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Guanajuato

En Guanajuato, funcionarios son acusados de recibir apoyos estatales

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La presidenta, la directora, cinco funcionarias del DIF y la titular del Catastro del gobierno panista del municipio de Victoria reciben el apoyo mensual de mil pesos de la tarjeta “Mujeres Grandeza”, acusó el diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, al momento de proponer un punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a que “ordene una investigación amplia y profunda”.

El punto de acuerdo exhorta al gobernador a que realice una investigación en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) por “la irregularidad que representa que ocho funcionarias del DIF del municipio de Victoria, sean beneficiarias del programa estatal “Mujeres Grandeza”, enfocado en atender a mujeres vulnerables en situación de pobreza, y así mismo, de vista al órgano interno de control”.

La obvia resolución fue rechazada por los grupos parlamentarios del PAN, PRI y MC y el punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Desarrollo Económico para su análisis y dictamen.

En la exposición de motivos, Ernesto Prieto recordó que difundió que reciben el apoyo estatal la presidenta del DIF, Gabriela Hernández Ortega; la directora del organismo, Lorena Ramírez Cabrera; la titular del área de Asistencia Alimentaria, Martha Alicia Dorado Suarez; la directora de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, Areli Getsemani Camacho Jaime; la trabajadora social, Mariel Espino Salas; la empleada de Red Móvil, Giovanna Ivette Sánchez Lugo, colaboradora de la Red Móvil; la directora del Catastro, Yaremi Chavero Casas; y la hermana de la presidenta del DIF, María Fernanda Hernández Ortega.

El Programa Apoyo Mujeres Grandeza “se diseñó para atender prioritariamente a mujeres vulnerables que viven en situación de pobreza, por lo que entonces, quienes son funcionarias municipales, puede señalarse que cuentan con un empleo formal y estable, y por ende no cumplen con la caracterización prioritaria de este programa estatal”, expuso el legislador.

Agregó que Victoria, ubicado en el noreste del estado, viven mujeres con mayores necesidades, con mayor vulnerabilidad y en situación de pobreza, que no es el caso de las funcionarias municipales.

El alcalde panista de Victoria, Juan Diego Ramírez Rincón, afirmó que las funcionarias no entregaron documentos para que las afiliaran al programa, situación que ventila que la Sedeshu no cumple con las reglas de operación del programa, recriminó.

“Sin duda alguna, debe investigarse esta situación” por eso el gobernador debe ordenar una investigación amplia dar vista al órgano interno de control de las irregularidades detectadas, consideró Ernesto Prieto.

El diputado panista, Armando Rangel Hernández, subió a tribuna para rechazar la obvia resolución del punto de acuerdo, pero reconoció que es verdad y que es grave que funcionarias reciban el apoyo estatal.

“Es evidente que los hechos que ha narrado el diputado Ernesto Prieto Gallardo son ciertos, no solo son ciertos, también son graves porque ponen en entredicho los lineamientos para los cuales los programas sociales, en Guanajuato, se han creado”, expuso en tribuna.

Agregó que el Congreso no puede darle “carpetazo” a situaciones como las acontecidas en el municipio de Victoria.

“El grupo mayoritario -del PAN- no puede darle carpetazo para que no se atienda, pero tampoco los proponentes pueden darle carpetazo y esperar a que se apruebe un exhorto, que este quede como un llamado a misa”, sostuvo el panista.

A pesar de reconocer la gravedad del tema, Armando Rangel dijo que votarían contra la obvia resolución para que los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico tengan un diálogo con el gobernador y “se esclarezcan los hechos a cabalidad”.

“Ratificamos nuestro compromiso con la población más vulnerable, con la que vive en situación de pobreza, ratificamos nuestro compromiso con las mujeres, ratificamos también el compromiso con la aplicación transparente de los recursos”, manifestó.

La diputada morenista, Alma Alcaraz Hernández, acusó a la Secretaría de Desarrollo Social -que encabeza Libia García Muñoz Ledo, virtual candidata a gobernadora- de ser una herramienta de uso político de la pobreza.

La política social de Guanajuato solo tiene fines electorales y “dar apoyos a su base clientelar, en especial a la estructura electoral que movilizan el día de las elecciones”, acusó.

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Guanajuato

Nuevo ataque a bar deja tres muertos en Irapuato

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Un mesero y dos clientes fueron asesinados a balazos la noche de este lunes en el Bar Kabaska ubicado en la calle Sarabia de la colonia Santa Julia en Irapuato, Guanajuato.

Un grupo de hombres armados ingresó al negocio alrededor de las 22:00 horas, en donde abrió fuego contra el personal y clientes.

A las 22:15 horas el sistema de Emergencias 911 recibió el reporte de una balacera en el interior del establecimiento, con varias personas lesionadas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que en el lugar encontraron tres personas del sexo masculino sin vida. Una fue identificada como un joven mesero.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación sin personas detenidas por el triple homicidio.

Este es el cuarto ataque armado contra bares registrados entre el 27 de septiembre y el 14 de octubre de 2024, en los que mataron a ocho hombres y seis personas fueron lesionadas. Los negocios son Cervecería San Agustín, Bar Bas, Centro Botanero «El 90» y Bar Kabaska.

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Guanajuato

Guanajuato es el primer estado en promover una controversia constitucional

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Al menos se han presentado 138 demandas de amparo en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Algunas se encuentran a trámite en juzgados federales y una docena más ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre ellas la controversia constitucional promovida recientemente por el gobierno de Guanajuato.

En listas electrónicas de la Corte fue publicada el pasado viernes la controversia 286/2024 que promovió el ex gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, como uno de sus últimos actos de su administración, que concluyó el pasado 26 de septiembre.

La controversia, la primera presentada por una autoridad estatal contra la enmienda constitucional, fue admitida a trámite por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y turnada al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien decidirá si admite o desecha el recurso.

Hasta ayer no se hicieron públicos los argumentos que presentó Rodríguez Vallejo en la controversia ni si pidió la suspensión de la reforma, como medida cautelar.

Además de dicho recurso, jueces y magistrados han promovido en las semanas recientes recursos ante la Corte contra la reforma judicial que fueron procesados en 11 consultas a trámite, de las cuales el pleno ha admitido cuatro.

Del 15 de septiembre hasta el 3 de octubre, suman 138 demandas de amparo en contra de la reforma judicial ante juzgados federales, de las cuales 35 ya fueron admitidas a trámite, informó ayer la ministra Lenia Batres Guadarrama.

Cabe destacar que de las 138 demandas de amparo contra la reforma judicial, en más de la mitad las juezas y jueces de conocimiento se han declarado impedidos o legalmente incompetentes. No obstante que deberían haberse declarado así 100 por ciento, dada la improcedencia expresa contenida en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, señaló en un comunicado.

Batres se basó en los datos públicos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Detalló que han sido admitidos 35 amparos, desechados ocho, declarados bajo impedimentos o incompetencias 70 y pendientes de trámite 27.

Ayer, la ministra Yasmín Esquivel Mossa advirtió que la SCJN no puede suspender el proceso de elección de ministros, magistrados y jueces federales que inició ya el Instituto Nacional Electoral (INE).

Esquivel expresó su opinión durante la sesión del pleno, para refutar los dichos del ministro Javier Laynez Potisek, quien afirmó que la Corte puede suspender dicho proceso electoral.

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Gobierno

Diputada de Movimiento Ciudadano propone despenalizar el aborto en Guanajuato

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 La diputada Sandra Pedroza Orozco, de Movimiento Ciudadano, presentó este jueves 3 de octubre en sesión del pleno del Congreso una iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación mediante una reforma al Código Penal.

También propuso derogar el artículo 1 de la Constitución, que establece que el Estado debe proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que es una forma de prohibir el aborto y que ha sido declarado inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Dijo que la Fiscalía del Estado le informó que cuentan con 17 carpetas de investigación contra mujeres por abortar, del 1 de enero de 2022 a junio de 2024, de las cuales el 96 % fueron presentadas por personal de salud que las atendieron durante los abortos, según una solicitud de información que hicieron. 

Pero hay más carpetas contra personas que ayudaron a las mujeres a abortar, a pesar de lo cual la Fiscalía aclaró que no hay ninguna mujer presa por haber abortado. 

Paulina Urbieta, de la colectiva femenista Verde Aquelarre, presente en la conferencia de prensa con la diputada de MC, agregó que ellas acompañan a mujeres que desean abortar y reciben en promedio tres solicitudes al mes, en su mayoría de Guanajuato capital y León.

Pero como somos muy poquitas, tratamos de darle atención a zonas fuera de estas zonas metropolitanas, porque hay gente de Romita o de otros municipios y no tiene los recursos económicos para eso”. 

Pedroza Orozco mencionó en la tribuna del Congreso que en 2022 se dieron 293 nacimientos de madres que oscilan entre los 14 años de edad, que aumentó a más del doble respecto a 2020, lo que demuestra que las niñas han sido obligadas a ser madres. 

“Es para garantizar nuestro derecho a decidir de manera segura (…) Hoy alzo la voz por esa niña que fue obligada a ser madre, por esa mujer que nunca recibió la información que necesitaba, por aquella que se sintió sola durante su proceso”, destacó.

En el Congreso, Sandra Pedroza mencionó que la iniciativa para despenalizar el aborto se ha presentado en tres legislaturas.

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