Guanajuato
En Guanajuato, funcionarios son acusados de recibir apoyos estatales
La presidenta, la directora, cinco funcionarias del DIF y la titular del Catastro del gobierno panista del municipio de Victoria reciben el apoyo mensual de mil pesos de la tarjeta “Mujeres Grandeza”, acusó el diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, al momento de proponer un punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a que “ordene una investigación amplia y profunda”.
El punto de acuerdo exhorta al gobernador a que realice una investigación en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) por “la irregularidad que representa que ocho funcionarias del DIF del municipio de Victoria, sean beneficiarias del programa estatal “Mujeres Grandeza”, enfocado en atender a mujeres vulnerables en situación de pobreza, y así mismo, de vista al órgano interno de control”.
La obvia resolución fue rechazada por los grupos parlamentarios del PAN, PRI y MC y el punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Desarrollo Económico para su análisis y dictamen.
En la exposición de motivos, Ernesto Prieto recordó que difundió que reciben el apoyo estatal la presidenta del DIF, Gabriela Hernández Ortega; la directora del organismo, Lorena Ramírez Cabrera; la titular del área de Asistencia Alimentaria, Martha Alicia Dorado Suarez; la directora de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, Areli Getsemani Camacho Jaime; la trabajadora social, Mariel Espino Salas; la empleada de Red Móvil, Giovanna Ivette Sánchez Lugo, colaboradora de la Red Móvil; la directora del Catastro, Yaremi Chavero Casas; y la hermana de la presidenta del DIF, María Fernanda Hernández Ortega.
El Programa Apoyo Mujeres Grandeza “se diseñó para atender prioritariamente a mujeres vulnerables que viven en situación de pobreza, por lo que entonces, quienes son funcionarias municipales, puede señalarse que cuentan con un empleo formal y estable, y por ende no cumplen con la caracterización prioritaria de este programa estatal”, expuso el legislador.
Agregó que Victoria, ubicado en el noreste del estado, viven mujeres con mayores necesidades, con mayor vulnerabilidad y en situación de pobreza, que no es el caso de las funcionarias municipales.
El alcalde panista de Victoria, Juan Diego Ramírez Rincón, afirmó que las funcionarias no entregaron documentos para que las afiliaran al programa, situación que ventila que la Sedeshu no cumple con las reglas de operación del programa, recriminó.
“Sin duda alguna, debe investigarse esta situación” por eso el gobernador debe ordenar una investigación amplia dar vista al órgano interno de control de las irregularidades detectadas, consideró Ernesto Prieto.
El diputado panista, Armando Rangel Hernández, subió a tribuna para rechazar la obvia resolución del punto de acuerdo, pero reconoció que es verdad y que es grave que funcionarias reciban el apoyo estatal.
“Es evidente que los hechos que ha narrado el diputado Ernesto Prieto Gallardo son ciertos, no solo son ciertos, también son graves porque ponen en entredicho los lineamientos para los cuales los programas sociales, en Guanajuato, se han creado”, expuso en tribuna.
Agregó que el Congreso no puede darle “carpetazo” a situaciones como las acontecidas en el municipio de Victoria.
“El grupo mayoritario -del PAN- no puede darle carpetazo para que no se atienda, pero tampoco los proponentes pueden darle carpetazo y esperar a que se apruebe un exhorto, que este quede como un llamado a misa”, sostuvo el panista.
A pesar de reconocer la gravedad del tema, Armando Rangel dijo que votarían contra la obvia resolución para que los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico tengan un diálogo con el gobernador y “se esclarezcan los hechos a cabalidad”.
“Ratificamos nuestro compromiso con la población más vulnerable, con la que vive en situación de pobreza, ratificamos nuestro compromiso con las mujeres, ratificamos también el compromiso con la aplicación transparente de los recursos”, manifestó.
La diputada morenista, Alma Alcaraz Hernández, acusó a la Secretaría de Desarrollo Social -que encabeza Libia García Muñoz Ledo, virtual candidata a gobernadora- de ser una herramienta de uso político de la pobreza.
La política social de Guanajuato solo tiene fines electorales y “dar apoyos a su base clientelar, en especial a la estructura electoral que movilizan el día de las elecciones”, acusó.
Guanajuato
Analiza Guanajuato solicitar crédito para acueducto
bierno del estado de Guanajuato podría solicitar un crédito y reorientaría recursos de proyectos para financiar los 7 mil 500 millones de pesos que tiene que aportar para la construcción del acueducto que llevará agua de la presa Solís a cinco municipios, adelantó la gobernadora Libia García Muñoz Ledo.
Al ser cuestionada de dónde sacarán los 7 mil 500 millones de pesos que tendrá que poner Guanajuato para el acueducto, la gobernadora adelantó que «estamos haciendo varias proyecciones, puede ser Banobras, puede ser también solicitud de deuda si se aprueba el proyecto».
«Creo que si algo justificaría una deuda de Guanajuato sería precisamente dotar de agua a la gente», resaltó.
Sin embargo, afirmó que todavía no hay nada en firme y también revisan la posibilidad de reorientar recursos de los proyectos estatales para el acueducto.
«Aquí lo importante es saber que la mitad la pondría la federación de acuerdo a las pláticas que hemos tenido y el resto estaría dividido entre los municipios y el estado», explicó.
La construcción del acueducto costaría 15 mil millones de pesos y está contemplada en el Plan Hídrico Nacional de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
El proyecto que contempla un acueducto de 201 kilómetros y puntos de rebombeo es para dotar de agua a León, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao.
León es el municipio con mayor población del estado -2 millones de habitantes- y le dotarían de agua de la presa El Zapotillo.
El 14 de agosto de 2021, el entonces presidente de México Andrés Manuel López Obrador, anunció que la cortina de El Zapotillo sería de 80 metros para no inundar a los pueblos Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
La medida no permitiría dotar de agua al municipio de León, que atraviesa por estrés hídrico.
Guanajuato
Aseguran un laboratorio de metanfetamina en Guanajuato
Fuerzas de seguridad federales aseguraron un narcolaboratorio de metanfetamina en la localidad de Andocutin, en el municipio de Acámbaro, localizado en los límites de Guanajuato y Michoacán.
De acuerdo con la información del Coronel Guillermo Robles Pérez del 2do Regimiento Mecanizado, este laboratorio clandestino tenía la capacidad de producir hasta seis millones de dosis de metanfetamina entre 30 y 45 días. Las dosis, explicaron autoridades militares, normalmente rondan entre 0.5 y 1 gramo.
Según las primeras pesquisas, el aseguramiento del laboratorio representa un “trancazo” para el crimen organizado. Aunque aún no se identifica qué organización controlaba este predio, se explicó que en la zona opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El operativo fue realizado la tarde del 25 de noviembre por elementos de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, quienes al desmantelar el predio no encontraron operadores criminales.
El narcolaboratorio se encuentra aproximadamente a hora y media en carretera de la ciudad de Morelia. Y en el recorrido se atraviesa la localidad de Araró, en Michoacán; para después atravesar varios kilómetros de terracería y milpa. Tras unos minutos después de pasar la localidad de Andocutin, se encontraba el predio, cercano a los cerros de la zona.
En el terreno se visualizaban guantes desgastados, tambos vacíos, mangueras para la corriente de agua, destiladores, tiras de aluminio y costales con una especie de piedra transparente. El olor a químico, tipo acetona, predominaba en los aproximadamente 200 metros cuadrados del predio.
“Este logro significa que, por lo menos, seis millones de dosis no van a ir a las calles”, recalcó el coronel Robles Pérez.
Este narcolaboratorio, además, tenía la capacidad para un área de preparado químico, de calentamiento, consolidación y enfriamiento d
Guanajuato
Promoverán en Guanajuato construcción de 21 mil viviendas
El gobierno de Guanajuato, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Coordinación Nacional de Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) promoverán la construcción de 21 mil viviendas populares.
El acuerdo surgió de una reunión entre la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo; el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza; y el director de Vinculación de la Sedatu, Raúl Anaya.
Las casas serán para derechohabientes del Infonavit que ganen entre uno y dos salarios mínimos; y para no derechohabientes, a través de la Sedatu y la Coordinación Nacional de Vivienda (Conavi).
«En el estado de Guanajuato se impulsará un programa de vivienda popular para los que menos tienen; la meta son veintiún mil viviendas», precisó la gobernadora.
Explicó que el programa está dirigido a las familias de escasos recursos de los 46 municipios de Guanajuato.
De las 21 mil viviendas, 15 mil serán del Infonavit y 6 mil a través de la Conavi. La construcción de las casas generará 94 mil empleos directos y 141 mil indirectos.
Los convenios institucionales serán firmados a la brevedad y con los municipios se analizarán las propuestas de reserva territorial.
«Vamos a hacer que los que menos tienen puedan acceder a estos programas de vivienda», dijo Libia García.
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