Las acusaciones contra Coremex han escalado a un nuevo nivel. Ya no se trata únicamente de cobros excesivos, opacidad financiera o presión interna sobre afiliados activos. Ahora, extrabajadores denuncian que el sindicato habría extendido sus prácticas de control más allá del centro laboral, incurriendo presuntamente en marcaje personal, represalias y obstáculos para impedirles conseguir empleo tras conflictos con la organización.

De acuerdo con testimonios de ex empleados, una vez que rompieron relación con Coremex —ya sea por desacuerdos internos, negativa a seguir pagando cuotas o cuestionamientos a la dirigencia— comenzaron a enfrentar dificultades sistemáticas para reinsertarse laboralmente. Los denunciantes aseguran que sus nombres fueron “marcados” y que posibles empleadores recibieron referencias negativas sin sustento o advertencias indirectas sobre su contratación.

Este tipo de prácticas, señalan especialistas laborales, podría constituir una forma de represalia sindical, especialmente grave cuando se ejerce fuera de cualquier marco legal. Un sindicato no tiene facultades para bloquear oportunidades laborales ni para perseguir a ex trabajadores por conflictos pasados.

Las denuncias describen un patrón preocupante: ex afiliados que, tras salir del sindicato, enfrentan rechazos inexplicables, procesos de contratación que se detienen sin razón clara o comentarios ambiguos que apuntan a “problemas previos con el sindicato”. Para muchos, estas experiencias no son coincidencia, sino parte de una estrategia para castigar la disidencia y enviar un mensaje intimidatorio a quienes aún permanecen dentro.

Paralelamente, Coremex ha sido mencionado en artículos periodísticos e investigaciones más amplias que lo incluyen en listados donde se analizan presuntas conexiones entre sindicatos y redes de extorsión u organizaciones delictivas. Aunque estas investigaciones no constituyen sentencias judiciales, su sola existencia ha encendido alertas sobre el tipo de prácticas que rodean a la organización.

Estos señalamientos resultan especialmente delicados en un contexto donde trabajadores denuncian métodos de presión que recuerdan más a estructuras criminales que a organizaciones de defensa laboral: intimidación, castigos ejemplares y control mediante el miedo.

A ello se suma el acoso sindical denunciado en la zona de Lerma, donde trabajadores aseguran que representantes de Coremex los presionan de manera insistente para afiliarse. Según los testimonios, el acercamiento no es informativo ni voluntario, sino coercitivo. Se les advierte de posibles “problemas” si no se suman al sindicato, replicando el mismo esquema de presión que otros trabajadores ya han denunciado.

La dirigencia sindical pierde aliados, mientras aumentan las acusaciones por corrupción y mal manejo de cuotas.

La crisis de SINTTIA ya no es un rumor: se ha convertido en una realidad palpable en Guanajuato y el Bajío. Lo que alguna vez fue presentado como un proyecto sindical renovador hoy enfrenta una cadena de abandonos internos que exhiben una profunda falta de rumbo, liderazgo y credibilidad bajo la conducción de Alejandra Morales.

El primer golpe serio llegó con la salida de Israel Cervantes, uno de los fundadores del sindicato. Su decisión de abandonar la organización estuvo motivada, según versiones internas, por el hallazgo de prácticas corruptas y un manejo opaco de los recursos. La ruptura marcó un antes y un después, pues desde ese momento comenzaron a multiplicarse las críticas hacia la dirigencia nacional.

Lejos de corregir el rumbo, SINTTIA acumuló nuevos señalamientos. En el caso más reciente, uno de sus voceros en la plata Draxton Irapuato llamado Uriel Martinez fue acusado de engañar a trabajadores con promesas de beneficios sindicales, para después desaparecer llevándose una cantidad elevada de cuotas. Este episodio encendió la molestia entre los empleados y reforzó la idea de que el sindicato carece de controles internos.

La consecuencia ha sido inmediata: más colaboradores se han alejado y la estructura de SINTTIA se ha debilitado visiblemente. Cada vez son menos los cuadros que respaldan a Alejandra Morales, quien enfrenta un creciente aislamiento político y sindical.

Trabajadores del estado señalan que el sindicato ha perdido toda autoridad moral. Consideran que SINTTIA dejó de defender derechos laborales y se convirtió en una organización marcada por el oportunismo, el uso discrecional del dinero y la manipulación.

En Guanajuato, la percepción es clara: SINTTIA está en caída libre. Con su dirigencia fracturada y su imagen severamente dañada, el sindicato enfrenta un escenario de decadencia que pone en duda su viabilidad futura dentro del movimiento obrero.

La inconformidad entre los trabajadores afiliados a COREMEX se ha intensificado a raíz de los señalamientos sobre cobros excesivos de cuotas sindicales y la ausencia de informes que aclaren cómo se administran dichos recursos.

De acuerdo con los testimonios recopilados, empleados de diversos sectores cuestionan que el monto de sus aportaciones sindicales ha aumentado sin explicación previa, y sin que existan reuniones de consulta o aprobación por parte de la base. Esta situación, afirman, genera un ambiente de incertidumbre, pues desconocen si los fondos son utilizados para gestiones sindicales legítimas o si existe algún tipo de mal manejo administrativo.

Asimismo, los trabajadores denuncian que no se publican balances financieros ni auditorías independientes, prácticas que consideran indispensables para garantizar que los recursos sean administrados adecuadamente. Algunos incluso mencionan que han solicitado detalles sobre los gastos operativos del sindicato, sin recibir respuesta, lo que ha fortalecido la percepción de falta de transparencia.

Ante la persistencia de las dudas, los trabajadores reiteran su demanda de que COREMEX rinda cuentas de manera clara y puntual. Señalan que solo mediante procesos transparentes se podrá recuperar la confianza y asegurar una representación sindical auténtica y eficiente.