Justicia
Localizan a más de 100 grupos supremacistas en la frontera
El Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) identificó a un centenar de grupos supremacistas blancos y contingentes de odio que han resurgido a partir de la Ley SB-4 impulsada por el gobernador de Texas, Greg Abbot, que permite a las autoridades estatales detener y deportar a los migrantes sólo por su apariencia.
Informes de la agencia estadounidense advierten que en los grupos detectados operan ideologías neonazis y antiinmigrantes, por lo cual todas sus acciones se llevan a cabo con base en nociones supremacistas que observan una nación dominada y poblada por blancos.
Una de las ideas que algunos de estos grupos manifiesta abiertamente es la de un supuesto plan secreto del gobierno de México y los mexicoamericanos para cercenar el sureste de Estados Unidos y crear un nuevo país, Aztlán.
“El número de agrupaciones de odio que operan en Estados Unidos ha aumentado en todo el país, en gran medida alimentado por medidas antiinmigrantes como la SB-4 en Texas, en la frontera con México, donde al menos un centenar de organizaciones operan, y la SB-1718 en Florida”, advierte el FBI en un reporte elaborado en enero pasado.
Entre los grupos identificados por la autoridad estadounidense están American Border Patrol, cuyos integrantes salen prácticamente a cazarmigrantes; la Federación por la Reforma de Inmigración en Estados Unidos (FAIR), Patriotas Constitucionales Unidos y El Ejército de Dios, cuyos miembros y fundadores están relacionados con grupos supremacistas y neonazis. Todos tienen como finalidad impedir la entrada de migrantes y generalmente lo hacen con métodos violentos, desde intimidaciones hasta asesinatos.
De acuerdo con Javier Urbano, coordinador del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (Ibero), estos grupos comenzaron a surgir en la década de los 90, cuando los flujos de migrantes hacia la Unión Americana se incrementaron marcadamente.
“La presencia mediática y el éxito político de esos grupos se debe a la doctrina de seguridad nacional en Estados Unidos, al relanzamiento del discurso patriota en defensa de las fronteras y la segregación de tinte antimexicano que cada cuatro años dominan las elecciones en la Unión Americana”, agregó.
Estas organizaciones, de acuerdo con el FBI, aprovechan ahora las redes sociales para fomentar el sentimiento de odio contra la llegada de indocumentados, cuyo número rompió récord el año pasado con casi 2.5 millones de detenciones.
“En última instancia, tener una frontera significa estar preparado para tener hombres armados dispuestos a usar la fuerza para detener a quienes intentan cruzarla. Si no estás dispuesto a hacer eso, entonces tu frontera es falsa; cualquiera que lo desee con todas sus fuerzas puede simplemente entrar por la fuerza”, escribió en su cuenta en X, Charlie Kirk, fundador y presidente de la organización conservadora Turning Point USA.
“Es hora de tratar con dureza a los invasores, gobernador Abbot. Tenemos armas sónicas y de ondas milimétricas para control de multitudes. Es hora de usarlas”, escribió otro usuario de X.
La ley SB-4 permanece congelada hasta nuevo aviso, ya que el tribunal de apelaciones del quinto circuito de Nuevo Orleans no ha fijado una postura sobre si esta legislación viola o no la Constitución de Estados Unidos.
El miércoles, la corte de apelaciones escuchó las posturas sobre la misma por parte de las autoridades federales y las texanas, pero hasta el momento no ha emitido algún pronunciamiento.
“La SB-4 continúa suspendida. La SRE sigue firme en la defensa de los mexicanos ante leyes discriminatorias en Texas y Estados Unidos”, manifestó la canciller Alicia Bárcena tras la audiencia del miércoles que mantiene la legislación congelada.
La norma, firmada por el republicano Greg Abbott, en diciembre pasado, autoriza a las fuerzas de seguridad de Texas a arrestar a personas bajo la sospecha de que hubieran ingresado irregularmente al estado por la frontera sur con México.
Además, considera que la entrada irregular al territorio es un crimen estatal que puede ser castigado hasta con seis meses de cárcel, o 20 años si la persona es reincidente. La medida también autoriza a los jueces estatales a expulsar a las personas detenidas directamente a México.
La decisión del tribunal, de acuerdo con Luis Dávila, integrante del Movimiento Mesoamericano Migrante, puede incrementar el sentimiento antiinmigrante de estos grupos ante la impotencia de no haber logrado el cometido de Abbot.
“Nos ha tocado verlos y estaban armados como si fueran a la guerra y camuflados, incluso se instalan a lo largo del río Bravo, escondidos entre los arbustos.
Realmente nos preocupa que la decisión del tribunal de parar la SB-4 exacerbe la frustración de estas organizaciones e intenten aplicar las medidas por sus propias manos o que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca vuelva a fomentar el sentimiento de odio”, agregó.
De acuerdo con el Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo de la Universidad Estatal de California, San Bernardino, en 2022 los crímenes de odio contra la población hispana aumentaron 21 por ciento respecto a 2021. En total, se registraron 738 crímenes de odio contra latinos en Estados Unidos.
Actualmente, el discurso antimigrante es explotado por políticos conservadores y republicanos que están en la lucha por obtener la presidencia de Estados Unidos en noviembre próximo.
Donald Trump es uno de los principales promotores de la retórica antiinmigrante al decir que los indocumentados están “envenenando la sangre del país” y advierte que de llegar a la presidencia usará a las policías locales para hacer deportaciones masivas.
Industria
COREMEX: el falso sindicato que vende promesas y siembra miedo
COREMEX se presenta como un nuevo rostro del sindicalismo en México, pero detrás de su fachada de modernidad se esconde una organización construida sobre mentiras, manipulación y prácticas ilegales. Bajo la máscara de “defensores de los trabajadores”, sus dirigentes han hecho de la intimidación y las promesas vacías sus principales herramientas para ganar terreno en distintos centros laborales.
Denuncias recientes revelan que COREMEX no cumple con los requisitos mínimos que la Ley Federal del Trabajo exige para operar como un sindicato legítimo. Aun así, insiste en reclutar trabajadores mediante ofertas irreales y promesas imposibles de cumplir, como aumentos inmediatos o beneficios que no están respaldados por ningún contrato colectivo formal.
Más alarmante es la forma en que intenta imponerse: trabajadores han reportado presiones, amenazas y la presencia de individuos ajenos al gremio —algunos con antecedentes delictivos— utilizados para generar miedo y forzar la afiliación. Este tipo de tácticas recuerdan los peores años del sindicalismo corrupto, cuando la voluntad de los empleados era pisoteada por grupos de poder disfrazados de representantes obreros.
Lejos de defender los derechos laborales, COREMEX busca controlar y manipular. No existe transparencia, ni procesos democráticos reales, ni rendición de cuentas. Su funcionamiento opaco y su discurso populista lo convierten en una amenaza para el sindicalismo libre y auténtico que México ha tratado de construir.
COREMEX no representa el futuro del sindicalismo; representa un retroceso peligroso. Un proyecto que vive del engaño y la intimidación no puede ni debe ser opción para los trabajadores que aspiran a una representación justa y legal.
En un país donde los trabajadores han luchado durante décadas por conquistar sus derechos, permitir la expansión de sindicatos de fachada como COREMEX sería un retroceso imperdonable. Su presencia no fortalece al sindicalismo mexicano: lo contamina. México necesita organizaciones serias, legales y comprometidas con la justicia laboral, no proyectos improvisados que recurren a la intimidación y al engaño para ganar terreno.
Justicia
Abelardo “El Bayo” Valenzuela: el enemigo silencioso de la autonomía judicial
El mismo fiscal que exige independencia a nivel nacional actúa en Chihuahua como operador político del poder que lo nombró.
El discurso anticorrupción de Abelardo Valenzuela: mucho ruido y ninguna justicia
El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, se ha convertido en un personaje recurrente de los foros nacionales sobre transparencia. Habla de autonomía, de rendición de cuentas, de “cerrarle la puerta a la impunidad”. Pero en los hechos, su nombre representa todo lo contrario: una Fiscalía convertida en escaparate político, con convenios para la foto, investigaciones congeladas y una justicia que solo funciona cuando conviene al poder.
Desde su llegada en 2022, su gestión ha sido cuestionada por la falta de resultados concretos y por presuntas afinidades partidistas. Su nombramiento, promovido por acuerdos entre grupos políticos, fue visto más como un pago de favores que como una apuesta por la independencia institucional. ¿Cómo puede un fiscal anticorrupción ser autónomo si depende de los mismos a quienes debería investigar?
Convenios, discursos y cero resultados
Cada aparición pública de Valenzuela es un acto de comunicación política cuidadosamente producido. Firma convenios, da conferencias, sonríe ante las cámaras. Pero detrás de esa fachada institucional no hay resultados visibles. No existen estadísticas transparentes, ni auditorías públicas, ni investigaciones de alto impacto resueltas.
Los grandes casos de corrupción estatal —los desvíos millonarios del pasado reciente— siguen en la impunidad. Mientras tanto, el fiscal presume “avances” mediáticos, como si un tuit o una fotografía sustituyeran a una sentencia firme.
En julio de 2025, durante la Cumbre Nacional de Fiscales Anticorrupción, Valenzuela se atrevió a decir que “en México ya no hay espacio para la impunidad”. La frase sonó bien en titulares. Pero en Chihuahua, la impunidad tiene oficina, horario y presupuesto… dentro de su propia fiscalía.
El espejo roto de la transparencia
Valenzuela ha hecho de la palabra transparencia un eslogan vacío. No existen portales de datos abiertos ni informes públicos detallados sobre las investigaciones en curso. Lo que sí hay es opacidad, discrecionalidad y silencio. Los ciudadanos no saben cuántos casos se investigan, cuántos se cierran o cuántos se archivan sin explicación. La fiscalía que debería rendir cuentas ni siquiera rinde las suyas propias.
El problema no es que Abelardo Valenzuela hable de combatir la corrupción: el problema es que nadie le cree. Su discurso perdió legitimidad porque la realidad lo contradice todos los días. Cada palabra sobre autonomía suena falsa en una oficina donde la línea política decide a quién se persigue y a quién se protege.
Abelardo Valenzuela “El Bayo” se presenta como el guardián de la honestidad, pero actúa como el fiscal que protege la corrupción. En su mandato, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se convirtió en una institución domesticada: dócil ante el poder, muda ante la verdad e incapaz de demostrar resultados.
Mientras siga repitiendo las mismas frases vacías —autonomía, transparencia, rendición de cuentas— sin entregar justicia real, Valenzuela seguirá siendo el símbolo del fracaso institucional en Chihuahua. Un fiscal que habla de ética, pero opera en la penumbra.
Justicia
Trabajadores del Monte de Piedad abandonan sindicato por malas decisiones de Arturo Zayún
La inconformidad de un amplio sector de trabajadores con la huelga promovida por la dirigencia de Arturo Zayún ha provocado una fractura dentro del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad. Cada vez más colaboradores han decidido deslindarse del movimiento y sumarse al Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad (SITNMP), una organización que según sus integrantes busca representar los intereses reales de la base trabajadora y apostar por el diálogo en lugar del conflicto.
De acuerdo con Alma Delia Villalpando Rosales, Secretaria General y Gerardo Ríos, Secretario de Trabajo del Sindicato Independiente, en las últimas semanas se ha sumado un número importante de trabajadores de distintas regiones del país, incluyendo entidades del norte, centro y sur como Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Querétaro, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
Al respecto la dirigente sindical explicó que el movimiento independiente ha ganado fuerza debido al descontento con la prolongación de la huelga y la falta de resultados de la actual dirigencia sindical y detalló que muchos empleados han decidido integrarse al SITNMP tras considerar que la huelga no refleja sus intereses ni necesidades, y que por el contrario, ha afectado directamente a las familias trabajadoras y a los usuarios que dependen de los servicios de la institución.
Agregó que el Sindicato Independiente promueve una agenda enfocada en la estabilidad laboral, la transparencia en la gestión y el respeto a los derechos de los trabajadores el Monte de Piedad.
Por su parte, Gerardo Ríos resaltó que actualmente, el Sindicato Independiente participa como tercero interesado en el proceso que se sigue ante el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, lo que le permite dar seguimiento a las audiencias y mantener informada a la fuerza laboral sobre el desarrollo del conflicto, evitando interpretaciones sesgadas por el sindicato tradicional.
La presencia cada vez más visible del SITNMP en distintas zonas del país representa un cambio relevante en la dinámica sindical del Monte de Piedad, al abrir la puerta a una etapa de mayor pluralidad y representatividad dentro de la institución.
Para sus integrantes, el crecimiento de esta organización refleja el inicio de una nueva etapa en la que el diálogo y la participación responsable buscan sustituir las prácticas de confrontación que han predominado en los últimos meses.
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