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Justicia

Localizan a más de 100 grupos supremacistas en la frontera

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El Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) identificó a un centenar de grupos supremacistas blancos y contingentes de odio que han resurgido a partir de la Ley SB-4 impulsada por el gobernador de Texas, Greg Abbot, que permite a las autoridades estatales detener y deportar a los migrantes sólo por su apariencia.

Informes de la agencia estadounidense advierten que en los grupos detectados operan ideologías neonazis y antiinmigrantes, por lo cual todas sus acciones se llevan a cabo con base en nociones supremacistas que observan una nación dominada y poblada por blancos.

Una de las ideas que algunos de estos grupos manifiesta abiertamente es la de un supuesto plan secreto del gobierno de México y los mexicoamericanos para cercenar el sureste de Estados Unidos y crear un nuevo país, Aztlán.

“El número de agrupaciones de odio que operan en Estados Unidos ha aumentado en todo el país, en gran medida alimentado por medidas antiinmigrantes como la SB-4 en Texas, en la frontera con México, donde al menos un centenar de organizaciones operan, y la SB-1718 en Florida”, advierte el FBI en un reporte elaborado en enero pasado.

Entre los grupos identificados por la autoridad estadounidense están American Border Patrol, cuyos integrantes salen prácticamente a cazarmigrantes; la Federación por la Reforma de Inmigración en Estados Unidos (FAIR), Patriotas Constitucionales Unidos y El Ejército de Dios, cuyos miembros y fundadores están relacionados con grupos supremacistas y neonazis. Todos tienen como finalidad impedir la entrada de migrantes y generalmente lo hacen con métodos violentos, desde intimidaciones hasta asesinatos.

De acuerdo con Javier Urbano, coordinador del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (Ibero), estos grupos comenzaron a surgir en la década de los 90, cuando los flujos de migrantes hacia la Unión Americana se incrementaron marcadamente.

“La presencia mediática y el éxito político de esos grupos se debe a la doctrina de seguridad nacional en Estados Unidos, al relanzamiento del discurso patriota en defensa de las fronteras y la segregación de tinte antimexicano que cada cuatro años dominan las elecciones en la Unión Americana”, agregó.

Estas organizaciones, de acuerdo con el FBI, aprovechan ahora las redes sociales para fomentar el sentimiento de odio contra la llegada de indocumentados, cuyo número rompió récord el año pasado con casi 2.5 millones de detenciones.

“En última instancia, tener una frontera significa estar preparado para tener hombres armados dispuestos a usar la fuerza para detener a quienes intentan cruzarla. Si no estás dispuesto a hacer eso, entonces tu frontera es falsa; cualquiera que lo desee con todas sus fuerzas puede simplemente entrar por la fuerza”, escribió en su cuenta en X, Charlie Kirk, fundador y presidente de la organización conservadora Turning Point USA.

“Es hora de tratar con dureza a los invasores, gobernador Abbot. Tenemos armas sónicas y de ondas milimétricas para control de multitudes. Es hora de usarlas”, escribió otro usuario de X.

La ley SB-4 permanece congelada hasta nuevo aviso, ya que el tribunal de apelaciones del quinto circuito de Nuevo Orleans no ha fijado una postura sobre si esta legislación viola o no la Constitución de Estados Unidos.

El miércoles, la corte de apelaciones escuchó las posturas sobre la misma por parte de las autoridades federales y las texanas, pero hasta el momento no ha emitido algún pronunciamiento.

“La SB-4 continúa suspendida. La SRE sigue firme en la defensa de los mexicanos ante leyes discriminatorias en Texas y Estados Unidos”, manifestó la canciller Alicia Bárcena tras la audiencia del miércoles que mantiene la legislación congelada.

La norma, firmada por el republicano Greg Abbott, en diciembre pasado, autoriza a las fuerzas de seguridad de Texas a arrestar a personas bajo la sospecha de que hubieran ingresado irregularmente al estado por la frontera sur con México.

Además, considera que la entrada irregular al territorio es un crimen estatal que puede ser castigado hasta con seis meses de cárcel, o 20 años si la persona es reincidente. La medida también autoriza a los jueces estatales a expulsar a las personas detenidas directamente a México.

La decisión del tribunal, de acuerdo con Luis Dávila, integrante del Movimiento Mesoamericano Migrante, puede incrementar el sentimiento antiinmigrante de estos grupos ante la impotencia de no haber logrado el cometido de Abbot.

“Nos ha tocado verlos y estaban armados como si fueran a la guerra y camuflados, incluso se instalan a lo largo del río Bravo, escondidos entre los arbustos.

Realmente nos preocupa que la decisión del tribunal de parar la SB-4 exacerbe la frustración de estas organizaciones e intenten aplicar las medidas por sus propias manos o que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca vuelva a fomentar el sentimiento de odio”, agregó.

De acuerdo con el Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo de la Universidad Estatal de California, San Bernardino, en 2022 los crímenes de odio contra la población hispana aumentaron 21 por ciento respecto a 2021. En total, se registraron 738 crímenes de odio contra latinos en Estados Unidos.

Actualmente, el discurso antimigrante es explotado por políticos conservadores y republicanos que están en la lucha por obtener la presidencia de Estados Unidos en noviembre próximo.

Donald Trump es uno de los principales promotores de la retórica antiinmigrante al decir que los indocumentados están “envenenando la sangre del país” y advierte que de llegar a la presidencia usará a las policías locales para hacer deportaciones masivas.

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Justicia

Juzgado federal tumba orden de aprehensión contra el consultor financiero Pedro López Elías.

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La resolución judicial de amparo se centró en la incompetencia del fuero común para juzgar contratos financiados con recursos federales.

El litigio penal que involucra a la firma especializada López Elías Finanzas Públicas, S.C. dio un giro sustancial en los tribunales del norte del país. La Jueza Décimo de Distrito en Chihuahua dictó sentencia favorable al titular del despacho corporativo. Ordenó revocar la orden de captura local vinculada a los contratos de refinanciamiento de deuda celebrados en el sexenio pasado. La controversia comercial y penal surgió tras el pago de 98.6 millones de pesos al despacho por concepto de asesorías de reestructura de deuda. Mientras la Auditoría de Chihuahua tachaba el proceso de irregular, la defensa corporativa demostró la existencia de entregables técnicos reales e institucionales. Además, evidenciaron que la naturaleza jurídica del dinero correspondía al orden federal. La jueza Madhay Soto Morales resolvió estrictamente con base en las competencias del federalismo judicial mexicano. Dictaminó que el juez de control de Chihuahua no tenía facultades legales para ordenar aprehensiones en una causa que gira sobre recursos federales. La sentencia ordena dejar sin validez el mandamiento emitido en la causa 3050/2024. Para el sector de la consultoría gubernamental y las corporaciones financieras, este fallo aclara las reglas de cumplimiento legal y asignación de jurisdicción corporativa.

El fallo representa un precedente técnico relevante para las firmas consultoras de finanzas públicas en México. La presunción de delitos financieros en este caso particular quedará bajo el estricto arbitraje de los jueces de distrito competentes.

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Justicia

Las diferencias internas también golpean a SINTTIA

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Las diferencias internas también golpean a SINTTIA

La salida de figuras del proyecto y la aparición de corrientes críticas reflejan, según trabajadores, un sindicato que enfrenta dificultades para mantener una postura unificada.

Además de los resultados adversos en diferentes plantas, SINTTIA enfrenta otro reto: las diferencias que han surgido dentro de su propia estructura.

Uno de los episodios que sus críticos recuerdan es la salida de Israel Cervantes, una de las figuras que participaron en la construcción inicial del proyecto sindical. Su separación de la organización se convirtió en uno de los elementos utilizados por trabajadores para cuestionar la estabilidad interna del sindicato.

Con el paso del tiempo también han surgido grupos con posturas diferentes a las de las dirigencias. Un ejemplo es Movimiento Azul en General Motors Silao, cuyos integrantes han cuestionado públicamente la conducción del sindicato y la forma en que se desarrollan las asambleas.

Entre sus principales reclamos se encuentra la percepción de que las reuniones sindicales no permiten una participación suficientemente amplia de los afiliados. Algunos trabajadores sostienen que las voces críticas tienen dificultades para plantear inconformidades, cuestionar al Comité o proponer alternativas.

Estas diferencias han abierto un debate sobre la democracia interna de SINTTIA y sobre el papel que deben desempeñar los afiliados en las decisiones de la organización.

Para algunos trabajadores, un sindicato que busca representar sus intereses necesita mantener abiertos los canales de participación y permitir que existan opiniones diferentes a las de la dirigencia.

Los críticos consideran que la combinación de cambios internos, corrientes opositoras y resultados electorales adversos representa una señal de desgaste para SINTTIA.

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Una huelga tiene fecha de inicio, pero no de regreso: el riesgo para trabajadores de Volkswagen

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Una huelga tiene fecha de inicio, pero no de regreso: el riesgo para trabajadores de Volkswagen

Una eventual huelga podría convertir una negociación salarial en un periodo de incertidumbre para miles de trabajadores. La falta de certeza sobre su duración, la presión sobre los ingresos familiares y las posibles afectaciones a la cadena automotriz serían parte de un escenario que la base deberá considerar antes de tomar una decisión.

Puebla, Pue.– Una huelga puede tener una fecha y una hora para comenzar. Lo que nadie puede colocar en el calendario es el día en que terminará.

Esa incertidumbre sería uno de los principales riesgos para los trabajadores de Volkswagen de México si el conflicto laboral llegara finalmente a una suspensión de actividades.

Después de días de negociaciones, prórrogas y momentos de tensión, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) consiguió llevar la propuesta económica hasta un 10.04% de incremento global, superando la barrera de los dos dígitos.

La base trabajadora tendrá que valorar lo conseguido. Sin embargo, si el acuerdo fuera rechazado y las negociaciones posteriores no consiguieran una salida, el escenario de huelga volvería a colocar sobre la mesa una serie de riesgos.

Y entonces la discusión dejaría de concentrarse únicamente en porcentajes.

¿Cuánto tiempo puede aguantar una familia?

Para un trabajador, dejar de producir no significa que también se detengan sus responsabilidades económicas.

La renta llega. La hipoteca llega. Los créditos deben pagarse. Hay comida, transporte, servicios, colegiaturas y numerosos gastos familiares que continúan independientemente de lo que suceda dentro de una negociación laboral.

Por eso, una de las preguntas fundamentales ante una eventual huelga sería cuánto tiempo podría prolongarse.

Porque conforme pasaran los días, la presión económica podría trasladarse directamente de la planta hacia los hogares de los trabajadores.

Una suspensión corta tendría determinadas consecuencias. Un conflicto de varias semanas representaría un escenario completamente diferente.

Y precisamente ahí está el problema: nadie puede garantizar anticipadamente su duración.

Entrar en huelga tampoco garantiza conseguir más

La huelga constituye una herramienta legítima de los trabajadores para defender sus intereses y ejercer presión durante una negociación.

Pero existe una realidad que también debe considerarse: detener actividades no garantiza automáticamente que la siguiente propuesta será mejor.

Una vez iniciado un conflicto, empresa y sindicato tendrían que volver a encontrar condiciones que permitan alcanzar un entendimiento.

Mientras eso ocurre, el tiempo continúa avanzando.

Por eso, frente a una propuesta que ya consiguió superar los dos dígitos, los trabajadores deberán comparar no solamente aquello que consideran que todavía falta conseguir, sino también aquello que podrían poner en riesgo durante una nueva confrontación.

El problema podría extenderse fuera de Volkswagen

Una eventual paralización tampoco necesariamente afectaría únicamente a quienes trabajan directamente para la armadora.

La planta de Puebla forma parte de una cadena productiva mucho más amplia.

Proveedores de autopartes, logística, transporte y distintos servicios mantienen actividades relacionadas con los volúmenes de producción de Volkswagen.

Si la suspensión se prolongara, algunas compañías podrían verse obligadas a ajustar operaciones, pedidos, producción o turnos.

Cada integrante de la base tendrá derecho a decidir si considera suficiente lo conseguido.

Pero también tendrá que hacerlo entendiendo qué podría ocurrir si el proceso vuelve a complicarse.

Porque rechazar una propuesta no significa necesariamente que una huelga sea inmediata ni inevitable. Pero si las negociaciones posteriores fracasaran y finalmente se llegara a ella, comenzaría un escenario sin una fecha segura de conclusión.

Y entonces la pregunta ya no sería solamente:

¿cuánto más podemos conseguir?

También habría que preguntarse:

¿cuánto estamos preparados para arriesgar y durante cuánto tiempo podríamos soportarlo nosotros y nuestras familias?

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