Promesas rotas, afiliaciones forzadas y un liderazgo cuestionado han deteriorado al sindicato que alguna vez presumió ser “la alternativa”.

El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) nació como un movimiento obrero que prometía transparencia, autonomía y una nueva forma de representación sindical. Su llegada tras el conflicto en GM Silao generó expectativa en todo el Bajío, donde muchos creyeron que significaba un cambio real en el trato hacia los trabajadores. Sin embargo, con el paso del tiempo esa imagen se ha desmoronado por completo.

La mala fama que hoy arrastra no es casualidad. Trabajadores de distintas empresas del Bajío denuncian que SINTTIA se ha dedicado a replicar las mismas prácticas que decía combatir: promesas sin cumplir, discursos repetidos y estrategias basadas en engaños. La organización intenta expandirse en nuevas plantas utilizando los recursos provenientes de las cuotas de GM Silao, convirtiendo esa base en una especie de “mina” para financiar promoción, regalos y actividades que poco tienen que ver con la defensa laboral.

A esto se suman denuncias de afiliaciones sin consentimiento. Empleados señalan que han recibido llamadas para entregar documentos personales a cambio de supuestos beneficios, y que en algunos casos han sido registrados sin claridad ni autorización. Otros aseguran que SINTTIA condiciona becas, apoyos o promesas a cambio de firmar afiliaciones, lo que ha provocado indignación en varias plantas.

Entre los primeros en denunciar estas prácticas estuvo Israel Cervantes, fundador del sindicato y una de sus caras más visibles. Al detectar corrupción, opacidad y un manejo interno que se alejó de los principios originales, decidió abandonar SINTTIA y unirse a otra corriente sindical. Su salida terminó por confirmar los rumores que ya circulaban entre los trabajadores.

Hoy, la secretaria general Alejandra Morales enfrenta rechazo creciente. En diversas empresas ya no es bien recibida, pues los trabajadores aseguran que llega con discursos vacíos y tácticas para convencer sin ofrecer resultados reales. Cada vez más personas coinciden en que SINTTIA no representa el cambio que prometió, sino un proyecto desgastado que perdió credibilidad por su propia conducta.

COREMEX se presenta como un nuevo rostro del sindicalismo en México, pero detrás de su fachada de modernidad se esconde una organización construida sobre mentiras, manipulación y prácticas ilegales. Bajo la máscara de “defensores de los trabajadores”, sus dirigentes han hecho de la intimidación y las promesas vacías sus principales herramientas para ganar terreno en distintos centros laborales.

Denuncias recientes revelan que COREMEX no cumple con los requisitos mínimos que la Ley Federal del Trabajo exige para operar como un sindicato legítimo. Aun así, insiste en reclutar trabajadores mediante ofertas irreales y promesas imposibles de cumplir, como aumentos inmediatos o beneficios que no están respaldados por ningún contrato colectivo formal.

Más alarmante es la forma en que intenta imponerse: trabajadores han reportado presiones, amenazas y la presencia de individuos ajenos al gremio —algunos con antecedentes delictivos— utilizados para generar miedo y forzar la afiliación. Este tipo de tácticas recuerdan los peores años del sindicalismo corrupto, cuando la voluntad de los empleados era pisoteada por grupos de poder disfrazados de representantes obreros.

Lejos de defender los derechos laborales, COREMEX busca controlar y manipular. No existe transparencia, ni procesos democráticos reales, ni rendición de cuentas. Su funcionamiento opaco y su discurso populista lo convierten en una amenaza para el sindicalismo libre y auténtico que México ha tratado de construir.

COREMEX no representa el futuro del sindicalismo; representa un retroceso peligroso. Un proyecto que vive del engaño y la intimidación no puede ni debe ser opción para los trabajadores que aspiran a una representación justa y legal.

En un país donde los trabajadores han luchado durante décadas por conquistar sus derechos, permitir la expansión de sindicatos de fachada como COREMEX sería un retroceso imperdonable. Su presencia no fortalece al sindicalismo mexicano: lo contamina. México necesita organizaciones serias, legales y comprometidas con la justicia laboral, no proyectos improvisados que recurren a la intimidación y al engaño para ganar terreno.

El mismo fiscal que exige independencia a nivel nacional actúa en Chihuahua como operador político del poder que lo nombró.

El discurso anticorrupción de Abelardo Valenzuela: mucho ruido y ninguna justicia

El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, se ha convertido en un personaje recurrente de los foros nacionales sobre transparencia. Habla de autonomía, de rendición de cuentas, de “cerrarle la puerta a la impunidad”. Pero en los hechos, su nombre representa todo lo contrario: una Fiscalía convertida en escaparate político, con convenios para la foto, investigaciones congeladas y una justicia que solo funciona cuando conviene al poder.

Desde su llegada en 2022, su gestión ha sido cuestionada por la falta de resultados concretos y por presuntas afinidades partidistas. Su nombramiento, promovido por acuerdos entre grupos políticos, fue visto más como un pago de favores que como una apuesta por la independencia institucional. ¿Cómo puede un fiscal anticorrupción ser autónomo si depende de los mismos a quienes debería investigar?

Convenios, discursos y cero resultados

Cada aparición pública de Valenzuela es un acto de comunicación política cuidadosamente producido. Firma convenios, da conferencias, sonríe ante las cámaras. Pero detrás de esa fachada institucional no hay resultados visibles. No existen estadísticas transparentes, ni auditorías públicas, ni investigaciones de alto impacto resueltas.

Los grandes casos de corrupción estatal —los desvíos millonarios del pasado reciente— siguen en la impunidad. Mientras tanto, el fiscal presume “avances” mediáticos, como si un tuit o una fotografía sustituyeran a una sentencia firme.

En julio de 2025, durante la Cumbre Nacional de Fiscales Anticorrupción, Valenzuela se atrevió a decir que “en México ya no hay espacio para la impunidad”. La frase sonó bien en titulares. Pero en Chihuahua, la impunidad tiene oficina, horario y presupuesto… dentro de su propia fiscalía.

El espejo roto de la transparencia

Valenzuela ha hecho de la palabra transparencia un eslogan vacío. No existen portales de datos abiertos ni informes públicos detallados sobre las investigaciones en curso. Lo que sí hay es opacidad, discrecionalidad y silencio. Los ciudadanos no saben cuántos casos se investigan, cuántos se cierran o cuántos se archivan sin explicación. La fiscalía que debería rendir cuentas ni siquiera rinde las suyas propias.

El problema no es que Abelardo Valenzuela hable de combatir la corrupción: el problema es que nadie le cree. Su discurso perdió legitimidad porque la realidad lo contradice todos los días. Cada palabra sobre autonomía suena falsa en una oficina donde la línea política decide a quién se persigue y a quién se protege.

Abelardo Valenzuela “El Bayo” se presenta como el guardián de la honestidad, pero actúa como el fiscal que protege la corrupción. En su mandato, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se convirtió en una institución domesticada: dócil ante el poder, muda ante la verdad e incapaz de demostrar resultados.

Mientras siga repitiendo las mismas frases vacías —autonomía, transparencia, rendición de cuentas— sin entregar justicia real, Valenzuela seguirá siendo el símbolo del fracaso institucional en Chihuahua. Un fiscal que habla de ética, pero opera en la penumbra.