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Nacional

Militares van por cargos como directivos en Instituto de Migración

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En los últimos cuatro años, el Instituto Nacional de Migración (INM) abrió la puerta a mandos militares y marinos en diversos puestos directivos como titulares de Oficinas de Representación estatales, así como en direcciones y subdirecciones del organismo.

Sólo entre 2019 y enero pasado, 27 mandos con formación y trayectoria en instituciones académicas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o en la Secretaría de Marina (Semar) se integraron al INM en 23 estados del país y en representaciones del instituto como la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Datos recibidos indican que hasta enero de 2024, de estos mandos militares y marinos, 16 se mantenían en funciones como titulares de las Oficinas de Representación estatales del Instituto Nacional de Migración. Adicionalmente hay cuatro titulares más que han tenido experiencia en el Sistema Penitenciario.

Al menos 27 mandos militares y navales se sumaron al INM desde 2019, detalla una solicitud de información

La militarización de la política migratoria “se ha criticado fuertemente desde órganos internacionales y nacionales de protección de derechos humanos”, porque “este tipo de acciones las hacen para contener o para evitar, tal vez, que muchas más personas ingresen al territorio. Sin embargo, esto no garantiza que efectivamente disminuyan los flujos migratorios”, consideró Wendy Castro, subcoordinadora legal de la organización Sin Fronteras.

Esta casa editorial consultó al Instituto Nacional de Migración, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), sobre los motivos por los cuáles se han militarizado sus mandos, pero la dependencia señaló que “no es información que el instituto esté en posibilidad de proporcionar”, debido a la naturaleza de sus tareas.

La actual administración federal no sólo ha integrado mandos militares y marinos a su política migratoria, también ha desplegado numerosos elementos de las Fuerzas Armadas para contener y disuadir la movilidad humana.

De acuerdo con el último Informe de Seguridad del Gobierno de México, fechado el pasado 14 de marzo, actualmente hay 281 mil 645 elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas desplegados en el país. De éstos, 32 mil 720 se dedican a hacer cumplir el Plan de Migración en la Frontera Norte y Sur. Es decir, están a cargo de contener el flujo migratorio. A esta cantidad se suman dos mil 315 agentes del INM.

“Las Fuerzas Armadas tienen un entrenamiento, justo, militar, en donde se les enseña a combatir y no precisamente se les instruye con respecto a la protección de los derechos humanos”, añadió Castro Además, dijo, “hay que recordar que justo los elementos de la Guardia Nacional cuando aplican también labores migratorias, pues no lo hacen como garantes de derecho, sino lo hacen más bien como agentes de contención o de deportación”, detalló.

Entre los mandos militares del INM figuran su representante en Colima, Ramón Juárez Suárez, un ingeniero en Ciencias Navales y maestría en Administración Naval y en Seguridad Nacional; Felipe Morales Callejas, ingeniero en Ciencias Navales, maestría en Administración Militar y actual titular de la representación en Sinaloa; y Paulo César Lavín Aldama, ingeniero en Ciencias Navales con especialidad en Administración Naval, maestría en Administración Pública y representante en Sonora.

El contralmirante Salvador González Guerrero se integró a las funciones migratorias el 18 de julio de 2019 como coordinador de Información e Investigación Migratoria y posteriormente se hizo cargo de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua hasta abril de 2023, cuando fue detenido debido a su presunta responsabilidad en el incendio que consumió la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, el 27 de marzo de 2023 y que cobró la vida de 40 personas migrantes.

En abril de 2023 fue detenido y vinculado a proceso, posteriormente se amparó y actualmente enfrenta órdenes de aprehensión por el caso que sigue abierto. “Evidentemente son personas que no tienen una formación con un enfoque de derechos humanos y eventualmente terminarán vulnerando más derechos”, señaló la subcoordinadora legal de Sin Fronteras.

Tras el siniestro que consumió la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, en mayo de 2023, el Instituto Nacional de Migración suspendió de forma provisional 14 Estancias Provisionales tipo A, así como 19 de tipo B para facilitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) visitas de supervisión y generar los informes correspondientes sobre las condiciones de los espacios de detención migratoria.

Además, en noviembre del mismo año, el Instituto frenó operaciones definitivamente en la Estancia Provisional de Matamoros, Tamaulipas.

El cierre de todas estas unidades dejó en funciones únicamente 11 Estaciones Migratorias: en Tapachula, Chiapas; Iztapalapa, Ciudad de México; Guadalupe, Nuevo León; Chetumal, Quintana Roo; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Hermosillo, Sonora; Villahermosa, Tabasco; Reynosa y Tampico, Tamaulipas; Acayucan, Veracruz; y Zacatecas, Zacatecas.

También se mantuvieron en operación seis Estancias Provisionales del tipo B: en Tijuana, Baja California; Palenque y Tuxtla, Chiapas; Janos, Chihuahua; Oaxaca, Oaxaca; y Cancún, Quintana Roo.

Fue apenas en febrero pasado —casi un año después del incendio— cuando la CNDH publicó el Informe Especial

sobre las condiciones de las Estancias y Estaciones Migratorias: Hacia un nuevo modelo para la atención de la migración irregular. Ninguna resultó adecuada, reveló el estudio.

Como parte de las visitas a las Estancias y Estaciones Migratorias “se observó que ninguno de estos centros de detención es adecuado, ya que 13 de ellos son insuficientes, 21 son inadecuados y las demás se encuentran en situación crítica”, indicó el documento.

“El Instituto Nacional de Migración y su modelo de Estaciones Migratorias nació en 1993, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para ofrecer una política de seguridad en las fronteras. Sin embargo, esta CNDH considera que los tiempos han cambiado y hoy ese modelo debe transformarse como se ha gestado en otras políticas públicas desde la mirada del humanismo y el reconocimiento de derechos”, apuntó Rosario Piedra, la titular de la comisión.

Justicia

EL FESTÍN DE LOS VIÁTICOS: BAJO ESCRUTINIO EL GASTO OPERATIVO EN EL ENTORNO DE FRANCISCO JAVIER DE LA O SARMIENTO

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En medio de un discurso institucional centrado en la austeridad y el combate a la corrupción, el manejo de los recursos públicos dentro de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua comienza a generar cuestionamientos. Registros administrativos y financieros correspondientes al ejercicio 2024 han puesto bajo la lupa el uso del rubro de viáticos en el entorno operativo de Francisco Javier de la O Sarmiento, secretario particular del fiscal Abelardo Valenzuela, conocido como “El Bayo”.

De acuerdo con la revisión de auxiliares contables y pólizas internas, el flujo de recursos destinados a gastos de representación, traslados y consumo presenta una recurrencia que ha llamado la atención de analistas y observadores. Las erogaciones, registradas bajo conceptos como “gastos por comprobar”, “recuperación de gasto” y “fondo de caja chica”, muestran un patrón de uso constante que, si bien puede formar parte de la operación institucional, ha abierto el debate sobre los límites entre la función pública y la discrecionalidad administrativa.

Entre los documentos revisados destacan pólizas correspondientes a finales de diciembre de 2024 —identificadas como C01255 y C01256— en las que se reportan montos superiores a los 14 mil pesos bajo el concepto de fondo de caja chica. A estas se suman movimientos registrados durante los primeros meses del mismo año, incluyendo pagos vinculados a traslados a la Ciudad de México y consumos diversos asociados a actividades oficiales.

Si bien estos gastos pueden estar justificados dentro de las funciones del cargo, especialistas en administración pública señalan que la frecuencia y acumulación de los mismos obligan a una revisión más detallada. “El problema no es necesariamente el gasto, sino la trazabilidad y la claridad con la que se explica”, apuntan consultores en transparencia. Cuando los recursos se ejercen de manera reiterada bajo esquemas de comprobación flexible, la percepción pública puede inclinarse hacia la opacidad, incluso si los movimientos cumplen formalmente con los requisitos internos.

El contexto en el que surgen estos cuestionamientos añade un elemento adicional de tensión. La Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Abelardo Valenzuela, tiene como misión investigar y sancionar el uso indebido de recursos públicos. Por ello, cualquier señalamiento sobre prácticas administrativas dentro de la propia institución adquiere una dimensión simbólica relevante.

Algunas de las pólizas analizadas, como la identificada con el folio C00277 por un monto de 2,600 pesos en marzo de 2024, reflejan reembolsos por conceptos de alimentación y transporte. Aunque estos gastos forman parte de la operación cotidiana de cualquier dependencia, su repetición sistemática ha llevado a cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno y la supervisión de los recursos asignados.

En este escenario, la cercanía de Francisco Javier de la O Sarmiento con el fiscal ha sido interpretada por algunos analistas como un factor que podría influir en la flexibilidad con la que se ejercen ciertos gastos. Sin embargo, hasta el momento no existe una postura oficial que aclare el alcance, justificación y control de estas erogaciones.

El debate, más allá de los montos específicos, se centra en la necesidad de fortalecer la transparencia. Organizaciones civiles han insistido en que la publicación detallada y accesible de los gastos operativos es clave para evitar interpretaciones negativas y reforzar la confianza ciudadana.

Porque en un contexto donde la exigencia social apunta hacia gobiernos más austeros y responsables, cada peso gastado no solo debe estar correctamente documentado, sino también plenamente justificado ante la opinión pública.

La discusión sigue abierta. Y en ella, el caso de los viáticos en la Fiscalía Anticorrupción podría convertirse en un referente sobre cómo las instituciones manejan —y explican— el uso de los recursos que administran.

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Nacional

NAO LIVING: EL NEGOCIO INMOBILIARIO QUE SE MUEVE ENTRE SOMBRAS

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Un desarrollo marcado por cambios abruptos, falta de explicaciones y posibles compromisos incumplidos

Lo de Nao Living esta cada vez peor. Y cada nuevo dato lo confirma.

Hoy se vende como un desarrollo atractivo en Acapulco, impulsado por Inmofin y respaldado por nombres como Isaac Steiner Aizenman, José “Joey” Assa Masri y Marcos Sasson. Pero detrás del discurso comercial hay una historia que nadie ha querido contar completa.

Antes de ser Nao Living, esto era Avento. Un proyecto ambicioso, caro y ya en preventa. Departamentos de lujo con un costo de 10 millones de pesos, frente a la playa, inversiones millonarias… y clientes que ya habían puesto dinero.

Pero ese proyecto desapareció y lo que preocupo a los clientes es que no hubo explicación. No hubo rendición de cuentas. Solo un cambio de nombre y una narrativa nueva, más accesible, más conveniente y también mucho más sospechosa.

Porque no estamos hablando de un simple rediseño. Estamos hablando de un borrón total que nadie ha justificado. Y mientras más se revisa, peor se ve el panorama.

Inmofin aparece como la cara del proyecto, pero su papel real es bastante ambiguo. No queda claro quién responde, quién decide y, sobre todo, quién se hace responsable si las cosas salen mal. Esa opacidad no es menor. Es una señal muy preocupante para los involucrados.

La gran pregunta que todos se hacen es inevitable: ¿Se está vendiendo hoy lo que ya se vendió ayer?

Si la respuesta es sí, el problema es muy grave, porque las investigaciones ya están en curso en la Fiscalía de Guerrero y no se descarta que el caso suba a nivel federal. Esto ya no es ruido mediático. Es un tema que puede escalar legalmente.

Pero lo peor de todo, es que aun así, el proyecto sigue avanzando. Se sigue vendiendo. Se sigue promoviendo como si nada estuviera pasando.

El efecto colateral alcanza a otros desarrollos del mismo grupo: Live Aqua Acapulco, Romano Palace Acapulco y Urban Cibeles, que ahora cargan con una sombra que no les pertenecía… hasta ahora.

Nao Living no es solo un desarrollo cuestionado. Es una advertencia.

Una muestra de cómo, en el mercado inmobiliario, cambiar de nombre puede ser más fácil que enfrentar la verdad. Y de cómo, cuando nadie explica nada, normalmente es porque hay demasiado que ocultar.

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Justicia

Montepío Luz Saviñón recibe el Premio Platino por su transformación digital

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Montepío Luz Saviñón ha sido galardonado con el Premio Platino en la categoría de Transformación Digital, un reconocimiento otorgado por Fintech Americas durante su undécima edición, que reúne a los principales actores del ecosistema financiero en América Latina. Este premio posiciona a la institución como una de las más innovadoras del continente.

Con más de 123 años de historia, Montepío ha acompañado a generaciones de mexicanos en la protección de su patrimonio. Este legado, lejos de ser estático, ha evolucionado con el paso del tiempo, adaptándose a las nuevas demandas de un entorno cada vez más digitalizado.

El reconocimiento destaca el proceso de transformación tecnológica que ha llevado a cabo la institución, el cual ha permitido modernizar su operación y mejorar significativamente la experiencia de sus usuarios. A través de la implementación de herramientas digitales, Montepío ha logrado ofrecer servicios más eficientes, seguros y accesibles.

Entre los avances más relevantes se encuentra el desarrollo de plataformas digitales y una aplicación móvil que facilita el acceso a sus servicios desde cualquier lugar. Estas innovaciones responden a la necesidad de brindar soluciones ágiles en un contexto donde la inmediatez es fundamental.

A pesar de estos cambios, la institución ha mantenido intacta su esencia social. Su misión sigue siendo la misma: ofrecer alternativas accesibles que ayuden a las familias mexicanas a proteger su patrimonio. La digitalización ha sido, en este sentido, un medio para fortalecer este compromiso.

El proceso de transformación también ha sido impulsado por un liderazgo sólido. La visión del ingeniero Roberto Kiehnle Zárate ha sido determinante para consolidar esta evolución, mientras que Alicia Morales, directora de sistemas, ha promovido una cultura organizacional enfocada en la innovación.

Asimismo, el esfuerzo de los equipos de trabajo ha sido clave para materializar esta transformación. Gracias a su labor, la institución ha logrado implementar soluciones que marcan una diferencia en el sector prendario.

El Premio Platino no solo reconoce los logros alcanzados, sino que también abre nuevas oportunidades para el futuro. En un entorno competitivo, donde la tecnología juega un papel central, Montepío ha demostrado su capacidad para mantenerse vigente.

La integración de herramientas digitales ha permitido ampliar los canales de atención, ofreciendo servicio continuo sin perder la cercanía con los usuarios. Este equilibrio entre innovación y tradición ha sido uno de los principales diferenciadores de la institución.

De cara al futuro, Montepío Luz Saviñón continuará apostando por la tecnología como un eje estratégico, sin dejar de lado los valores que han definido su historia. Su objetivo es seguir ofreciendo soluciones que respondan a las necesidades de los mexicanos, adaptándose a un entorno en constante cambio.

Este reconocimiento reafirma su posición como líder del sector y demuestra que la transformación digital puede ser un motor de crecimiento sin comprometer la confianza de los usuarios.

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