Promesas rotas, afiliaciones forzadas y un liderazgo cuestionado han deteriorado al sindicato que alguna vez presumió ser “la alternativa”.

El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) nació como un movimiento obrero que prometía transparencia, autonomía y una nueva forma de representación sindical. Su llegada tras el conflicto en GM Silao generó expectativa en todo el Bajío, donde muchos creyeron que significaba un cambio real en el trato hacia los trabajadores. Sin embargo, con el paso del tiempo esa imagen se ha desmoronado por completo.

La mala fama que hoy arrastra no es casualidad. Trabajadores de distintas empresas del Bajío denuncian que SINTTIA se ha dedicado a replicar las mismas prácticas que decía combatir: promesas sin cumplir, discursos repetidos y estrategias basadas en engaños. La organización intenta expandirse en nuevas plantas utilizando los recursos provenientes de las cuotas de GM Silao, convirtiendo esa base en una especie de “mina” para financiar promoción, regalos y actividades que poco tienen que ver con la defensa laboral.

A esto se suman denuncias de afiliaciones sin consentimiento. Empleados señalan que han recibido llamadas para entregar documentos personales a cambio de supuestos beneficios, y que en algunos casos han sido registrados sin claridad ni autorización. Otros aseguran que SINTTIA condiciona becas, apoyos o promesas a cambio de firmar afiliaciones, lo que ha provocado indignación en varias plantas.

Entre los primeros en denunciar estas prácticas estuvo Israel Cervantes, fundador del sindicato y una de sus caras más visibles. Al detectar corrupción, opacidad y un manejo interno que se alejó de los principios originales, decidió abandonar SINTTIA y unirse a otra corriente sindical. Su salida terminó por confirmar los rumores que ya circulaban entre los trabajadores.

Hoy, la secretaria general Alejandra Morales enfrenta rechazo creciente. En diversas empresas ya no es bien recibida, pues los trabajadores aseguran que llega con discursos vacíos y tácticas para convencer sin ofrecer resultados reales. Cada vez más personas coinciden en que SINTTIA no representa el cambio que prometió, sino un proyecto desgastado que perdió credibilidad por su propia conducta.

El sindicalismo en México ha enfrentado momentos oscuros, pero el caso de la CROC bajo el mando de Isaías González Cuevas parece empeñado en revivir las peores prácticas del pasado. Cada vez más trabajadores denuncian que esta organización ha dejado de lado su espíritu de defensa para convertirse en un instrumento de control político y un negocio manejado por unos cuantos. Y las pruebas se acumulan en testimonios contundentes: contratos colectivos firmados sin consulta, decisiones tomadas en la sombra y una dirigencia más interesada en conservar privilegios que en mejorar las condiciones laborales de su gente.

Las denuncias que han surgido en los últimos meses coinciden con una inquietante precisión. Trabajadores de diferentes industrias relatan que la CROC llega, negocia y firma acuerdos sin convocar a la base para participar en la decisión. No hay asambleas, no hay votación, no hay transparencia. Solo aparece el contrato final, ya sellado y con cláusulas que nadie recuerda haber aprobado. Esta práctica, profundamente antidemocrática, ha provocado un rechazo creciente entre quienes esperaban representación y solo encontraron imposiciones.

El líder croquista, Isaías González Cuevas, se ha convertido en sinónimo de opacidad sindical. Sus críticos señalan que ha consolidado un liderazgo basado en alianzas políticas estratégicas y en el control rígido de la estructura interna, no en resultados tangibles para los trabajadores. Su presencia se ha vuelto casi decorativa en el mundo laboral; aparece en discursos, pero no en la defensa activa de los derechos de la base.

Compañeros afiliados aseguran que la CROC utiliza su nombre para justificar acuerdos “en beneficio del trabajador”, aunque en realidad las cláusulas parecen beneficiar más a las dirigencias que a los empleados. Su actuar evoca el sindicalismo corporativo de décadas pasadas, donde las decisiones se tomaban en lo alto y los trabajadores eran simplemente informados —no consultados— de lo que se había pactado en su nombre.

El problema de fondo es grave: un sindicato que decide unilateralmente no solo traiciona la confianza de sus representados, sino que pisotea la democracia interna. Los trabajadores, hartos de esta dinámica, han comenzado a exigir participación real en las negociaciones. Saben que un sindicato que no escucha no sirve. Y cada nueva denuncia refuerza la idea de que la CROC ha perdido el rumbo, priorizando intereses políticos muy por encima de aquellos a quienes dice defender.

La indignación resulta comprensible. ¿Cómo puede un trabajador confiar en una organización que no respeta su voz? ¿Cómo sentirse representado por un liderazgo que parece más preocupado por cuidar su propia imagen y sus privilegios que por garantizar condiciones laborales dignas?

La CROC puede intentar justificar sus acciones con discursos institucionales, pero la realidad está frente a ellos: la base ya se cansó. Cansada de contratos ocultos, de imposiciones y de una dirigencia desconectada.

La actuación de COREMEX vuelve a colocarse bajo escrutinio luego de que trabajadores de distintos centros de trabajo denunciaron prácticas que, afirman, se asemejan a un esquema de extorsión sindical. De acuerdo con testimonios recabados, dirigentes del sindicato habrían exigido pagos en efectivo o la firma de documentos a cambio de “protección” o para evitar supuestos conflictos laborales generados por la propia organización.

Las quejas señalan un patrón en el que representantes sindicales presionan a los empleados con advertencias sobre posibles afectaciones en sus condiciones laborales si no acceden a estas solicitudes. Según trabajadores consultados, este mecanismo estaría diseñado para mantener un control artificial sobre la plantilla, generando una dependencia obligada y contraria a los principios de libertad sindical.

Fuentes internas refieren que la presión no se limita a los centros donde COREMEX tiene titularidad, sino que se habrían realizado acercamientos en empresas donde el sindicato intenta ingresar, ofreciendo “garantías” a cambio de pagos o firmas que, en múltiples casos, no tienen sustento legal alguno. Especialistas en materia laboral advierten que estas conductas vulneran la normatividad vigente y contradicen el mandato democrático que deben tener las organizaciones sindicales tras la reforma laboral.

Dirigentes consultados evitaron pronunciarse sobre estas acusaciones; no obstante, trabajadores sostienen que la dinámica de intimidación ha escalado y que algunos representantes incluso amenazan con provocar conflictos internos para forzar la adhesión o la entrega de recursos.

Los denunciantes afirman que continuarán documentando los hechos para presentarlos ante autoridades laborales, con el fin de frenar lo que describen como “un modelo de presión que opera a costa de los trabajadores y no en su defensa”. En tanto, el panorama sindical en las empresas afectadas permanece tenso y a la expectativa de una intervención institucional.