En Guanajuato el Poder Judicial pide recursos para cumplir con Código Nacional de Procedimientos Civiles

Para que el Poder Judicial de Guanajuato pueda transitar al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la comisión de Justicia del congreso local, aprobó el dictamen para exhortar al gobierno federal para que designe recursos para tal fin. 

Como antecedente, este decreto fue publicado el 7 de junio de 2023 en el Diario Oficial de la Federación.

Ante ello, el exhorto es para que el Gobierno de López Obrador, en ejercicio de sus facultades, incorpore en el PEF 2024, los recursos suficientes para los poderes judiciales de las entidades federativas, entre ellos Guanajuato, se camine al nuevo Código. 

Dicho punto de acuerdo busca exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y al Pleno de la Cámara de Diputados para que incorporen en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2024, los recursos suficientes para su operación. 

Dicho ordenamiento representa un hito mayor para el derecho en México y tendrá incidencia en la vida de millones de personas en tanto busca establecer procedimientos homologados en todo el país para dirimir las controversias entre particulares.  

En el exhorto se desglosa que en 2021 ingresaron en el conjunto de los tribunales estatales del país 2 millones 130 mil 586 asuntos.  

De éstos, 45% corresponden a cuestiones de naturaleza familiar y 25% a la materia civil, lo que quiere decir que el 70% de la litigiosidad nacional, casi 1.5 millones de juicios, corresponde a conflictos que tienen que ver con divorcios, pensiones alimentarias, custodias, adopciones, arrendamientos, contratos, sucesiones, sólo por señalar algunos de los más indicativos.  

La implementación de las diversas disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares presenta retos extraordinarios para las entidades federativas en tanto que corresponderá a los poderes judiciales de los estados su implementación.  

Las exigencias incluyen nueva infraestructura, adaptaciones en los espacios físicos y de una fuerte inversión en capacitación y en recursos tecnológicos que permita que la centralización normativa tenga el éxito deseado y no genere, por el contrario, una justicia lenta, onerosa e insatisfactoria. 

Ante ello se propone la asignación de recursos a los poderes judiciales de los estados.