A poco más de un mes de su promulgación, la reforma del Infonavit sigue generando dudas en torno a sus alcances en temas laborales, uno de ellos es el escenario frente a las incapacidades laborales, lo que puede implicar riesgos para las empresas. 

La reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de este año, sumó a las obligaciones de los empleadores conservar los descuentos del salario de los empleados por créditos otorgados por el Instituto aunque exista una incapacidad expedida por el IMSS.

“Cuando se trate de la obligación de hacer los descuentos a que se refiere la fracción III no se suspenderá por ausencias o incapacidades en términos de la Ley del Seguro Social”, indica la adición al artículo 29 de la Ley. Esa disposición, es la que se refiere a los descuentos del salario para el pago de abonos para créditos del Infonavit.

Y esto fue reiterado por la autoridad en los Criterios normativos de Recaudación Fiscal emitidos el 13 de marzo. En ese documento, el Infonavit aclara cómo se realizará el descuento en estos casos y señala que aún se analiza “el otorgamiento de un plazo que permita a los patrones su debida implementación”.

Francisco Gutiérrez-Zamora, socio de Contribuciones Locales, Seguridad Social y Litigio Estratégico de Chevez Ruiz Zamarripa, explica que antes de la reforma, los descuentos del salario para las amortizaciones de los créditos se suspendían en casos de incapacidades y ausencias, porque el empleador no tenía control sobre la remuneración.

Eso era así, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es quien paga las incapacidades; es decir, el ingreso que recibe un trabajador durante este periodo es financiado por la seguridad social.

Sin embargo, con las modificaciones a la legislación, la obligación de realizar los descuentos se mantiene aún en los casos de incapacidades y ausencias, lo que genera otros escenarios y riesgos para las empresas, ya que, en estas situaciones, no existe un pago de salario.

Francisco Gutiérrez-Zamora puntualiza que si bien los criterios no son de observancia obligatoria; la disposición que se incorporó en la Ley del Infonavit sí lo es. “El patrón tiene que responder, aunque no tenga el salario a la mano, y si la ley dice que hay que pagar ese descuento al Infonavit, se tiene que pagar, pero luego se tendrá que hacer una cuenta con el trabajador para saldar ese adeudo”, expone.

El gran tema, destaca el especialista, es que la Ley obliga a los empleadores a “asumir el crédito hipotecario del trabajador cuando no hay salario”, en vez de pasar la estafeta al IMSS, que es la autoridad que tiene el recurso del trabajador cuando hay una incapacidad.

Y es que la Reforma al Infonavit en este sentido, sólo adicionó al artículo 29 de la legislación la nueva obligación de mantener los descuentos aun cuando haya incapacidad; sin embargo, no modificó las fracciones dos y tres de ese artículo, las cuales regulan esos descuentos.

En eso coincide Carlos Ferran Martínez, socio director de Ferran Martínez Abogados, si bien la reforma estableció la nueva obligación, carece de reglas que permitan implementarla y deja abierta a la interpretación su aplicación.

“Un criterio no tiene la misma fuerza que la legislación, pero sí responde a la inquietud que generó la reforma en ese aspecto. Es una disposición mal diseñada, que cae en la imposibilidad y además de todo, está provocando amparos”, señala. Mantener los descuentos del salario en un escenario de incapacidades, se convierte en un financiamiento del crédito del trabajador asumido por la empresa y sin muchas garantías de recuperar esos recursos, puntualiza el especialista.

“Es un problema”, subraya Carlos Ferran Martínez, pues no hay reglas claras en la legislación sobre la nueva disposición. “Por ahora lo más prudente, es esperar los lineamientos y cómo se resuelven los amparos que se promuevan.

Cuando una persona trabaja para una empresa y tiene acceso a la seguridad social, su empleador está obligado a depositar de manera bimestral al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) el equivalente a 5% del salario diario integrado. Si un trabajador obtiene un crédito para vivienda del instituto, las aportaciones del empleador se abonan directamente al capital de la deuda.

Cuentas por cobrar y Repse

En el caso de las cuentas por cobrar que se generarán, apunta Francisco Gutiérrez-Zamora, uno de los riesgos es que el empleador no tiene garantía, más allá del salario, para recuperar los recursos aportados durante el tiempo que duró la incapacidad.

Y la complejidad de esto, se encuentra también en la legislación laboral. En ese sentido, Carlos Ferran Martínez explica que la Ley Federal del Trabajo establece límites en los descuentos que se pueden hacer del salario. “No puedes descontarle a una persona todo su sueldo, aunque haya destrozado por completo una herramienta de trabajo y deba mucho, no se puede descontar todo. Y esas reglas de descuentos son las que se tienen que aplicar”.

Por otra parte, el incumplimiento de la nueva disposición, aún con una falta de reglas claras, puede desencadenar en diferencias con el Infonavit y generar una constancia de incumplimiento negativa, que, a su vez, puede afectar la inscripción en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse), un padrón público operado para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y requisito legal para ofrecer servicios especializados en el mercado.

Y la cancelación del Repse, coinciden los especialistas, es quizá uno de los mayores riesgos ante la falta de claridad en la Ley del Infonavit sobre la nueva obligación de mantener los descuentos del salario durante incapacidades.

Durante el 2024, la recuperación de cartera fue la que más sumó a las entradas de flujo de efectivo del Infonavit, con un total de 211,332 millones de pesos y, posteriormente, las aportaciones patronales, que sumaron 173,456 millones de pesos.

Frente al líder minero y diputado federal, Napoleón Gómez Urrutia y cientos de representantes sindicalistas de 24 estados del país, la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith, pidió que regrese el Fondo Minero que fue cancelado en el años 2020 por el gobierno de la cuarta transformación.

«Me permito solicitarle de la manera más atenta, desde su importante posición, el apoyo para impulsar las gestiones necesarias que permitan el retorno del Fondo Minero», expresó Samantha Smith en la inauguración del Foro Nacional Minero con el que se conmemoraron 90 años del sindicalismo minero en México.

En su mensaje, Napoleón Gómez Urrutia dijo que analizará la propuesta y aseguró que «me lo llevo de tarea».

En este sentido el presidente y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, explicó que el regreso del Fondo Minero es posible pero que se deben cambiar las reglas de operación.

Este fondo fue creado durante el gobierno priísta del presidente Enrique Peña Nieto. El objetivo era destinar el 2 por ciento de la recaudación del impuesto minero para realizar obras de infraestructura social en los municipios y comunidades con mayor actividad minera de México.

En el caso del municipio de Guanajuato, uno de los distritos mineros más antiguos y productivos con más de más de cuatro siglos y medio de historia, el Fondo Minero ascendió a casi 20 millones de pesos que se destinaron a obras de pavimentación, electrificación e introducción de agua potable en 10 comunidades mineras.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno de la Gente presentó su Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, así como el Protocolo para Prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Acoso y el Hostigamiento Sexual en la Administración Pública del Estado de Guanajuato.

La Política de Igualdad Laboral y No Discriminación se enfoca en prevenir, atender y sancionar la discriminación, el maltrato, la violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual, además de garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos, así como la igualdad laboral, salarial y de oportunidades, además de la comunicación incluyente, accesible y no sexista.

Por su parte, el Protocolo para Prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Acoso y el Hostigamiento Sexual define cómo deben actuar las autoridades para responder ante cualquier infracción en este ámbito, lo que permitirá un ambiente laboral libre de violencia, y con perspectiva de género.

Estos documentos fueron presentados durante la Tercera Sesión Conjunta Ordinaria del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

El evento contó con la participación de las personas representantes de los poderes y titulares de Ayuntamientos, así como integrantes del gabinete estatal, servidoras públicas estatales y municipales y enlaces de los comités de igualdad laboral.

En representación de la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona dijo que estos documentos son las guías para facilitar la toma de decisiones, a lo que agregó: “El siguiente paso es cumplirlos, siempre, en todas las áreas y en todos los días, porque garantizar la igualdad y enfrentar la violencia en contra de las mujeres es una tarea de cada persona. Ustedes, como titulares y colaboradores de sus respectivas dependencias, deben promover, reforzar y poner el ejemplo en la aplicación de la política, el protocolo y los valores que la sustentan”.

Por su parte, la directora general del IMUG, Itzel Balderas, exhortó respetuosamente a las y los titulares del Gabinete a que brinden el apoyo a sus Comités de Igualdad Laboral, No Discriminación y figuras ombudsperson, encargadas de aplicar el Protocolo, para que realicen su función de forma adecuada.

“Para el Gobierno de la Gente, garantizar los derechos humanos y la protección de la dignidad de toda persona representa un principio que nos debe regir a todas y todos. La Política y el Protocolo son dos herramientas que nos permiten cumplir con el mandato de nuestra gobernadora, Libia Denisse y su visión que guía las acciones de este Gobierno”, destacó.

Cabe señalar que estos documentos, alineados al Decálogo del Gobierno de la Gente, que establece la cero tolerancia a la corrupción, violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual, serán publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato y adquieren la observancia obligatoria para todas las personas que forman parte de la administración pública estatal.