FGE archivó 25 denuncias de la ASEG entre 2014 y 2019

La Fiscalía General del Estado (FGE) archivó 25 denuncias penales que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) interpuso, por presuntos daños al erario calculados en 10 millones 552 mil pesos.

En el informe de labores 2022 de la ASEG, entregado a la Comisión de Hacienda del Congreso local, se detalla que existen 140 denuncias penales en trámite por peculado, fraude, abuso de autoridad, tráfico de influencias, pero la FGE archivó 25 presentadas entre 2014 y 2019.

Las querellas archivadas se interpusieron contra servidores públicos de los municipios de San Luis de la Paz, Pueblo Nuevo, Santiago Maravatío, Jaral del Progreso, Pénjamo, San Felipe, San Miguel de Allende, Tarimoro, Coroneo, Tierra Blanca, Villagrán, Jerécuaro y Romita, así como del Sistema de Agua de Salvatierra, la Secretaría de Turismo y el Poder Ejecutivo estatales.

El fiscal especializado en combate a la corrupción, Antonio Medina Torres, archivó una denuncia por un presunto daño de 8 millones de pesos a la Secretaría de Turismo, detectado durante 2017 en la cuenta 5136361200 de “Difusión por Medios Alternativos sobre Programas y Actividades Gubernamentales”.

La ASEG detectó que la Secretaría de Turismo, cuando la encabezó Fernando Olivera Rocha, pagó 8 millones de pesos a la empresa News Media para difundir una campaña en revistas y anuncios espectaculares en varias ciudades de Estados Unidos.

“La evidencia proporcionada no acredita la realización de la campaña contratada”, determinó la Auditoría Superior, pero la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción archivó el caso al considerar que no había delito.

Medina Torres también archivó una denuncia contra el gobierno de San Miguel de Allende por un daño superior a 626 mil pesos, localizado por el pago de un anticipo a la empresa Regarro del Bajío por la elaboración del proyecto de un “parque lineal”.

En la administración municipal 2012-2015 de San Miguel de Allende, que encabezó el priísta Mauricio Trejo Pureco, los auditores descubrieron un posible fraude porque la contratación fue “injustificada”, al existir un proyecto igual.

“El contenido del producto final resultó ser idéntico” al que realizó el arquitecto Manuel Méndez Martínez para la administración 2009-2012 –a cargo de Luz María Núñez Flores—, destaca la auditoría que derivó en la denuncia hoy arrumbada.

En el archivo “Información Complementaria”, la ASEG argumentó que no puede impugnar la determinación del Ministerio Público, porque no tiene el carácter de víctima.

Por irregularidades en la aplicación de fondos públicos hay 31 expedientes en el Tribunal de Justicia Administrativa, 140 denuncias penales y 42 procesos civiles, detalla el informe del ente fiscalizador.

El ex alcalde de San Miguel de Allende Trejo Pureco también fue denunciado por usar 779 mil pesos del erario para pagar el sueldo de dos empleados de su bar El Grito.

El caso fue judicializado y Mauricio Trejo –nuevamente alcalde de San Miguel de Allende para el trienio 2021-2024—, fue vinculado a proceso en febrero de 2021, pero el 10 de enero de 2023 la juez de control Marcela Ramos Rodríguez decretó el sobreseimiento de la causa penal a petición del abogado defensor Pablo González Sierra, quien usó la investigación de la FGE como elemento a favor del imputado.

La ASEG determinó que Diego García y Claudia Barragán, trabajadores de El Grito, eran aviadores –cobraban sin trabajar— en la Tesorería Municipal.

La investigación complementaria del Ministerio Público se basó en entrevistas realizadas a delegados, comisarios ejidales, funcionarios y prestadores de servicio que tienen una relación de subordinación y comercial con Trejo Pureco.

Aunque estaban asignados a la tesorería, la FGE obtuvo declaraciones en cuanto a que Diego se encargaba de colocar mobiliario en los eventos del alcalde, y Claudia era su asistente personal.

“Fue la Fiscalía quien obtuvo las pruebas, fue ella quien preguntó, fue ella quien obtuvo la información, no solamente no la refutamos, estamos de acuerdo con ella”, resaltó en audiencia Pablo González.

Antes de decretar el sobreseimiento, la juez preguntó a Mauricio Trejo si quería decir algo y respondió: “Nada más que me pongo en sus manos y que toda la información vertida son muchos meses de investigación, ahí está la claridad de las cosas”.

“La Fiscalía Anticorrupción es una muestra impecable de una autoridad inútil, un espacio obeso en burocracia que no ha dado un solo resultado desde su creación a la fecha”, acusó el coordinador de los diputados locales del Partido Verde Ecologista de México, Gerardo Fernández González.

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Medina Torres, es incapaz de dar resultados a pesar de que tiene un presupuesto de 60 millones de pesos, superior al de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, de la Secretaría del Migrante y la del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, aseguró.

“Parece que nuestras críticas se toman como si fueran un tema político, pero cuando ves los números, la realidad es innegable”, destacó el legislador.

“Tenemos una fiscalía que no sirve”, solo da celeridad a los delitos que son mediáticos y no a todos, como el homicidio del periodista jubilado Enrique Sosa Martínez, quien fue atropellado intencionalmente por un empresario de León que no ha sido detenido, reclamó.

El activista Roberto Saucedo Pimentel, integrante de la Asociación de Abogados Independientes de Guanajuato, coincidió en que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no funciona. “He presentado varias denuncias y ninguna ha caminado”, dijo.

Recordó que denunció al alcalde del municipio de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, por usar una patrulla para ir a un partido de futbol en el estadio León, y comprar a estudiantes de primaria zapatos de mala calidad y a sobreprecio a una empresa con sede en Guerrero.

“La Fiscalía Anticorrupción tiene sesgo político”, como lo demostró un operativo “escandaloso” y “severo” implementado en la tesorería del gobierno municipal morenista de Silao, a cargo de Carlos García Villaseñor, por la denuncia de un desvío de cuatro millones de pesos, expuso. “El combate a la corrupción es una simulación”, remató.