico y mediático de Arturo Zayún, dirigente sindical cuya permanencia al frente del gremio enfrenta un desgaste creciente y múltiples cuestionamientos públicos.

A más de seis meses del estallamiento de la huelga —iniciada el 1 de octubre de 2025—, el conflicto ha evolucionado de una disputa por condiciones laborales a una confrontación marcada por el control sindical. El saldo es significativo: más de 300 sucursales cerradas, afectaciones acumuladas para usuarios, trabajadores e institución, y una crisis que no ha encontrado salida pese al paso del tiempo.

El 20 de febrero de 2026 se registró un punto de inflexión, cuando una autoridad judicial concedió un amparo a Nacional Monte de Piedad y declaró inexistente la huelga. Sin embargo, lejos de reconfigurar la estrategia, la dirigencia encabezada por Zayún —con el respaldo de Alcalde— optó por prolongar el conflicto mediante recursos legales, manteniendo activa una disputa que jurídicamente perdió su sustento original.

En este contexto, la intervención de Alcalde ha sido interpretada por distintos observadores como algo más que una defensa técnica. Su participación se ha alineado con la protección integral de la dirigencia sindical, en un momento en que Zayún enfrenta señalamientos por opacidad, concentración de poder y presunto enriquecimiento. Investigaciones periodísticas han documentado una posible acumulación patrimonial superior a los 300 millones de pesos durante su gestión, lo que ha profundizado el desgaste de su liderazgo.

Pese a ello, la postura del abogado laboralista ha sido de respaldo constante, sin distanciamientos ni matices visibles. Esta cercanía no sólo ha fortalecido la estrategia de confrontación, sino que también ha generado cuestionamientos sobre la congruencia entre la defensa de este caso y las posturas históricas de Alcalde en favor de la democratización sindical.

Mientras tanto, el conflicto continúa acumulando costos. La prolongación de la huelga ha impactado directamente a la base trabajadora, que permanece en un escenario de incertidumbre, así como a la operación institucional del Nacional Monte de Piedad. En paralelo, la narrativa inicial del conflicto ha perdido fuerza frente a una percepción creciente de que la disputa responde, en buena medida, a la permanencia de la dirigencia sindical.

Trabajadores de los tres turnos participan en la consulta que definirá la titularidad del contrato colectivo en la planta automotriz.

Irapuato, Guanajuato.— En un ambiente de orden y participación constante, trabajadores de la planta Draxton en Irapuato continúan emitiendo su voto para definir la titularidad del contrato colectivo de trabajo, en una jornada que hasta el momento se ha desarrollado sin incidentes.

De acuerdo con información generada durante el propio proceso, al corte de las 18:00 horas la tendencia observada a lo largo del día se mantiene, con el sindicato CONASIM posicionándose a la cabeza de las preferencias entre quienes han participado en la consulta.

La votación se realiza en la Planta 2 del complejo industrial, donde personal de los tres turnos ha acudido de forma escalonada a ejercer su derecho al voto, bajo un esquema que contempla la participación directa de los trabajadores mediante sufragio libre y secreto.

En esta elección sindical compiten el sindicato CONASIM, actual titular del contrato colectivo de trabajo, y el sindicato SINTTIA, organización que presentó por segunda ocasión la solicitud para disputar la representación laboral dentro de la empresa.

El caso de Draxton ha generado interés dentro del sector manufacturero debido a que el conflicto sindical que dio origen a esta consulta se ha extendido por más de dos años, convirtiéndose en uno de los procesos de titularidad más largos registrados en la industria automotriz bajo el nuevo marco laboral derivado del T-MEC.

• Con más de dos décadas de trayectoria en el desarrollo de vivienda, Raúl Araiza Torres ha participado en proyectos habitacionales en distintas zonas de la ciudad

Su conocimiento del entorno urbano ha permitido identificar áreas de crecimiento y necesidades de vivienda

San Miguel de Allende ha experimentado en las últimas décadas un crecimiento urbano sostenido que ha transformado su dinámica económica y social. En ese proceso, diversos empresarios locales han participado en el desarrollo de proyectos habitacionales que buscan responder a la demanda de vivienda en la región.

Entre ellos se encuentra Raúl Araiza Torres, empresario originario de San Miguel de Allende, quien desde hace más de veinte años ha desarrollado proyectos inmobiliarios en la ciudad, con una trayectoria vinculada al crecimiento de diversas zonas residenciales.

A lo largo de este tiempo, su actividad empresarial ha estado enfocada en la construcción y desarrollo de vivienda, participando en proyectos que han acompañado la expansión urbana de la ciudad y la llegada de nuevos residentes atraídos por el dinamismo económico y cultural del municipio.

El conocimiento del entorno local ha sido uno de los factores que han marcado su trayectoria. Haber crecido y desarrollado su actividad profesional en San Miguel de Allende le ha permitido conocer de cerca las necesidades de vivienda y las particularidades del crecimiento urbano de la ciudad.

En ese sentido, Araiza Torres ha señalado en diversas ocasiones que el desarrollo inmobiliario debe entenderse como parte de un proceso más amplio de transformación urbana, donde la inversión privada y la planeación territorial deben caminar de la mano para fortalecer el desarrollo ordenado de la ciudad.

Actualmente, el sector de la vivienda continúa siendo uno de los motores económicos de San Miguel de Allende, generando empleo y atrayendo inversión, en un contexto donde el crecimiento urbano exige soluciones habitacionales cada vez más diversas.