En riesgo 853 escuelas particulares de Guanajuato, de aprobarse NOM-237

En Guanajuato 852 de 48 mil escuelas particulares que hay en el país están en riesgo de cerrar sus puertas, de aprobarse el proyecto de la Norma Oficial Mexicana ‘PROY-NOM-237-SE-2020’, considerada un atentado contra la educación privada, que dará pie a un negocio millonario para unas cuantas empresas certificadoras.

Así lo plantearon los representantes de las cinco asociaciones de escuelas particulares del país, al señalar que la NOM-237 los obliga a:

• No exigir el pago de colegiaturas durante tres meses y 15 días, pero sí a continuar prestando el servicio de educación.
• Certificar cada dos años el cumplimiento de la NOM 237 ante organismos autorizados por PROFECO y Secretaría de Economía.
• Registrar contratos celebrados con usuarios del servicio de educación ante PROFECO  e incluir cláusulas definidas por la procuraduría, de la que dependerá lo que se debe o no cobrar.
• Renunciar al derecho de recurrir al Poder Judicial para dirimir controversias del contrato, de lo que se hará cargo únicamente PROFECO
• Poder notarial del representante legal, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio con un costo de 3 a 5 mil pesos más mil 910 pesos por derechos de registro. 
• Las modalidades educativas implicaría la aceleración de un contrato con el usuario  cada tres o cuatro meses.

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Estas son sólo algunas de las implicaciones de la norma, que también incluye temas de uniformes, infraestructura y equipamiento. 

“Esto equivaldría a no contar entre 25 y el 35% de los ingresos anuales, lo anterior sin tomar en cuenta que los flujos de operación mensuales serán afectados y orilla a las instituciones a contratar créditos para pagar nómina y costo, lo que aumentaría gastos del 14% dependiendo de instituciones bancarias” dijo Graciela Meza Díaz, presidenta de la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares incorporadas a la SEP. 

Explicó que de no cumplir con la NOM se pagarían dobles multas, contempladas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y cuyo monto asciende a los 89 mil 620 hasta un millón 344 mil 300 pesos y el retiro de validez oficial. 

También contempla que la Ley General del Protección de Datos Personales en posesión de particulares, contempla una multa de  14 mil 170 hasta más de 45 mil  pesos y cárcel de tres meses a seis años. 

Derivado de esto y un estudio de las escuelas particulares del país, se mencionó que se estima que 4 de cada 10 instituciones pueden desaparecer. 

Irregularidades en la mesa de trabajo

Los representantes de las cinco asociaciones de escuelas particulares anunciaron que por irregularidades decidieron abandonar la mesa del trabajo para la elaboración del proyecto de NOM- 237, donde intervienen la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Economía (SE) y el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), así como asesores externos del gobierno. 

“Han coartado nuestra libertad de expresión, haciendo uso hostil e intransigente de su calidad de autoridad; y han restringido la posibilidad de diálogo cuando se expresa algo contrario a lo que es su interés escuchar, hasta el punto de expulsar sin razón o justificación, a representantes de las escuelas particulares, y haciendo gala del autoritarismo cancelan la transmisión”. 

 A pesar de haber recibido la invitación para participar, denunciaron que las autoridades federales no toman en cuenta sus aportaciones y señalamientos.

“Se nos calla de forma arbitraria y se nos hizo firmar un documento de confidencialidad para que ninguno de los asistentes pudiéramos dar a conocer nuestros desacuerdos por la forma como lo están realizando. Al término de cada una de las sesiones plenarias que se han desarrollado, no se han compartido las minutas y la autoridad insiste en denominar como acuerdos, a pesar de no serlo porque no nos han permitido incluir nuestra oposición al respecto”. 

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Cabe señalar que las organizaciones que participan son: Alianza de Colegios Multiculturales de México (ACOMM); Alianza para la Educación Superior (ALPES); Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE – ANEP); Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI); y la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP).  

Hace una semana integrantes de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) rechazaron el proyecto NOM 237, creado por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía para regular los servicios educativos de las escuelas privadas, evitando así cobro excesivos sin aparentemente justificación. 

Los prestadores de servicios educativos coinciden con padres de familia en que  de aplicarse la NOM 237 generaría una sobrerregulación que traerá como consecuencia costos adicionales de operación para la educación particular, lo que afectará los bolsillos de las familias y desaparecerá a las escuelas particulares más pequeñas, además de generar  un negocio millonario para unas cuantas empresas certificadoras.

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Para los representantes de la educación privada, la prestación del servicio que ofrecen se regula a través de la Ley General de Educación (LGE) y la Ley General de Educación Superior (LEGS), cuyo cumplimiento es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP).  

Por ello, consideran que la Secretaría de Economía y la PROFECO carecen de facultades para emitir normas e intervenir en materia educativa, pues argumentaron que las escuelas particulares no son proveedores, ni los educandos consumidores.

“No tienen por qué duplicar supervisiones ni sanciones a través de una norma emitida por una autoridad que carece de facultades y que la Ley de Protección al Consumidor le prohíbe. Es momento de apoyar al sector educación, no de sobre regular y hacer negocio con certificaciones fuera del marco de la Ley General de Educación”.

Fuente: Zona Franca.