Sentencia a 67 asesinos de policías en lo que va del sexenio en Guanajuato

Guanajuato es el estado con más policías asesinados en todo el país, con 405 en lo que va del sexenio, ello de acuerdo a cifras de la A.C. «Causa en Común» que ha catalogado a la entidad como el más mortal para los policías y de manera particular a Celaya, como la ciudad más peligrosa, para ejerce esta labor.

No obstante, de acuerdo a cifras oficiales del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en lo que va del sexenio, 67 criminales han sido sentenciados y se encuentran tras las rejas por el asesinato de elementos de policía tanto municipales, como de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Esto implica que en promedio solo el 16 por ciento de los asesinatos de policías, han terminado con un responsable tras las rejas. Del total de sentencias emitidas por homicidio de policías, de manera desglosada se tiene que siete fueron en el año 2018 y que para el 2019 se lograron ocho sentencias condenatorias.

La cifra incrementó hasta seis durante el 2020, pero decreció ligeramente en 2021 con solo cinco sentencias. El año 2022, es el de mayores registros con un total de 20 sentencias y para 2023 se obtuvieron 17, finalmente con corte del mes de marzo del 2024 se tiene registro de cuatro sentencias condenatorias emitidas.

Lograr sentencias condenatorias y dar con los responsables de estos crímenes es fundamental no solo para dar justicia a sus familias, también para enviar un mensaje claro a los grupos delictivos que perpetran los ataques, de que hay cero tolerancia y cero impunidad.

Las cifras de la asociación civil «Causa en Común» en su recuento hemerográfico, basado en notas periodísticas, denominado «Policías Asesinados«, reflejan que en el estado de Guanajuato desde enero del 2018 y hasta el 4 de marzo de 2024, hubo al menos 405 homicidios dolosos de policías registrados en la entidad, en su mayoría elementos municipales.

Cabe destacar que el Código Penal del Estado de Guanajuato en su artículo 141a, establece que al responsable de homicidio en contra de servidores públicos por motivo de sus funciones de seguridad pública, de investigación de delitos, de procuración o administración de justicia en materia penal, de ejecución de penas, de su cónyuge o de sus parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado o con quien viva en concubinato, se le impondrá de treinta a sesenta años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.