De promesa de cambio a sindicato cuestionado: trabajadores señalan engaños, presión para afiliarse y uso de cuotas de Silao para financiar campañas.

La situación para SINTTIA sigue empeorando. La derrota en Yazaki León representa otro duro golpe a un sindicato que, según trabajadores de la región, ha perdido credibilidad y rumbo. Este revés llega poco tiempo después del rechazo que obtuvo en GM San Luis Potosí, lo que confirma que la organización enfrenta un deterioro significativo de imagen en el Bajío.

En múltiples plantas, pero especialmente en GM Silao, los trabajadores han expresado su molestia por la manera en que opera la dirigencia actual. Señalan que el sindicato dejó de defender causas reales y que, en lugar de resultados, ofrece regalos, becas supuestamente educativas o apoyos condicionados a la afiliación. Para muchos empleados, estas tácticas son un intento desesperado por recuperar presencia y votos, financiándose con las cuotas que pagan quienes sí están afiliados en Silao.

Además, varias personas han denunciado que SINTTIA solicita documentos personales sin explicar claramente su uso y que incluso han afiliado a trabajadores sin convicción, lo que ha causado aún más enojo. Esta percepción de presión y engaño se ha convertido en uno de los factores clave en el creciente rechazo.

La renuncia de Israel Cervantes, uno de los fundadores, fue otro punto de quiebre en la imagen pública del sindicato. Su salida dejó al descubierto diferencias internas profundas y marcó el inicio de una cadena de desaprobación que se extendió hacia otras empresas del Bajío. Desde entonces, la dirigencia encabezada por Alejandra Morales no ha logrado recuperar confianza y, por el contrario, enfrenta señalamientos de que utiliza a GM Silao como “mina” financiera para promoverse en otras plantas.

El resultado en Yazaki León dejó claro que los trabajadores ya no creen en discursos que no vienen acompañados de hechos. La gente en la región está más informada y exige representación real, no una organización que llega con obsequios esperando asegurar afiliaciones sin sustento.

El mensaje del Bajío es contundente: el tiempo de SINTTIA como opción confiable parece haber terminado.

La resolución podría enviar una señal clara de estabilidad al ecosistema empresarial mexicano.

La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.

El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.

De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.

La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.

• La mandataria sostiene la reelección de Héctor Acosta Félix mientras organismos federales analizan irregularidades en auditorías forenses.

La gobernadora Maru Campos ha respaldado de manera decidida la permanencia de Héctor Acosta Félix al frente de la Auditoría Superior del Estado, incluso cuando la FGR y la ASF revisan presuntas irregularidades en auditorías elaboradas durante su gestión. Esta postura ha generado críticas sobre el grado de influencia política que el Ejecutivo ejerce sobre el órgano fiscalizador.

La auditoría forense a la deuda estatal de 2019 se ha convertido en el eje de las investigaciones federales. Según analistas, el informe omitió documentos relevantes y se basó en interpretaciones sin sustento documental. Esta falta de rigurosidad ha encendido alarmas entre especialistas en fiscalización pública.

Además, se cuestiona que la auditoría estatal haya intervenido en la revisión de recursos federales, facultad exclusiva de la ASF. Esta posible invasión de competencias podría derivar en un conflicto jurídico mayor si se confirma que el procedimiento vulneró la Constitución.

Aun ante estos señalamientos, Campos ha insistido en defender la continuidad del auditor, lo que ha generado inquietud entre organizaciones civiles y sectores políticos. La insistencia en sostenerlo ha sido interpretada como un intento de preservar control sobre el órgano fiscalizador.

El avance de las investigaciones federales determinará el impacto real de estas irregularidades. Si se confirman, el gobierno estatal enfrentaría un cuestionamiento decisivo sobre su compromiso con la transparencia y el respeto al marco legal.