El presidente no está convencido de la versión presentada por la Fiscalía de Guanajuato sobre cómo y por qué sucedió la masacre de 11 jóvenes en una posada navideña en Salvatierra. “No es suficiente”, dijo Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa de este miércoles, después de que las autoridades ministeriales aseguraran que la tragedia se desató cuando las víctimas pidieron a un grupo de personas ajenas a la fiesta que se retiraran. El mandatario elevó la presión sobre el fiscal estatal Carlos Zamarripa, al señalarlo esta semana como uno de los principales responsables de la ola de violencia que azota a la entidad. “Hace falta más investigación”, afirmó.

“Un grupo de personas llegó al lugar de convivencia, por lo que varios de los asistentes que se encontraban en el evento les solicitaron que se retiraran”, aseguró el martes el fiscal regional Navigio Agustín Gallardo, al presentar la hipótesis sobre el móvil del asesinato múltiple cometido en la madrugada del pasado domingo. Siempre según esta versión, las personas se retiraron, pero volvieron instantes más tarde a la ex hacienda de San José del Carmen, donde se celebraba el convivio. “Regresaron acompañadas de otro grupo de personas que portaban las armas de fuego y fue en ese momento cuando empezaron a disparar contra los presentes”, agregó.

Menos de 24 horas después de que la Fiscalía de Guanajuato ratificara cuál era la línea de investigación que iba a seguir, López Obrador señaló que la hipótesis de una “venganza” no es convincente. “Hay una versión, pero falta trabajar más”, insistió el presidente. El bloque gobernante, encabezado por Morena, y el Partido Acción Nacional (PAN), que gobierna Guanajuato y es la fuerza opositora más votada en el país, se han enfrentado en los días que siguieron a la masacre, al defender estrategias distintas para hacer frente a la inseguridad y la violencia, así como al presentar teorías irreconciliables sobre los motivos detrás del crimen. A principios de esta semana, López Obrador vinculó la tragedia al aumento de consumo de drogas en el Estado, en declaraciones que fueron criticadas por la oposición como “revictimizantes” y basadas en prejuicios e información parcial.

La investigación presentada por la Fiscalía no ha encontrado ningún nexo entre las víctimas y el narcotráfico ni con el consumo de drogas, al menos según los avances que se han hecho públicos. La hipótesis del móvil del crimen está basada en 35 entrevistas realizadas desde la noche en que se dio el ataque, en el que también resultaron heridas otras 14 personas. Las autoridades estatales han comunicado que el comando que perpetró la agresión disparó 195 balas con siete armas de distintos calibres durante la agresión a los presentes, cuando la fiesta navideña estaba por terminar.

El hallazgo de los proyectiles percutidos es clave porque los agentes ministeriales han encontrado que los mismos fusiles fueron utilizados en otros delitos cometidos en la zona ese mismo fin de semana, lo que permite estrechar el cerco sobre los responsables. La Fiscalía, en el centro de la presión mediática y del Gobierno federal para resolver el crimen, dijo que sigue los pasos de un grupo delictivo que opera en la zona, en los límites entre Guanajuato y Michoacán, aunque no ha revelado el nombre de la organización criminal a la que pertenecen los sospechosos. Las autoridades no han dado información sobre personas detenidas a 72 horas de que se perpetrara la masacre.

Tras el ataque, López Obrador pidió la destitución de Zamarripa como fiscal, que lleva más de una década en el cargo, en años que han coincidido con el incremento de la violencia del crimen organizado en la entidad. “Tiene una fuerza política descomunal, tiene muchísima protección, es como si el fuese el gobernador, apoyado por grupos con mucha influencia”, afirmó el presidente. El fiscal cuenta con el apoyo de las autoridades panistas y aún tiene un mandato de cinco años más en el cargo. El funcionario estatal ha tenido pocas apariciones públicas desde que sucedió el ataque. El gobernador Diego Sinhué, que concluye su Administración el próximo año, también ha evitado involucrarse de forma directa en el cruce de declaraciones con el Ejecutivo federal.

Los últimos días han estado marcados por los desacuerdos entre las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno, pero también por el luto. Las familias de las 11 personas asesinadas, nueve hombres y dos mujeres, han llevado a cabo misas y funerales para honrar a las víctimas. En medio del dolor, los familiares han exigido que se lleve ante la justicia a los responsables de un crimen que ha indignado al país y que es un botón de muestra de la peor crisis de violencia que ha sufrido Guanajuato en décadas.