En Guanajuato, funcionarios son acusados de recibir apoyos estatales

La presidenta, la directora, cinco funcionarias del DIF y la titular del Catastro del gobierno panista del municipio de Victoria reciben el apoyo mensual de mil pesos de la tarjeta “Mujeres Grandeza”, acusó el diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, al momento de proponer un punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a que “ordene una investigación amplia y profunda”.

El punto de acuerdo exhorta al gobernador a que realice una investigación en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) por “la irregularidad que representa que ocho funcionarias del DIF del municipio de Victoria, sean beneficiarias del programa estatal “Mujeres Grandeza”, enfocado en atender a mujeres vulnerables en situación de pobreza, y así mismo, de vista al órgano interno de control”.

La obvia resolución fue rechazada por los grupos parlamentarios del PAN, PRI y MC y el punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Desarrollo Económico para su análisis y dictamen.

En la exposición de motivos, Ernesto Prieto recordó que difundió que reciben el apoyo estatal la presidenta del DIF, Gabriela Hernández Ortega; la directora del organismo, Lorena Ramírez Cabrera; la titular del área de Asistencia Alimentaria, Martha Alicia Dorado Suarez; la directora de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, Areli Getsemani Camacho Jaime; la trabajadora social, Mariel Espino Salas; la empleada de Red Móvil, Giovanna Ivette Sánchez Lugo, colaboradora de la Red Móvil; la directora del Catastro, Yaremi Chavero Casas; y la hermana de la presidenta del DIF, María Fernanda Hernández Ortega.

El Programa Apoyo Mujeres Grandeza “se diseñó para atender prioritariamente a mujeres vulnerables que viven en situación de pobreza, por lo que entonces, quienes son funcionarias municipales, puede señalarse que cuentan con un empleo formal y estable, y por ende no cumplen con la caracterización prioritaria de este programa estatal”, expuso el legislador.

Agregó que Victoria, ubicado en el noreste del estado, viven mujeres con mayores necesidades, con mayor vulnerabilidad y en situación de pobreza, que no es el caso de las funcionarias municipales.

El alcalde panista de Victoria, Juan Diego Ramírez Rincón, afirmó que las funcionarias no entregaron documentos para que las afiliaran al programa, situación que ventila que la Sedeshu no cumple con las reglas de operación del programa, recriminó.

“Sin duda alguna, debe investigarse esta situación” por eso el gobernador debe ordenar una investigación amplia dar vista al órgano interno de control de las irregularidades detectadas, consideró Ernesto Prieto.

El diputado panista, Armando Rangel Hernández, subió a tribuna para rechazar la obvia resolución del punto de acuerdo, pero reconoció que es verdad y que es grave que funcionarias reciban el apoyo estatal.

“Es evidente que los hechos que ha narrado el diputado Ernesto Prieto Gallardo son ciertos, no solo son ciertos, también son graves porque ponen en entredicho los lineamientos para los cuales los programas sociales, en Guanajuato, se han creado”, expuso en tribuna.

Agregó que el Congreso no puede darle “carpetazo” a situaciones como las acontecidas en el municipio de Victoria.

“El grupo mayoritario -del PAN- no puede darle carpetazo para que no se atienda, pero tampoco los proponentes pueden darle carpetazo y esperar a que se apruebe un exhorto, que este quede como un llamado a misa”, sostuvo el panista.

A pesar de reconocer la gravedad del tema, Armando Rangel dijo que votarían contra la obvia resolución para que los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico tengan un diálogo con el gobernador y “se esclarezcan los hechos a cabalidad”.

“Ratificamos nuestro compromiso con la población más vulnerable, con la que vive en situación de pobreza, ratificamos nuestro compromiso con las mujeres, ratificamos también el compromiso con la aplicación transparente de los recursos”, manifestó.

La diputada morenista, Alma Alcaraz Hernández, acusó a la Secretaría de Desarrollo Social -que encabeza Libia García Muñoz Ledo, virtual candidata a gobernadora- de ser una herramienta de uso político de la pobreza.

La política social de Guanajuato solo tiene fines electorales y “dar apoyos a su base clientelar, en especial a la estructura electoral que movilizan el día de las elecciones”, acusó.