La votación puso fin a un proceso laboral que se extendió por más de dos años dentro del marco del T-MEC.

Los trabajadores de la planta Draxton en Irapuato decidieron mantener la titularidad del contrato colectivo de trabajo en manos del sindicato CONASIM, luego de una votación realizada el 12 de marzo dentro del centro laboral. El ejercicio se llevó a cabo mediante voto personal, libre, directo y secreto y fue supervisado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), autoridad responsable de garantizar la legalidad de los procesos de democracia sindical en el país.  

La jornada se desarrolló con la participación de trabajadores de los tres turnos de producción y concluyó durante la noche con el cómputo final de votos. El resultado confirmó que CONASIM obtuvo la mayoría de los sufragios, lo que le permitirá conservar la representación colectiva dentro de la empresa dedicada a la fabricación de componentes automotrices en el corredor industrial del Bajío.

El desenlace también representó un nuevo revés para el sindicato independiente SINTTIA, organización que buscaba obtener la representación sindical dentro de la planta. Con la votación en Draxton, esta agrupación acumula tres derrotas consecutivas en disputas recientes dentro del sector automotriz de la región.

Especialistas laborales señalan que estos resultados reflejan las dificultades que enfrentan algunas organizaciones sindicales para consolidar presencia en centros de trabajo donde ya existen estructuras sindicales con arraigo entre los trabajadores, particularmente en industrias de alta especialización como la automotriz.

El caso Draxton ha sido considerado además uno de los procesos más prolongados vinculados al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mecanismo que permite revisar posibles violaciones a la libertad sindical en centros de trabajo específicos

Irapuato, Guanajuato. — Después de más de dos años de litigios, recursos legales y revisiones administrativas, este jueves se lleva a cabo en la planta Draxton de Irapuato la votación de titularidad del contrato colectivo de trabajo, un proceso que ha sido señalado por especialistas laborales como uno de los más prolongados en el marco de las disposiciones laborales vinculadas al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La consulta permitirá a los trabajadores definir qué organización sindical mantendrá o asumirá la representación del contrato colectivo dentro de esta planta dedicada a la fabricación de autopartes, ubicada en el corredor industrial del estado de Guanajuato.

En la contienda participan dos organizaciones sindicales. Por un lado, el CONASIM, sindicato que actualmente ostenta la titularidad del contrato colectivo y que busca refrendar su representación entre los trabajadores. Por otro lado, el SINTTIA, organización que promovió la demanda de titularidad con el objetivo de asumir la representación sindical al interior de la planta.

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, la jornada de votación se realiza mediante sufragio personal, libre, directo y secreto, bajo la supervisión de autoridades laborales, como lo establecen los nuevos mecanismos de democracia sindical impulsados en México en los últimos años.

El proceso en Draxton Irapuato ha llamado la atención dentro del sector industrial debido a su duración, ya que el conflicto sindical se ha extendido por más de dos años entre procedimientos legales, recursos e impugnaciones, lo que lo coloca como uno de los casos más largos registrados en procesos de titularidad relacionados con la nueva etapa laboral derivada del T-MEC.

En el entorno laboral de la planta se percibe expectativa entre los trabajadores ante la decisión que definirá quién tendrá la representación colectiva en los próximos años. Versiones internas apuntan a que el sindicato CONASIM podría mantener la titularidad del contrato colectivo, aunque el resultado dependerá exclusivamente de la voluntad expresada por los trabajadores en las urnas.

La votación y el conteo de los sufragios se realizarán a lo largo de la jornada de este jueves, y se espera que las autoridades laborales informen el resultado oficial una vez concluido el proceso.

El caso de Draxton Irapuato se ha convertido en un referente dentro del nuevo modelo laboral mexicano, al evidenciar la intensidad de las disputas por la representación sindical en industrias estratégicas como la automotriz, particularmente en entidades con fuerte presencia manufacturera como Guanajuato.

Especialistas advierten que el operativo revela un preocupante uso expansivo del poder institucional por parte de una fiscalía estatal sin competencia territorial clara.

La actuación del fiscal anticorrupción de Chihuahua, Luis Abelardo Valenzuela Holguín, conocido como “El Bayo”, volvió a colocar al gobierno estatal en el centro de la polémica. Personal de esa fiscalía colocó sellos de aseguramiento en el Centro Cultural Pedro López Elías, ubicado en Tepoztlán, Morelos, pese a tratarse de un inmueble fuera de la jurisdicción territorial de la institución. Para diversos especialistas en derecho, la acción refleja un preocupante desprecio por los límites legales que rigen la actuación de las autoridades estatales.

El operativo, presentado inicialmente como parte de una investigación anticorrupción, pronto comenzó a generar dudas en el ámbito jurídico. Expertos señalaron que una fiscalía estatal no puede ejecutar actos de autoridad en otra entidad federativa sin mecanismos formales de colaboración interinstitucional o una orden federal que lo respalde. La ausencia de estos elementos abrió interrogantes sobre la legalidad del aseguramiento y sobre los criterios que guiaron la decisión.

Las dudas aumentaron cuando, semanas después, los sellos fueron retirados sin explicación pública detallada. No se emitió un informe claro que justificara la intervención inicial ni su posterior reversión, lo que dejó la impresión de que la acción fue tomada sin la solidez jurídica necesaria para sostenerla. La falta de transparencia terminó alimentando las críticas sobre el manejo del caso.

El episodio también golpea la credibilidad del gobierno de Chihuahua, que ha respaldado políticamente a su Fiscalía Anticorrupción mientras crecen los cuestionamientos sobre la forma en que ejerce sus facultades. Analistas consideran que este tipo de actuaciones proyecta una imagen de instituciones que operan más bajo lógicas políticas que bajo criterios estrictamente legales.

Más allá del conflicto específico, el caso deja al descubierto una preocupación mayor: cuando una fiscalía estatal actúa fuera de su territorio, asegura bienes sin competencia clara y posteriormente se retira sin rendir cuentas, lo que queda en entredicho no es sólo una investigación, sino la seriedad con la que el poder público respeta el estado de derecho. Porque cuando la autoridad ignora sus propios límites legales, la justicia deja de ser garantía para convertirse en herramienta de presión