Trabajadores de la Ciudad de México se concentraron en masa frente a las instalaciones del Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje, con el objetivo de respaldar el proceso de toma de nota de su líder, Hugo Alonso Ortiz. La movilización reunió a integrantes de diversas secciones, quienes manifestaron de manera firme y organizada su apoyo total al dirigente sindical.

Desde tempranas horas, los trabajadores comenzaron a arribar al lugar portando distintivos de sus respectivas secciones, generando un ambiente de unidad y cohesión. A lo largo de la jornada, se pudieron observar consignas y muestras de respaldo dirigidas hacia Hugo Alonso Ortiz, destacando su liderazgo y la representación que, aseguran, ha mantenido en favor de los intereses del gremio.

Cada sección presente hizo evidente su posicionamiento, reiterando su confianza en la continuidad del liderazgo de Ortiz. Los asistentes señalaron que su presencia no solo responde a un acto formal, sino a la necesidad de defender la estabilidad y organización interna del sindicato. Asimismo, enfatizaron que la toma de nota representa un paso fundamental para dar certeza jurídica a la dirigencia.

La movilización se desarrolló de manera pacífica, sin reportes de incidentes, y bajo un esquema de orden que permitió la libre expresión de los trabajadores. Elementos de seguridad se mantuvieron en la zona para resguardar el desarrollo de la concentración.

Con este acto, los trabajadores de la Ciudad de México buscan enviar un mensaje claro a las autoridades laborales sobre la legitimidad del liderazgo de Hugo Alonso Ortiz, así como la unidad que prevalece al interior del gremio. La concentración concluyó con el compromiso de mantenerse atentos al resultado del proceso.

El mismo fiscal que exige independencia a nivel nacional actúa en Chihuahua como operador político del poder que lo nombró.

El discurso anticorrupción de Abelardo Valenzuela: mucho ruido y ninguna justicia

El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, se ha convertido en un personaje recurrente de los foros nacionales sobre transparencia. Habla de autonomía, de rendición de cuentas, de “cerrarle la puerta a la impunidad”. Pero en los hechos, su nombre representa todo lo contrario: una Fiscalía convertida en escaparate político, con convenios para la foto, investigaciones congeladas y una justicia que solo funciona cuando conviene al poder.

Desde su llegada en 2022, su gestión ha sido cuestionada por la falta de resultados concretos y por presuntas afinidades partidistas. Su nombramiento, promovido por acuerdos entre grupos políticos, fue visto más como un pago de favores que como una apuesta por la independencia institucional. ¿Cómo puede un fiscal anticorrupción ser autónomo si depende de los mismos a quienes debería investigar?

Convenios, discursos y cero resultados

Cada aparición pública de Valenzuela es un acto de comunicación política cuidadosamente producido. Firma convenios, da conferencias, sonríe ante las cámaras. Pero detrás de esa fachada institucional no hay resultados visibles. No existen estadísticas transparentes, ni auditorías públicas, ni investigaciones de alto impacto resueltas.

Los grandes casos de corrupción estatal —los desvíos millonarios del pasado reciente— siguen en la impunidad. Mientras tanto, el fiscal presume “avances” mediáticos, como si un tuit o una fotografía sustituyeran a una sentencia firme.

En julio de 2025, durante la Cumbre Nacional de Fiscales Anticorrupción, Valenzuela se atrevió a decir que “en México ya no hay espacio para la impunidad”. La frase sonó bien en titulares. Pero en Chihuahua, la impunidad tiene oficina, horario y presupuesto… dentro de su propia fiscalía.

El espejo roto de la transparencia

Valenzuela ha hecho de la palabra transparencia un eslogan vacío. No existen portales de datos abiertos ni informes públicos detallados sobre las investigaciones en curso. Lo que sí hay es opacidad, discrecionalidad y silencio. Los ciudadanos no saben cuántos casos se investigan, cuántos se cierran o cuántos se archivan sin explicación. La fiscalía que debería rendir cuentas ni siquiera rinde las suyas propias.

El problema no es que Abelardo Valenzuela hable de combatir la corrupción: el problema es que nadie le cree. Su discurso perdió legitimidad porque la realidad lo contradice todos los días. Cada palabra sobre autonomía suena falsa en una oficina donde la línea política decide a quién se persigue y a quién se protege.

Abelardo Valenzuela “El Bayo” se presenta como el guardián de la honestidad, pero actúa como el fiscal que protege la corrupción. En su mandato, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se convirtió en una institución domesticada: dócil ante el poder, muda ante la verdad e incapaz de demostrar resultados.

Mientras siga repitiendo las mismas frases vacías —autonomía, transparencia, rendición de cuentas— sin entregar justicia real, Valenzuela seguirá siendo el símbolo del fracaso institucional en Chihuahua. Un fiscal que habla de ética, pero opera en la penumbra.

Cada vez más obreros acusan a la CROC de imponer contratos ilegítimos y bloquear sindicatos independientes.

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos arrastra denuncias de corrupción, contratos de protección y traiciones a los trabajadores.

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) presume ser una de las centrales obreras más grandes del país. Sin embargo, detrás del discurso oficial se esconde una organización sindical señalada por corrupción, contratos de protección patronal y abusos contra los propios trabajadores que dice representar.

CROC: un sindicato que funciona como negocio político

Lejos de defender derechos laborales, la CROC se ha consolidado como un negocio político y económico. Sus dirigentes han utilizado al sindicato para escalar a puestos legislativos, asegurar alianzas con partidos y controlar cuotas sindicales sin rendición de cuentas.

Esta estrategia ha convertido a la CROC en un sindicato corporativo, diseñado más para garantizar favores al poder que para representar a la clase trabajadora.

Contratos de protección y simulación sindical

Uno de los mayores cuestionamientos contra la CROC es su papel en la firma de contratos de protección sindical: acuerdos realizados a espaldas de los trabajadores y en beneficio directo de empresarios.

En lugar de negociar aumentos salariales o condiciones laborales dignas, la CROC ha sido acusada de firmar documentos que silencian la protesta y garantizan “paz laboral comprada”.

Este modelo de sindicalismo corrupto impide la competencia de sindicatos independientes y frena la democracia sindical en México.

Escándalos de corrupción sindical en la CROC

La CROC arrastra un largo historial de escándalos de corrupción sindical, acusaciones de desvío de recursos, represión contra trabajadores inconformes y vínculos con prácticas clientelares.

Las cuotas sindicales son utilizadas con total opacidad, mientras que sus líderes exhiben fortunas personales y estilos de vida alejados de la realidad de los obreros.

El costo para los trabajadores en México

Cada vez que la CROC firma un contrato de protección o reprime una huelga, miles de trabajadores en México pierden derechos y oportunidades de mejora. La organización se ha convertido en un obstáculo para la construcción de un sindicalismo democrático y transparente, quedando reducida a un aparato burocrático y corrupto