La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad, la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato que avaló la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la candidatura postulada para la gubernatura del estado por la coalición “Fuerza y corazón por Guanajuato”, expedida por el Consejo General del Instituto Electoral local.

El partido político Morena impugnó esta resolución al considerar que el tribunal electoral local vulneró los derechos fundamentales, principios de legalidad y de acceso a la justicia, derivado de una indebida valoración «probatoria» y un estudio erróneo de los hechos denunciados.

En la sesión pública de hoy, la sala superior, a propuesta de la magistrada Mónica Soto Fregoso, determinó que el Tribunal local valoró debidamente las pruebas que obran en el expediente y concluyó correctamente que no se acreditó la irregularidad aducida, toda vez que no existe una promoción indebida de la candidata de la coalición derivada de un programa social como parte de sus propuestas de gobierno.

Se argumentó que la propaganda en periodo de campaña de la candidatura de la coalición “Fuerza y corazón por Guanajuato”, al hacer alusión a la denominada “tarjeta rosa”, no se podía considerar a primera vista que se pudiera arribar a la conclusión de que se estuviera en presencia de una manipulación o influencia negativa con el fin de inducir, coaccionar, limitar o presionar a la ciudadanía guanajuatense.

Asimismo, se carece de elementos que lleven a concluir la violación al artículo 134 constitucional por el uso de símbolos de la tarjeta utilizada en un programa social que implica promoción personalizada, a favor de la candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por Guanajuato”, porque la entonces candidata no ostentaba el carácter de persona servidora pública.

rabajadores del Poder Judicial del Estado de Guanajuato realizaron una manifestación contra la eminente aprobación de la reforma judicial en el Senado de la República.

Unos 150 burócratas marcharon por las calles del municipio de San Francisco del Rincón gritando consignas y portando mantas contra la reforma constitucional propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“La independencia judicial es la garantía de nuestra libertad y no la vendemos” y “la protesta es legítima cuando nuestro derecho a la justicia es amenazado”, eran algunas de las frases plasmadas en mantas y cartulinas.

Los funcionarios del Poder Judicial de Guanajuato gritaban que no son oposición, que solo sirven a la nación. Aseguraron que la reforma afectará la impartición de justicia porque no se privilegia la carrera judicial.

“México escucha, está es tu lucha, no a la reforma”, clamaron.

A finales de agosto, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato (STJE), Héctor Tinajero Muñoz, sostuvo que la iniciativa de reforma a la Constitución afectará la independencia del Poder Judicial de la Federación y la de los estados.

La iniciativa trastoca el derecho a la carrera judicial, permanencia y ascenso de todos los miembros, sostuvo.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, también se ha pronunciado contra la iniciativa de reforma constitucional, al argumentar que puede disuadir inversiones extranjeras en el estado y en el país.

«Los inversionistas buscan un Poder Judicial robusto y neutral para resolver controversias, si el Poder Judicial está influenciado por partidos o crimen organizado, las empresas optarán por invertir en países como Brasil», ha señalado.

En el Senado de la República se analiza la reforma al artículo 95 de la Constitución que contempla la elección de jueces, magistrados y ministros.

En caso de ser aprobada la propuesta del Ejecutivo, en el 2025 habrá una elección extraordinaria donde los actuales ministros, magistrados y jueces pueden postularse.

Cabe mencionar, que actualmente el presidente de México propone al Senado una terna para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los magistrados y jueces son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal.

La iniciativa plantea eliminar la pensión vitalicia de los ministros y reducir sus salarios acordes al sueldo del presidente de la República.

También será sustituido el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, entre otros aspectos.

“¡Morenistas y aliados dejen de mentir!”, requirió el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero durante la manifestación de este domingo contra la reforma judicial, a la que se unieron la Barra de Abogados del estado de Guanajuato, empresarios y enfermos de cáncer que con amparo lograron atención en el IMSS.

En dos movilizaciones por las calles y plazas de León y Guanajuato capital, trabajadores, jueces y magistrados hicieron pronunciamientos para exigir que se detenga el proceso legislativo de la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que, advirtieron, es como un Golpe de Estado técnico.

“¡Alto, Alto!”, gritaron cientos de personas frente a la Plaza de los Mártires del 2 de Enero, para que se dé marcha atrás a la reforma.

En la capital cientos de personas caminaron desde el Paseo de la Presa hasta la Plaza de la Paz en oposición a la reforma constitucional. “El Poder Judicial es la última frontera ante la dictadura”; “Si el pueblo se informa no pasa la reforma”.

En León, partieron del edificio del Poder Judicial de la Federación (PJF) ubicado en el bulevar Adolfo López Mateos hasta el Arco de la Calzada y luego a la Plaza principal. En el exterior de su sede, el Juez Cuarto de Distrito, Ulises Fuentes Rodríguez.

Ahí, advirtió que el país “no necesita políticos con toga que sirvan a los intereses de su partido, sino jueces independientes, capacitados, valientes, que se atrevan a resolver conforme a Derecho, sin el compromiso de agradar absolutamente a nadie”.

En representación de la Barra Mexicana de Abogados del estado de Guanajuato, su vicepresidenta, Katia Morales Prado, señaló que el gremio está en contra de la reforma al Poder Judicial y alentó a los “togados” y personal del PJF a no rendirse, porque los abogados necesitan que sean fuertes y “los vamos a respaldar”.

“Como abogados los apoyamos, como abogados estamos dispuestos a llevar esta lucha a las últimas consecuencias, y que vamos hasta el final; no podemos permitir un Poder Judicial polarizado, politizado y tendencioso”, acotó ante unos mil 200 asistentes, de acuerdo a organizadores.

En la plaza principal de León, Guanajuato, la lideresa destacó que se necesitan jueces preparados que no se deben a ningún poder, que resuelvan de cara a la Constitución, jueces que no resuelvan por mayoriteo, un Poder Judicial autónomo.

“La democracia no se trata nada más de salir a votar, la democracia se trata de un sistema de Gobierno donde se escuchen todas las voces, donde se escucha la pluralidad”, dijo.

El magistrado Rojas Caballero, vocero de la Directiva Regional Guanajuato de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación en Guanajuato, dijo que la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la coalición de partidos que lo apoyan no tiene la pretensión de mejorar al Poder Judicial, sino de politizarlo.

Dijo que esas enmiendas implican la destrucción del Poder Judicial de la Federación profesional e independiente al eliminar la carrera judicial que es su mayor fortaleza, y además pretende acabar con los organismos autónomos que impiden los abusos del gobierno.

“Una enmienda cuya lógica perversa es la purga y captura del Poder Judicial como contrapeso democrático y defensor de los derechos de todos, una reforma inspirada por la venganza por no doblegarnos a violar la Constitución y las leyes, porque para nosotros la ley sí es la ley”.

Expuso que es una reforma rechazada universalmente por la relatora de las Naciones Unidas, por los especialistas, por las barras y colegios de abogados, por las organizaciones empresariales, por los académicos, por las organizaciones de la sociedad civil.

El presidente busca con esta reforma y las otras 17, el desmantelamiento de una democracia moderna, con división de poderes, contrapesos y respeto a las minorías y sus derechos humanos. Dijo que esas enmiendas implican la destrucción del Poder Judicial de la Federación, profesional e independiente.

“¡Morenistas y aliados dejen de mentir!; ¡dejen de mentir!, no somos fiscales, no somos ministerios públicos, no somos policías, no somos corruptos; es falso que el 2 de junio la gente votó por destruir al Poder Judicial de Federación”.

“¡Falso, falso!”, replicaron los asistentes.

El presidente de la Canacintra León, José de Jesús Hernández Fuentes, señaló que la reforma judicial propuesta ha generado incertidumbre económica y desconfianza en los mercados internacionales en México.

“Cualquier debilitamiento del sistema judicial podría afectar directamente sus capacidades para crecer y generar empleos; los trabajadores también se verán afectados, un sistema judicial que no garantiza la imparcialidad podría poner en peligro sus derechos laborales”, acotó.

La falta de independencia judicial podría generar incertidumbre legal, lo que desincentiva la inversión y pondría en riesgo la estabilidad económica, y lo hemos estado viviendo en las últimas semanas, desde las elecciones del 2 de junio pasado, la volatilidad del dólar, la baja crediticia como país.